La caja negra del gobierno ayudó a defraudados de Ficrea

Aunque en el 2015 no existían los fondos suficientes para liquidar lo que correspondía de su seguro de depósito a los defraudados por la sociedad financiera popular (sofipo) Ficrea, es decir, hasta 25,000 Udis (132,000 pesos aproximados), el gobierno federal echó mano del ramo 23 de Provisiones Salariales y Económicas, mejor conocido como la caja negra, para cumplir con dicho compromiso.

De acuerdo con la Cuenta Pública 2015, para que se cumpliera el compromiso de liquidar a los defraudados por Ficrea la parte correspondiente a su seguro de depósito el gobierno federal redujo el presupuesto destinado al ramo 23 en 676 millones de pesos, los cuales fueron a parar al programa Actividades Orientadas al Fortalecimiento de la Red Bancaria para la Inclusión Financiera, operado por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).

Mediante adecuación presupuestaria, el 14 de enero del 2015 la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó una reducción de recursos al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el programa de reasignaciones presupuestarias entre dependencias y entidades , se puede leer en el documento elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Cabe mencionar que el presupuesto que se le asignó al ramo 23 en el 2015 fue de 204,945 millones de pesos; sin embargo, 676 millones se reasignaron para que el Fondo de Protección de las Sofipos y de Protección a sus Ahorradores (Prosofipo)cumpliera con la obligación de liquidar a los defraudados de Ficrea lo correspondiente con su seguro de ahorro.

Según el documento, estos recursos pararon en la cuenta que el Prosofipo tiene en el Banco Santander, el cual también es acreedor en el concurso mercantil de Ficrea por ser fiduciaria del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el cual resultó defraudado por Ficrea por más de 100 millones de pesos.

Las aportaciones del gobierno federal se depositaron en Santander por cuestiones de disponibilidad inmediata , se detalló en la Cuenta Pública 2015, y agregó que si se hubieran depositado los recursos en cuentas de la Tesorería de la Federación, tal y como lo establece el reglamento del Prosofipo, se hubiera entorpecido el pago inmediato a los defraudados.

Las razones de la aportación

Cuando se dio a conocer el presunto fraude de Ficrea a más de 6,800 ahorradores, en diciembre del 2014, el Prosofipo contaba con un patrimonio cercano a 287 millones de pesos, cantidad insuficiente para hacer frente al problema de esta sofipo, pues se estimaban que se requerían al menos 600 millones de pesos para liquidar a los defraudados la parte de su seguro de depósito.

Ante esta situación, la Secretaría de Hacienda modificó las leyes que rigen a las entidades financieras populares, es decir, a las sofipos y a las cooperativas de ahorro y préstamo (socaps), para que en caso de que se presente una contingencia similar el gobierno federal pueda realizar las aportaciones necesarias, cuando el patrimonio de los fondos de protección sea insuficiente para cumplir con estas obligaciones.

Con esta modificación se garantiza que en ejercicios subsecuentes, en los que se susciten problemas de insuficiencia de recursos en el Fondo de Protección, el gobierno federal podrá cubrirla para apoyar a los beneficiarios , detalló la Cuenta Pública 2015.

En diversas ocasiones se cuestionó a funcionarios federales sobre esta aportación al Prosofipo por el caso Ficrea; sin embargo, no entraron en detalles respecto al origen del dinero aportado.

Para atender el caso Ficrea, después de la aportación del gobierno federal, el Prosofipo desembolsó 653 millones de pesos mediante la emisión de 6,273 cheques; con esto, el mismo Fondo pasó a ser acreedor en el concurso mercantil de esta entidad, que era propiedad de Rafael Olvera Amezcua.

Una sugerencia de la ASF a la Cámara de Diputados es que se modifiquen las leyes que rigen a las sofipos y socaps, con la finalidad de que funcionarios del gobierno puedan participar en los comités de los fondos de protección así como en su toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos púbicos en estos mecanismos.