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Tecnológicas piden no ser desconectadas de internet si incumplen registro ante el SAT
Las compañías tecnológicas creen que ésta es una sanción que va más allá del diálogo sobre los impuestos en la economía digital, ya que abarca temas sensibles como el derecho a la libertad de expresión y el derecho al acceso a internet.
Gastos hormiga digitales
La sanción a la que estarán sometidas las plataformas tecnológicas que no se registren ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) es su desconexión de internet, al menos en México, de acuerdo con el Paquete Económico 2020 que presentó ante el Congreso el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
Amazon, Facebook, Google, entre otras, pidieron a las autoridades a través de un comunicado que revisen esta sanción que consideran desproporcionada y hasta inconstitucional.
“Es de extrema preocupación que, como sanción por el incumplimiento de medidas fiscales, las autoridades amenacen con la posibilidad de desconectar servicios y plataformas de internet a los usuarios de México. Esta disposición atenta contra la naturaleza abierta de internet, y el ejercicio fundamental de derechos como la accesibilidad, la libertad de expresión y de acceso a la información protegidos por la Constitución Mexicana y por la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, refiere el posicionamiento de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), que agremia en la región a varias de las plataformas digitales más importantes a nivel global.
De acuerdo con las modificaciones a la legislación fiscal que se proponen en el Paquete Económico 2020, cuando un prestador de servicios digitales que resida en el extranjero, no tenga establecimiento en México y esté obligado al pago del Impuesto al Valor Agregado, no se registre en el RFC ante el SAT, se le podrá suspender la conexión con los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, es decir quienes brindan el servicio de internet.
Sissi de la Peña, gerente de Comercio Digital y Organismos Internacionales de la ALAI, dijo que las compañías creen que ésta es una sanción que va más allá del diálogo sobre los impuestos en la economía digital, ya que abarca temas sensibles como el derecho a la libertad de expresión y el derecho al acceso a internet. “Puede ser inconstitucional y puede ir en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones”, dijo De la Peña en entrevista.
Pese a su postura acerca de que esta sanción podría ser inconstitucional, De la Peña aseguró que las compañías tecnológicas no creen tener que llegar a recurrir a los tribunales para que no sea aplicada durante el 2020. “Confiamos en que vamos a continuar el diálogo con la Secretaría de Hacienda, creemos que no vamos a llegar a tal situación, porque este es un diálogo con personas que están interesadas en el desarrollo del país”, dijo.
La sanción por incumplimiento mencionada en la propuesta del Ejecutivo supone “un derecho de audiencia previo a la emisión de la orden de suspensión” en el cual el contribuyente puede registrarse ante el SAT o nombrar a un representante legal y un domicilio o también puede presentar las aclaraciones pertinentes. También la propuesta prevé que el SAT publique en su sitio web y en el Diario Oficial de la Federación el nombre del proveedor y la fecha en la que se suspenderá la conexión.
Si la orden de suspensión se incumple, el Paquete Económico establece una sanción de entre 500,000 y 1 millón de pesos, aunque no queda claro si dicha multa aplica para el proveedor del servicio digital o para el concesionario de redes públicas de telecomunicaciones.
Sissi de la Peña dijo que las compañías tecnológicas no creen que deban colaborar o participar a través de amenazas o sanciones. Argumentó que en todos los países en los que se ha tratado de implementar un gravamen a los productos digitales, las compañías representadas por la Alai han participado de forma voluntaria.
“Nuestro acercamiento con la Secretaría de Hacienda a principios de este año fue voluntario, nosotros fuimos y tocamos la puerta. Una sanción de esa medida es innecesaria porque nosotros estamos favor de trabajar con el gobierno para gravar la economía digital”, dijo.
La ALAI es una asociación civil internacional basada en Uruguay que agremia a varias de las empresas más importantes de la economía digital. Airbnb, Amazon, Facebook, Google, Mercado Libre y despegar.com están entre las compañías a las que la asociación representa en la región de América Latina y por eso ha sido uno de los actores más relevantes en la discusión sobre un nuevo esquema de tributación que abarque a la economía digital.