¿Alerta de género para la Ciudad?

La Ciudad de México es hostil a las mujeres, lo sabemos desde hace años. Como si no bastaran las denuncias de acoso callejero, violaciones y desapariciones; las noticias de feminicidios crueles, seguidas de exigencias de justicia para evitar su impunidad, la ENDIREH 2016 confirma que las capitalinas viven una terrible realidad: 79.8.% de las mujeres de 15 años y más han sido violentadas alguna vez en su vida; 61.1% han sido agredidas en el ámbito comunitario, en calles y transporte. año. La casa sigue siendo un lugar peligroso para mujeres y niñas.

Esta radiografía no sorprende cuando se analiza la respuesta de las autoridades en este sexenio y los anteriores. Las fallas en el caso Lesvy son sólo un ejemplo del funcionamiento de la política de simulación y administración de problemas de gobiernos que no reconocen la urgencia de enfrentar delitos como la trata de personas, el asesinato de mujeres y niñas, o la violencia sexual.

Ante esta situación, parece lógico que las organizaciones Justicia pro Persona AC, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF) hayan solicitado la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad, mecanismo que en principio permite instrumentar medidas cuando se agudiza la violencia de género en un territorio. Según la información presentada el jueves 7 en la Asamblea Legislativa y en una conferencia de prensa, se han dado 101 feminicidios violentos entre noviembre de 2016 y junio de 2017. Además, según datos de la PGJDF, ahí citados, entre enero 2015 y diciembre de 2016 hubo 2,994 desapariciones de mujeres, de las cuales no se encontró a 644 (60% menores de edad). Las organizaciones destacaron además la saña creciente contra las mujeres asesinadas y el uso, ya conocido, de armas de fuego.

La gravedad de la violencia feminicida en nuestra ciudad es innegable y exige una respuesta urgente por parte de las autoridades y la ciudadanía. Sin embargo, cabe preguntarse si solicitar la AVG es adecuado cuando está pendiente la evaluación de las AVG solicitada por la Cámara de Diputados, y cuando se inicia el periodo electoral. El riesgo de politización de este mecanismo es evidente desde el momento en que en la mesa del foro en la ALDF sólo estaba representada Morena, por la diputada Beatriz Rojas Martínez. ¿Y las demás fuerzas políticas? Existe también el riesgo de detener las inversiones en la AVG por las elecciones o de distribuirlas según el color del municipio, como en el Estado de México.

Por otra parte, y más importante, ¿por qué apostar por la AVG aquí cuando en los estados no ha servido? Si ha tenido efectos positivos en Baja California como indican organizaciones especializadas, es tal vez porque éstas le han dado seguimiento continuo. Sin duda aquí se puede hacer lo mismo, pero hay que preguntar entonces si a la sociedad civil le corresponde todo el trabajo (desde el diagnóstico, las recomendaciones y la supervisión), qué hacen las instancias encargadas de políticas de género, y cómo asegurar que cumplan con sus funciones.

La violencia misógina en el país amerita una respuesta contundente de la sociedad y del Estado. A estas alturas cabría pedir una alerta nacional. Sin embargo, dada la resistencia de las autoridades a reconocer el problema y la persistencia de prácticas engañosas en la implementación misma de la AVG, ¿no habría que exigir primero otras medidas?

En la Ciudad de México, por ejemplo, la Procuraduría juega con las cifras para reducir el número de feminicidios. Se sigue mezclando personas desaparecidas con extraviadas y no localizadas . Esto no va a cambiar sensibilizando a los funcionarios en perspectiva de género. Cambiará si hay bases de datos transparentes, si se sanciona e inhabilita a funcionarios omisos, como los involucrados en la manipulación del caso Lesvy, en vez de ascenderlos. Cambiará cuando exijamos que el Estado respete la ley y la política de género no sea botín y simulación.

lucia.melgar@gmail.com