La UE admite otro recurso por la resolución de Popular

El Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) ha admitido a trámite el recurso de anulación que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó contra la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) que propició la venta del Banco Popular a Santander.

La organización de consumidores se mostró muy satisfecha por la admisión del recurso, algo que considera como un paso más para conseguir que los pequeños inversionistas y los accionistas minoritarios que perdieron toda su inversión recuperen su dinero y reciban una compensación por el perjuicio sufrido.

El recurso de anulación contra la decisión de la JUR presentado por OCU ante la jurisdicción europea se suma a otras acciones llevadas a cabo por la organización en España, tanto en el ámbito penal como administrativo.

En este sentido, la OCU ya presentó la primera querella contra la cúpula directiva del Banco Popular, con el fin de depurar responsabilidades en defensa de los afectados, así como un recurso ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Fondo de Resolución Ordenada Bancaria por esta misma razón y que también ha sido admitido.

Mientras la causa se resuelve, OCU recuerda a todos los inversionistas y accionistas minoritarios afectados que pueden sumarse a la plataforma Movilízate. Hasta el momento, más de 19,500 afectados se han puesto en contacto con la organización a través de esta plataforma, a los que está informando de manera periódica sobre la situación y avances conseguidos durante este procedimiento.

Antecedentes clave

A mediados de agosto un grupo de tenedores de bonos de Popular presentó recursos legales ante el TJUE, para anular la resolución de Popular, ejecutada en la madrugada del 7 de junio.

Es la primera demanda de bonistas de Popular en contra de la decisión de la JUR.

Entre el grupo de bonistas firmaron los recursos los fondos Anchorage Capital, Algebris Investment y Ronit Capital.

El despacho estadounidense Quinn Emanuel defendió a este grupo de inversionistas, que perdieron unos 850 millones de euros en bonos con la resolución del banco.

El despacho esgrimió que la JUR violó el secreto profesional, por los comentarios de la presidenta de este organismo, Elke König, el 23 de mayo a Bloomberg TV. König afirmó que la JUR seguía de cerca la crisis de Popular. Quinn Emanuel también acusó de errores en la decisión de la resolución, puesto que la Comisión Europea evaluó este procedimiento en un máximo de 77 minutos .

La violación del secreto profesional por parte de la JUR, que incluye también comentarios públicos de que se estaba vigilando a Popular, socavó la confianza de los inversionistas e intensificó una fuga de depósitos del banco. Irónicamente fue esta formidable fuga de liquidez de Popular la que se emplea posteriormente por la propia JUR para justificar su intervención en el banco , aseguró Richard East, abogado del despacho Quinn Emanuel.

El grupo de bonistas defendió además que la JUR basó su decisión en una información incompleta y critica el informe precipitado de Deloitte, que dio a Popular una valoración negativa de entre 8,200 y 2,000 millones. Días después, se conoció por la prensa que también se ofrecía una valoración positiva de 1,500 millones.