Miles de afectados plantean demandas civiles por pérdidas desde el 2012: Banco Popular

Miles de accionistas, bonistas y particulares afectados por la resolución de Popular en junio del 2017 acaban de presentar sus primeras demandas civiles contra Popular (hoy Santander) por las pérdidas sufridas desde el 2012.

Así lo están planteando los despachos B. Cremades & Asociados en representación de accionistas y bonistas e IUS + Aequitas Abogados, que asesora a socios de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Un dictamen pericial encargado por estos despachos corrobora que las cuentas y folletos de Banco Popular no reflejaban su realidad desde, por lo menos, el 2012. Por consiguiente, ambos reclamarán las pérdidas de sus clientes desde entonces, independientemente de si acudieron o no a las ampliaciones de capital o si invirtieron en el mercado secundario.

Los bufetes trasladan que hasta el momento las decisiones de los jueces civiles españoles han sido mayoritariamente favorables a los antiguos accionistas y bonistas de Popular. Consideran que el informe pericial que han encargado y el reciente informe de los inspectores del Banco de España contribuirán a confirmar que los inversionistas de Banco Popular deberían recibir una justa indemnización.

Ambos despachos están presentes en distintos frentes legales, como ante el Tribunal General de la Unión Europea contra la resolución de Popular y la denegación de acceso íntegro a la documentación que la justificaba, y ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, contra la ejecución de la resolución por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

Además, IUS + Aequitas Abogados está personado ante el Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional por presuntos delitos de falsedad contable y estafa de inversores, donde la OCU ejerce la acusación popular.

CNMV cuestiona a Santander

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) requirió al Banco Popular en octubre del 2017, cuando ya estaba en manos de Santander, que explicara el desfase patrimonial de más de 10,000 millones de euros entre el cierre del 2016 y la primera mitad del 2017.

Tres meses después de la liquidación de Popular del 7 de junio del 2017, la CNMV puso en duda las cuentas de la entidad del 2016, elaboradas por el consejo de administración presidido por Ángel Ron, con estimaciones que podrían “no ser razonables”.

La CNMV recibió el 29 de septiembre del 2017 el informe financiero semestral de los seis primeros meses de ese año, sobre los que Popular explicaba que tras la resolución, en junio, había sido necesario aplicar “de forma extraordinaria criterios significativos” en la formulación de dichas cuentas.

En octubre del 2018, el organismo informó de la apertura de un expediente por una infracción “muy grave” a la entidad, por “prácticas irregulares” que afectaban las cuentas del 2016 e incluía, entre otros, a Ron y los exconsejeros delegados Pedro Larena, Roberto Higuera y Francisco Gómez.

La CNMV detectó diferencias muy llamativas entre los datos del 2016 y los del primer semestre del 2017. Constató que, tras los ajustes, los estados financieros individuales intermedios del primer semestre del 2017 reflejaban pérdidas de 12,218 millones, y un patrimonio neto de sólo 122 millones.

En el 2016, periodo cuyas cuentas ya habían sido objeto de una reexpresión con un impacto de -550 millones, el patrimonio neto individual alcanzaba 10,122 millones de euros, 10,000 millones más que seis meses después.