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La política fiscal en México durante la pandemia de Covid-19
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La política fiscal en México ha sido guiada los últimos 3 años por la “austeridad republicana”
La política fiscal en México ha sido guiada los últimos 3 años por la “austeridad republicana” y como muestra fue la respuesta a la pandemia, menos de 1% (0.7%) del Producto Interno Bruto (PIB) fue destinado a ayudar a las personas durante lo más severo de la emergencia sanitaria.
La cantidad destinada contrastó con naciones más desarrolladas, como Reino Unido, Francia y Estados Unidos, quienes destinaron el equivalente a 17.7, 15.2 y 10.5% de su PIB, respectivamente, de acuerdo con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por su sigla en inglés).
El Fondo Monetario Internacional reveló a inicios de este año que la pobreza en México empeoró como consecuencia de la falta de acceso a los servicios de salud y el modesto apoyo fiscal otorgado por el gobierno en la pandemia de Covid-19.
Según expertos del organismo, con base en datos publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el número de personas en situación de pobreza aumentó de 51.9 millones que había en el 2018 a 55.7 millones en el 2020.
Aunque, por su parte, José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, reconoció que sin los programas sociales, como las pensiones a adultos mayores, el crecimiento de la pobreza hubiera sido mayor, pues, hubiera crecido a 45.9% de la población, un incremento de 6.3 millones en situación de pobreza.
A pesar de que los programas sociales ayudaron a sectores de la sociedad, también es cierto que ejercen presión en el gasto federal y el problema no está en dar el recurso, sino de dónde saldrá.
Por ejemplo, el programa gubernamental de la pensión del bienestar requerirá un presupuesto equivalente a 1.9% del Producto Interno Bruto (PIB) para que en el 2024 pueda atender a los 12 millones de adultos mayores de 65 años en el país, estimó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
La oportunidad para este gobierno era presentar una gran reforma tributaria, sin embargo sólo quedó en una Miscelánea Fiscal con la que la Hacienda Pública estima generar ingresos de hasta 1% del PIB.
La pandemia pudiera servir de catalizador
Organizaciones civiles como Fundar y el CIEP han mostrado preocupación dado que el espacio fiscal de México se reduce conforme pasa el tiempo por ello pugna por una sistema fiscal más progresivo y transparente.
Una de las propuestas que lanzan las organizaciones es la de un impuesto a la riqueza, y que en algunos países de América Latina ya existe, el cual buscaría gravar a aquellas personas con más recursos del país, con una tasa de 3.5% anual, con lo cual se podrían obtener alrededor de 99,000 millones de pesos, 0.4% del PIB.
Además, de implementar un impuesto a las herencias, las cuales están exentas del pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) en México. Esto podría dejar ingresos extras entre 5,000 y 30,000 millones de pesos.
Asimismo, las organizaciones llamaron a mejorar la recaudación del impuesto predial —con lo que se podría recaudar hasta 378,000 millones de pesos— y retomar el cobro de la Tenencia, lo que dejaría hasta 80,000 millones de pesos.
SAT apretó la tuerca en 2020
Asimismo, como parte de una nueva política fiscal alejada del no pago de impuestos, durante el 2020, los ingresos tributarios en México crecieron 0.8% real en comparación con lo registrado en el 2019 con lo cual fue uno de dos países en donde la recaudación tributaria no cayó y pudo paliar los estragos del Covid-19.
Esto llamó la atención de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de la calificadora Fitch y del Fondo Monetario Internacional.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), a cargo de Raquel Buenrostro, puso en práctica una serie de acciones en el 2020 que generaron recursos adicionales por más de 496,200 millones de pesos, el equivalente a 2.2% del Producto Interno Bruto (PIB).
Entre las acciones que más llamaron la atención fue que el cobro de adeudos que algunos Grandes Contribuyentes tenían con el SAT, como los fueron BBVA, Walmart, IBM, Femsa y Grupo Modelo, este cobro, de alguna manera sirvió para mitigar los estragos que la pandemia causó en las finanzas públicas. En total, en el 2020, los Grandes Contribuyentes dejaron al erario más 216,000 millones de pesos.
Sumado a que el combate a la evasión y elusión fiscal recuperó más de 385,800 millones de pesos a través de los programas de fiscalización y más de 169,800 millones de pesos por fiscalización sin judicialización durante el 2020.
“Se estima que dichos ingresos (tributarios) representan 14.5% como proporción del PIB, el más alto de los últimos 10 años respecto del PIB y 1.3 puntos porcentuales adicionales respecto de 2019 sin pandemia”, informó el SAT en aquella ocasión.