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Senado pide aclarar posición de México ante el ACTA
El pleno del Senado aprobó seis preguntas que serán dirigidas a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía para que den a conocer las razones y los términos en que que se suscribió el acuerdo.
El Senado dio un plazo de 15 días a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía para que den a conocer la postura oficial de México sobre el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA), así como las razones por las cuáles decidió suscribirlo y los términos en que lo hizo.
Y es que a más de un año transcurrió desde que le solicitó que clarificará la posición de México respecto a la firma del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA), sin que hasta el momento haya respondido.
La senadora priísta Ana Lilia Herrera Anzaldo presentará un punto por el que se solicitará al Ejecutivo federal una explicación definitiva al gobierno mexicano.
En ese punto de acuerdo, aprobado por unanimidad, el pleno del Senado aprobó seis preguntas parlamentarias dirigidas a ambas dependencias, con el propósito de que expliquen los pormenores de la firma de dicho convenio, a través del embajador de México en Japón, el pasado 11 de julio.
En esas preguntas, los senadores solicitaron información sobre las reservas que el Ejecutivo pretende introducir al ACTA, previo a su envío al Senado de la República, con el fin de asegurar el pleno respeto a las garantías individuales, específicamente a la libertad de expresión y la salvaguarda de la privacidad de los ciudadanos y las organizaciones en nuestro país.
Además, cuestionaron por qué la Cámara de Senadores no ha sido informada oficialmente de la firma del Acuerdo por parte del Ejecutivo y cuándo será remitido el documento para su análisis y, en su caso, ratificación.
El 5 de octubre de 2010, el Senado creó un Grupo Plural de Trabajo al interior de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial para dar seguimiento a las negociaciones del ACTA.
El 22 de junio de 2011, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al presidente Felipe Calderón para que instruya a las Secretarías y Dependencias involucradas en las negociaciones del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación a no firmar dicho Acuerdo.
El 11 de julio de 2012, el Ejecutivo Federal firmó el ACTA a través del Embajador de México en Japón, país depositario de dicho instrumento, lo cual fue informado por el Gobierno Federal a través del Comunicado de Prensa IMPI-010/2012, emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Economía.
El 25 de julio del 2012, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo por el que rechazó la firma por parte del Ejecutivo Federal del ACTA; exhortó al titular del Ejecutivo Federal a que realice las gestiones necesarias a fin de que, previamente a su ratificación, se establecieran una reserva de México a efecto de que no sea aplicable en nuestro país el artículo 27 de dicho instrumento internacional, así como cualquier otra disposición que pueda afectar derechos fundamentales.