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Auditoría señala deficiencias de operación en Cultura federal
La ASF identifica carencias en la medición de impacto de los programas artísticos, duplicidad de funciones, pagos de plazas para personal eventual no autorizadas por Hacienda, la adjudicación directa de un contrato que debió licitarse y un caso de subcontratación.
Como parte de la tercera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de Cuenta Pública 2022 que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó la semana pasada a la Cámara de Diputados, en el campo de Cultura, la ASF realizó cinco auditorías, tres de ellas relacionadas con las operaciones de la Secretaría de Cultura, dos más enfocadas al cumplimiento en la gestión financiera del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).
En este reporte, la ASF reconoció que no hubo montos económicos por aclarar para el caso de Cultura, tanto desde el sector central como en el INAH y el INBAL, sin embargo, sí realizó observaciones sobre procesos y documentación en los tres casos.
Sugiere rediseño programático
Para el caso del programa Estímulos a la Creación Artística, Reconocimientos a las Trayectorias y Apoyo al Desarrollo de Proyectos Culturales (programa presupuestal U-282), de Cultura federal, la ASF señala que éste presenta “deficiencias” tanto en el diseño de su diagnóstico de impacto como en la creación de su Matriz de Indicadores para Resultados como instrumento base para medir el avance en la atención de la dependencia federal en el programa público con la comunidad artística.
Sobre este mismo programa, la entidad indica que la Secretaría de Cultura requiere aplicar un rediseño programático, normativo organizativo y a la operación de su Pp U-282, que permitan cumplir los mandatos conferidos a la Secretaría de Cultura y acreditar el cumplimiento del objeto del programa, dado que, de la revisión de una muestra estratificada de 319 beneficiarios, el 96.9% careció de al menos un documento que respalde la entrega de los subsidios a los beneficiarios objeto del programa.
Asimismo, difunde que, al cierre del informe de esta auditoría, Cultura federal no había acreditado la atención al decreto de extinción de fideicomisos, esto en particular sobre la extinción del fideicomiso del Fonca, dado que, al 31 de diciembre de 2022, este mecanismo seguía operando, a la par de que operaba ya el programa presupuestal U-282, lo que implica una duplicidad de funciones.
Por otro lado, sobre el Programa de Apoyos a la Cultura (S268), la Auditoría Superior determina que dentro del proyecto llamado “Contribuir al bienestar social e igualdad mediante garantizar progresivamente el acceso a los bienes y servicios culturales a las personas, a través del incremento y diversificación de la oferta cultural”, la Secretaría de Cultura federal “no reportó información confiable y suficiente sobre el número de proyectos apoyados mediante el programa, y el número de personas beneficiadas con las actividades artísticas y culturales desarrolladas por medio de los proyectos apoyados”.
En el apartado de gestión financiera de la dependencia federal, la ASF estudió el gasto de 43 partidas en capítulos diversos, cuyo universo total correspondió a un gasto de 2,385.3 millones de pesos, de los cuáles se seleccionó un plan de auditoría sobre 1,741.8 millones de pesos miles, que es un 73% del total ejercido.
Al respecto, el reporte determina, entre otros detalles, que se pagaron 26 plazas de personal eventual que no fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; se adjudicó de manera directa un contrato que, por su monto, debió adjudicarse mediante Licitación Pública Nacional, y se contrataron los servicios de un despacho por 3 millones 880 pesos en cuyo procedimiento de adjudicación se determinaron diversas inconsistencias en la selección del proveedor. “Además, no se proporcionó la totalidad de los entregables y de un contrato de obra pública, el residente de obra designado no cumplió con el perfil requerido”, señala.
¿Cómo le fue al INAH y al INBAL?
Para el caso del INAH, la Auditoría Superior fiscalizó la gestión financiera de sus ingresos y egresos de los recursos públicos federales y dictaminó que, en términos generales, el INAH cumplió con las disposiciones legales y normativas. Pero realizó tres señalamientos sobre procesos burocráticos. Uno de ellos señala que “el INAH no formalizó el contrato o instrumento legal con las características de la adquisición y que vinculara a las partes en sus derechos y obligaciones para la ‘adquisición de Equipo de administración, maquinaria y herramienta’”.
Sobre la auditoría del INBAL, el caso es similar. La ASF reconoce el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas. No obstante, identifica 39 expedientes laborales de personal operativo base, de honorarios con cargo al capítulo 1000 “Servicios Personales”, personal de confianza y mando de estructura, donde se constató que la información se encuentra incompleta: “faltan identificaciones oficiales, currículums vitae, Carta de no inhabilitación y nivel académico”. Asimismo, señala que no se acreditó el grado académico de un funcionario público requerido por el perfil del puesto que ocupa, sin especificar el cargo.
Asimismo, indica que el INBAL subcontrató personal vía la empresa Personal Temporal Outsourcing, S.A. de C.V., siendo que las actividades desarrolladas por éstos corresponden a las actividades propias del Instituto.
Los números de fiscalización a Cultura
Se analizaron 86 casos dentro de esas cinco auditorías, entre los cuales 41 casos se declararon sin irregularidad, 11 solventados durante la auditoría y 34 más para las que se emitieron recomendaciones de carácter preventivo sobre temas como el control interno, el proceso administrativo y el cumplimiento de objetivos. Asimismo, se emitieron comunicaciones al Órgano Interno de Control de Cultura a efecto de que inicie las investigaciones correspondientes de la irregularidad detectada.
