Propone PRD cobrar impuesto cuando se adquieran dólares

El PRD en el Senado propuso gravar en 1% las operaciones de compra de dólares en los bancos.

Al presentar la iniciativa, los senadores Tomás Torres y Rosalinda López consideraron que toda reforma integral al sistema tributario debe pasar por la revisión de los regímenes preferenciales, así como de los procedimientos que complican el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Además, dijeron, se debe atender el grave problema de la evasión y elusión fiscal que actualmente representa 25% del potencial recaudatorio, y buscar la equidad y la progresividad, gravando más a quien más posee y más gana.

Consideraron conveniente aplicar tasas más altas a bienes suntuarios y cargas impositivas a diversas formas de ingresos derivadas de ganancias de capital o resultantes de transacciones financieras, toda vez que en esos casos es evidente la capacidad contributiva.

Propusieron la Ley del Impuesto a la Compra en Efectivo de Divisas, donde se asentaría: Las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto respecto de la compra en efectivo de divisas que realicen en las instituciones del sistema financiero .

Plantearon que el impuesto a la compra en efectivo de divisas se calcule a una tasa de 1 % sobre el importe total de la operación.

Consideramos que la tasa de 1% no es una contribución lesiva para los contribuyentes cautivos, sino que contrario a ello, está dirigido al segmento de la población con capacidad contributiva que se encuentra en la informalidad y que está evadiendo su responsabilidad de contribuir al gasto público , estimaron.

Los senadores panistas Juan Bueno, Humberto Andrade, Jaime Díaz y Ramón Galindo presentaron una propuesta para que el Senado pida a la Secretaría de Hacienda modificar las medidas para acotar las transacciones con dólares en efectivo.

Hacienda decretó un límite de 100 dólares para las operaciones de compra de dólares en bancos, y para usuarios nacionales hasta 300 dólares diarios.Los senadores consideraron que esos límites son inadecuados, porque afectan las actividades comerciales lícitas.

Las consecuencias de lo anterior significaría que la política pública estaría disminuyendo los flujos de ingresos y utilidades de las empresas, con la limitación de operaciones, lo que llevaría a la pérdida de empleos , destacan.

jmonroy@eleconomista.com.mx