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Absueltos, 5 científicos acusados por FGR y Conacyt
Fueron señalados por delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos de corrupción; un juez federal dictó el sobreseimiento del proceso penal.
Cinco de los 31 científicos investigados por la FGR recibieron una sentencia absolutoria.
El juez federal Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, resolvió el pasado 13 de enero de 2023 dictar el sobreseimiento del proceso penal a favor de cinco de los 31 científicos investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos de corrupción.
Se trata de Julia Tagüeña Parga, José Franco, Gabriela Dutrénit Bielous, Teresa de León Zamora y Marcial Bonilla Marín, quienes después de 16 meses de proceso recibieron la noticia de sobreseimiento que conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales tiene los mismos efectos que una sentencia absolutoria.
Esto quiere decir que el Ministerio Público ya no puede investigarlos y acusarlos por los mismos hechos, y menos aún el Poder Judicial llevar un proceso penal en su contra ni condenarlos.
Según informaron los defensores, del despacho penalista Del Río y Moreno de Leija, se trata del mismo juez que el 21 de septiembre de 2021 se negó a girar órdenes de aprehensión en contra de los 31 científicos, afirmando que los hechos investigados por la Fiscalía no pueden ser analizados a la luz del derecho penal, y por tanto, no son delictivos.
Dicho proceso penal inició con denuncias presentadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en las cuales acusaba una presunta ilegalidad en la asignación y manejo de los recursos públicos otorgados al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT), el cual era órgano de consulta en materia científica, tecnológica y de innovación para el gobierno federal, previsto en la Ley, pero los delitos no fueron demostrados.
Las doctoras Tagüeña y Dutrénit fueron coordinadoras generales del FCCyT, el doctor Franco, fungió como presidente de la Academia Mexicana de Ciencias de 2012 a 2014; Teresa de León Zamora, maestra en Ciencias de la Comercialización de Tecnología, fue directora de Comercialización de Tecnologías del Conacyt y Marcial Bonilla fue secretario académico del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica.
Ahora, ¿qué pasará con los demás investigadores señalados? debido a que cada proceso se lleva de manera individual, por el momento, las averiguaciones contra los otros 26 investigadores restantes siguen en curso. Entre ellos todavía se encuentran el director general del Conacyt de 2013 a 2018, Enrique Cabrero, integrantes del Foro Consultivo y exfuncionarios del Conacyt, tanto investigadores, como personal administrativo.
El Conacyt enfrenta demandas de juicio amparo
En paralelo, el Conacyt tiene registrados en la Subdirección de Procesos Judiciales un total de 685 juicios de amparo interpuestos por trabajadores, investigadores y miembros de la comunidad científica. De ellos 288 se encuentran en trámite, 386 ante diversos tribunales colegiados en espera de que sea resuelto el recurso de revisión principal, 4 en cumplimiento de sentencia ejecutoria y en 7 juicios se tramitó el recurso de inconformidad.
A través de la solicitud de información número 330010922000956, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, se detalla que en el periodo de 2018 a la fecha el Consejo dirigido por María Elena Álvarez-Buylla presenta diversas inconformidades por parte de la comunidad; entre los principales motivos de amparo se encuentran causas administrativas que tienen que ver con los cambios al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), reducción de sueldos, adeudos de becas de posgrado, cancelaciones de renovación de convenios en el SNI, además de negativas para refrendar convenios con investigadores que pertenecen a universidades privadas, anulación de servicios médicos y falta de pago de prestaciones, se agregan procesos mal realizados sobre una destitución como investigador por acusaciones de plagio y autoplagio.
Entre las demandas destaca el caso del doctor Erick Heredia Olea, del Tecnológico de Monterrey, quien fue retirado del SNI acusado de plagio y autoplagio; sin embargo, logró rebatir la decisión tomada por la Junta de Honor del SNI. Otros casos destacados son la demanda de la investigadora emérita del ITESO, en Guadalajara, doctora Rossana Reguillo, integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, por cambios al Reglamento del SNI; y el del bioquímico Francisco Bolívar Zapata, miembro de El Colegio Nacional, por reducción de sueldos.
Este último caso se encuentra en estatus de “Pendiente de que se resuelva el recurso de revisión”, pues aunque comenzó en 2019, solicita “la suspensión en contra de los actos reclamados” al presidente de México, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.
La Unidad de Asuntos Jurídicos detalló también información sobre 10 casos en los que no precisa datos de Juzgado ni entidad donde siguen su curso; así también se encuentra un caso más en el que no hay datos para la consulta de la información pública, pero reitera que tiene impacto en toda la República.
Las demandas están fincadas principalmente en Ciudad de México, con el mayor número, con 275 juicios de amparo, seguido por Puebla, con 229, Jalisco, con 94, Baja California, con 20, Yucatán (16), Nuevo León (14), Guanajuato (7), Sinaloa (4), y Aguascalientes, Chihuahua, Sonora y Chiapas, con al menos tres casos por entidad.
