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Alerta diputado sobre riesgo de "militarizar la ciencia"
El diputado Carlos Madrazo, secretario de la comisión legislativa, acusa que al incorporar a la Sedena y a la Semar en la junta de gobierno que autoriza las reglas de operación de los programas de CTI se corre el riesgo de militarizar la cienca, y dejaría de ser plural pues se integraría por los titulares de 13 secretarías de estado y 6 invitados por el Conacyt.
A falta de un parlamento abierto, que en este caso tendría que ser organizado por el Poder Legislativo, siguen las manifestaciones públicas en contra de la propuesta de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación elaborada por el Conacyt y presentada por el Ejecutivo federal el pasado 13 de diciembre de 2022.
Ahora el consejo directivo y académico de la Academia de Ingeniería de México, el consejo directivo de la Academia Mexicana de Ciencias y la mesa directiva de la Academia Nacional de Medicina, se unieron en un comunicado para denunciar que la propuesta tiene aspectos preocupantes “que ponen en peligro el trabajo científico y la inversión de décadas”.
Particularmente hacen énfasis en el otorgamiento de apoyo público para investigación y becas para la formación de nuevos científicos, aseguran que limitar el trabajo a los temas establecidos previamente en una Agenda Nacional (artículos 33 y 38) va en contra de la libertad de investigación.
Además apuntan que en la propuesta de ley, “esta agenda sería establecida por personas dedicadas a la política que no necesariamente conocen las investigaciones y las áreas de oportunidad científicas (artículo 11)”. Agregan que la comunidad científica no tendría una participación directa en la elaboración de la agenda, por ello las tres academias invitan a las Cámaras del Congreso de la Unión a establecer un diálogo constructivo con la comunidad científica mexicana, “para lograr una ley en la materia que ayude a mejorar y evite desandar lo que se ha construido durante décadas”.
Un análisis desde el Legislativo
Por su parte, el diputado Carlos Madrazo Limón, secretario de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, presentó sus comentarios a la propuesta que también incluye diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación.
Sobre los objetivos de la Ley, expresa que es una ley centralista que le da el control a la persona titular del Ejecutivo federal de los recursos canalizados a Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI); el establecimiento de la Agenda Nacional de CTI, y de los mecanismos de evaluación. También sobre los centros públicos de investigación, lo que excluye a los sectores privado, social y académico de espacios colegiados de decisión.
Algo que destaca es la “militarización de la ciencia” al incorporar a la Sedena y a la Semar en la Junta de Gobierno que autoriza las reglas de operación de los programas de CTI, que además dejaría de ser plural pues se integraría por 13 titulares de secretarías de Estado y 6 invitados por la dirección de Conacyt.
Preocupa además que se permite a la Administración Pública Federal (APF) realizar adquisiciones y contrataciones directas a centros de investigación, con lo que el gobierno federal podría ser juez y parte en la realización de estudios académicos, requeridos para proyectos de infraestructura, de impacto ecológico y de impacto social. “En los hechos, los centros públicos perderían independencia del gobierno federal pues los académicos se vuelven funcionarios públicos”.
Hace énfasis en que también es “una ley anti sector privado”, pues explica que “excluye del SNI a académicos que no trabajen en universidades y centros públicos de investigación” y no se contempla la creación o existencia de centros privados o mixtos de investigación, laboratorios mixtos o mecanismos de estancias de investigación en empresas privadas.
Por otro lado, se habla de no contemplar el rol de la banca de desarrollo, ni de elementos de promoción de vocaciones científicas en la educación básica, tampoco esfuerzos en la educación técnica de promoción de CTI. Recalca que en esta propuesta la agenda nacional de HCTI es definida exclusivamente por el gobierno federal y no se contemplan mecanismos de impulso a museos y centros de innovación.
Agrega que se confunden conceptos clave como comunicación, difusión y divulgación de la ciencia y no se establecen mecanismos de inversión de organismos internacionales, sector privado y banca de desarrollo ni convenios multianuales para la creación de centros o laboratorios de CTI.
En el análisis se agregan una treintena de errores, omisiones y peligros, que de acuerdo con el legislador y sus asesores generarían un retroceso y oportunidades perdidas. El legislador asegura que se debe promover la difusión de estos riesgos, que se debe impulsar un parlamento abierto y foros consultivos y regionales para que la iniciativa sea modificada; en este sentido opina que esta ley no debería ser votada en el período febrero-mayo de 2023, y que pasara al tercer año legislativo, después de una amplia discusión.
