Fiscalía del Estado de México creció 58% vigilancia de comunicaciones

Durante el 2016, 92 agencias del Estado mexicano realizaron 79,390 solicitudes a los operadores de telecomunicaciones para obtener datos o la ubicación geográfica en tiempo real de los dispositivos de comunicación de sus clientes. Nueve peticiones de vigilancia por hora, bajo el argumento de garantizar la seguridad pública, la seguridad nacional y una efectiva procuración de justicia. Las agencias estatales y del gobierno federal muestran un ávido interés por conocer datos sobre el uso de las líneas telefónicas en México.

La Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la Fiscalía General del Estado de Veracruz y la entidad mencionada únicamente como "Procuraduría General de Justicia", sin precisar de cuál estado, fueron las autoridades que realizaron el mayor número de requerimientos a los operadores. Estas cinco entidades sumaron 32,387 peticiones de información, concentrando 41% del total de solicitudes reportadas para el 2016. Dichas instancias de seguridad obtuvieron información en 9 de cada 10 casos.

Las compañías del grupo América Móvil (Telcel, Telmex y Telnor), obligadas por la regulación en la materia, recibieron el mayor número de peticiones y en todos los casos entregaron la información requerida. Un caso contrario es el de AT&T, que rechazó la mitad de las solicitudes hechas por autoridades.

La reforma de telecomunicaciones del 2013 abrió la puerta al rastreo legal de las comunicaciones móviles en México, con base en el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), que permite a las autoridades solicitar a los operadores datos y metadatos del uso de telefonía de sus clientes, además de la ubicación geográfica del dispositivo de comunicación en tiempo real. Las agencias no están obligadas por transparencia a hacer públicos los motivos. Con la información solicitada se puede perfilar patrones de conducta de los usuarios, con lo que se pueden deducir relaciones personales, saber con quiénes se comunican y en qué momento, cuál es su círculo de contactos más íntimo, sus rutinas de desplazamiento o dónde pasan la noche, cuándo salen de la ciudad y a dónde viajan.

Las compañías de telecomunicaciones accedieron a la vigilancia de sus clientes, conforme a los Lineamientos en Materia de Seguridad y Colaboración con la Justicia, en 92% de las peticiones del gobierno al dar una respuesta favorable a unas 72,964 de las solicitudes, de acuerdo con un análisis realizado por El Economista, basado en las cifras reportadas por 57 concesionarios al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y obtenidas a partir de diversas solicitudes de transparencia de la información pública.

Tras la promulgación de dichos Lineamientos, el 2 de diciembre del 2015, en cumplimiento de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), los concesionarios están obligados a entregar reportes semestrales al IFT que detallen las cifras sobre solicitudes recibidas, entregas de información y requerimientos en los que no se entregaron datos. Los informes deben contener los nombres de las autoridades designadas que realizaron el requerimiento, el tipo de comunicación y las solicitudes de geolocalización en tiempo real.

De los requerimientos en los que se divulgó información de los usuarios, en 5% de los casos las autoridades querían saber en tiempo real el lugar donde se encontraba el usuario de esa línea telefónica. En el restante 95% se trató de datos conservados o metadatos, que incluyen el nombre y dirección del suscriptor al que pertenece la línea a la que se solicita acceso; el tipo de comunicación (voz o datos), servicios de mensajería o multimedia; los datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones, y otros servicios (número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago) y los datos para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación.

En el limbo se encuentran 18,062 requerimientos de autoridades que no fueron identificadas y a quienes se les entregó información en 93% de los casos. Si me dijeras que es una décima parte, podría entender que se trata de pruebas o lo que tú quieras. Pero hablar de casi una cuarta parte del total de solicitudes es muchísimo. El dato dice que hay otras autoridades que están recabando información y que no son las establecidas en la norma ni las definidas por la Corte , dijo Alfredo Reyes Krafft, socio fundador del despacho jurídico Lex Informática.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México fue la entidad que mayor aumento de solicitudes realizó en el segundo semestre del 2016, con un incremento de 58 por ciento respecto al periodo previo. Esta agencia, que cubre un estado de 16 millones de habitantes, realizó una media de 13 solicitudes de vigilancia por día, para sumar 4,870 solicitudes durante el 2016. En comparación, la PGR, que cubre a la totalidad del país, realizó 40 solicitudes por día.

Por su cobertura, la PGR encabeza la lista por número solicitudes, con 14,748 requerimientos durante el 2016. Entre semestres, en cambio, esta instancia federal redujo el número de peticiones para conocer la ubicación geográfica en tiempo real, que pasó de 954 en el primer semestre a 760 en el segundo. Su tasa de recepción de información de parte de los operadores fue de 94.18 por ciento.

Un caso similar ocurre con la Procuraduría de la Ciudad de México, que en total realizó 4,612 solicitudes pero que entre semestres disminuyó las peticiones sobre geolocalización, al pasar de 296 en el primero a 54 en el segundo, de acuerdo con los reportes de las operadoras entregados a El Economista vía transparencia por el IFT. Recibió información de los clientes de los operadores en 97% de los casos.

La Fiscalía de Veracruz, que en el primer semestre se ubicó en la segunda posición por número de solicitudes (2,815), cayó a la cuarta posición en el segundo periodo (1,313), con un promedio de 11 peticiones a los operadores cada día y una tasa de recepción de información de 97 por ciento.

América Móvil, preponderante en el sector de las telecomunicaciones, fue la empresa que recibió más solicitudes de información y que más colaboró con las autoridades, en un contexto donde organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19 han documentado abusos del gobierno en las prácticas de vigilancia de las comunicaciones.

Radiomóvil Dipsa (Telcel), Teléfonos de México (Telmex) y Teléfonos del Noroeste (Telnor), filiales de América Móvil del magnate Carlos Slim Helú, concentraron 3 de cada 4 peticiones realizadas por las autoridades durante el 2016 (75%), al registrar unas 59,934 solicitudes de datos y localización en tiempo real. La compañía respondió favorablemente en la totalidad de estos requerimientos. Pero el volumen de información entregada durante el 2016 por parte del corporativo que dirige Daniel Hajj podría ser mayor, ya que tanto Telmex como Telnor sólo reportaron ante el IFT los datos correspondientes al segundo semestre del 2016.

AT&T fue la segunda operadora que recibió más solicitudes de datos y geolocalización en tiempo real al sumar 10,763 peticiones, concentrando 13.5% de los requerimientos del 2016 reportados al IFT. Esta firma, que ostenta 10.6% del mercado de líneas móviles en México, dijo haber entregado información a las autoridades en 5,806 solicitudes, equivalente al 54% del total de requerimientos.

En tercer lugar se posicionó Movistar de Telefónica México (registrada ante el IFT como Pegaso PCS), que con 23.3% de las líneas móviles activas recibió 7,993 requerimientos y respondió positivamente en 83% de los casos.

Telcel registró el mayor repunte de solicitudes en el segundo semestre del 2016 respecto al periodo previo. En solicitudes de datos, recibió 10.2% más; en solicitudes de geolocalización, en cambio, registró una disminución de 35% (de 1,888 en el primer semestre a 1,230 en el segundo), un dato que resalta considerando que Telcel es el operador con mayor mercado en telefonía móvil, con 65% de participación.

Por el contrario, las peticiones a AT&T y Telefónica México decrecieron 10.1 y 14.3%, respectivamente. En un correo electrónico enviado a El Economista, la Oficina Jurídica de Telefónica México atribuyó la disminución en los requerimientos y entrega de datos a la reforma del artículo del artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual entró en vigor en junio del 2016.

En dicha reforma se obliga a las Autoridades de Procuración de Justicia a contar con una Autorización Judicial previa a la solicitud de entrega de datos conservados y/o localización en tiempo real. En caso de que la Autoridad no cumpla con los requisitos establecidos en la Legislación, no se le entrega la información , informó la empresa.

Un vocero de AT&T dijo que la compañía prefería no hacer comentarios para este reportaje. De América Móvil no se obtuvo ninguna respuesta.

Aún así resulta difícil realizar una comparación sobre el volumen de la vigilancia reportada por los concesionarios durante el 2016 ya que no existen reportes previos.

La organización R3D ha documentado que sólo en 8.73% de las averiguaciones previas en las que se utilizó alguna medida de vigilancia de telecomunicaciones entre el 2013 y el 2015 se ha ejercido acción penal, lo que sugiere que más de 90% de las personas que pudieron ser vigiladas no fueron imputadas de ningún delito ante un juez. Para R3D, este dato abona a las pruebas de que el Gobierno abusa del espionaje en contra de los ciudadanos mexicanos.

Gabriel Székely Sánchez, director de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), evitó pronunciarse sobre una empresa en particular pero, a nivel industria, defendió que los operadores están siempre cuidando los derechos de los usuarios, colaborando en la medida de lo que es posible con las autoridades para el tema recurrente en el país de la inseguridad .

Y mientras la industria trabaja por adaptarse a una regulación que posibilita la vigilancia de 112 millones de líneas móviles y 20 millones de líneas fijas, las agencias del Estado aprovechan para realizar 217 peticiones de información al día. A los ciudadanos sólo nos queda la esperanza de que esta potencial vulneración de la privacidad sea utilizada con fines legítimos.

jose.soto@eleconomista.mx