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Consumarían “giro radical” con nueva ley de ciencia y tecnología
El Ejecutivo federal envió la iniciativa a la Cámara de Diputados para sustituir el ordenamiento vigente por la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y transformar el actual Conacyt en Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
La propuesta incorpora el concepto de Humanidades al sector científico y al organismo que lo encabeza; redirecciona los recursos a la ciencia básica y de frontera; y reforma el sistema de becas y el Sistema Nacional de Investigadores.
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto por la que se expediría la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Con este documento se pretende sustituir a la cabeza de sector, que hasta este momento es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y en su lugar se crearía el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcti). Además, la iniciativa supone reformas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a la Ley de Planeación y a la Ley Orgánica del actual Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
El documento ya fue turnado a las comisiones unidas de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados para ser dictaminada y a las comisiones de Gobernación, Población y Presupuesto y Cuenta Pública para su opinión.
De acuerdo con la exposición de motivos y las evaluaciones de impacto presupuestario emitidas por la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y de las dependencias de la Administración Pública Federal implicadas, el anteproyecto no implicaría impacto presupuestario adicional para el presente año fiscal ni subsecuentes, pero tampoco se autorizarían recursos adicionales para la transición.
El fundamento para estos cambios surge a partir de las reformas constitucionales aprobadas en mayo de 2019, para reconocer a través del Artículo 3° Constitucional fracción V, el derecho humano a la ciencia, entendido como el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, a partir de ahí se ordenó a la Cámara de Diputados emitir una ley en la materia.
La propuesta “radical”
El documento asegura que los tres sexenios de gobierno anteriores a este, crearon una política que favorecía a la industria privada. El documento hace una fuerte crítica asegurando que de 2001 a 2018, los acuerdos de investigación con la iniciativa privada permitieron la transferencia a empresas nacionales y trasnacionales de más de 45,000 millones de pesos, es decir, 42% del total destinado a ese rubro, monto que se entregó “bajo el supuesto de fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación”.
También señala como una mala práctica la operación de 91 fideicomisos en el sector, 26 constituidos por los Centros Públicos de Investigación y 65 directamente por los Fondos Conacyt de los cuales 35 se constituyeron en la modalidad de “mixtos”, 25 “sectoriales”, cuatro “institucionales” y uno de “cooperación internacional”.
La iniciativa hace además una crítica a la forma en que se distribuían las becas, al Sistema Nacional de Investigadores, considerándolo “desarticulado, con criterios elitistas y de evaluación productivista”; y habla de un “abandono” a la investigación en ciencia básica y de frontera, y del registro de propiedad intelectual pública.
La actual administración federal se congratula de haber dado un “giro radical” a la política en materia de investigación científica, tecnológica, innovación y humanística. Asegura que es un logro la extinción de fideicomisos y transferir los recursos a la tesorería de la federación, además de haber implementado los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) para apoyar “esfuerzos organizados” de investigación.
La propuesta ahora es integrar un Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que sería integrado por el Conahcti, la Secretaría de Educación Pública, las universidades, instituciones de educación superior y todas las dependencias y organismos federales que fomenten la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
El anteproyecto explica también que se asignarían de forma universal becas a los estudiantes de las universidades públicas, sin embargo cuenta con llaves como garantizar este derecho sólo conforme a la disponibilidad de presupuesto, al no quedar como obligatorio un mínimo de presupuesto, ni tener asignaciones especiales en la Ley, esto queda en el aire.
Además se precisa que todos los recursos públicos que destine el gobierno federal para el fomento y apoyo de las actividades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación “se canalizarán, preferentemente, de manera directa a las personas becarias humanistas, científicas, tecnológicas e innovadoras a través de programas presupuestarios, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables”, y hacen hincapié en que “se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos que evadan lo previsto”.
El documento incluye formular una “agenda nacional” en la materia, que “busque atender y afrontar las necesidades, problemáticas y retos de la sociedad”. Para ello marca temáticas específicas dentro del Sistema Nacional de Posgrados como la salud, agua, educación, cultura, vivienda, soberanía alimentaria, agentes tóxicos, contaminación, seguridad humana, sistemas socio-ecológicos, energía, cambio climático, y transición energética, entre otros, pero dejaría fuera a un número importante de investigaciones que no se encuentran en las prioridades gubernamentales.
En este sentido se establecería que cada gobierno estatal y municipal elaboraría sus respectivos programas y tendría que prevenir que los esfuerzos del sector científico se enfoquen en fortalecer la “soberanía nacional, a partir de la consolidación de la independencia científica y tecnológica del país”.
La nueva Ley también contempla incorporar las bases generales del Sistema Nacional de Centros Públicos, que tendrían como objetivo principal “contribuir a la construcción de una sociedad más libre, igualitaria, justa y próspera”. Se habla de concebirlos como instituciones fundamentales para consolidar la “independencia científica y tecnológica del país”, para ello serían entidades paraestatales de la Administración Pública Federal con autonomía técnica y de gestión.
El sustituto del Conacyt
La nueva Ley pretende convertir al Conacyt en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcti), sin embargo se establece que seguiría siendo un organismo público descentralizado del Estado mexicano, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio; que gozará de autonomía técnica y de gestión bajo su propia normativa y que actuará como entidad asesora del Ejecutivo federal, especializada en articular las políticas públicas del Estado en la materia.
Para ello contaría con una Junta de Gobierno integrada por las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Bienestar, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Cultura, Economía, Educación Pública, Energía, Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional, Marina, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores y Salud. A la sesión de esta junta podrían ser invitados los especialistas en la materia pero sin voto.
La dirección general sería designada como hasta ahora por el presidente de la República y contaría con un órgano de vigilancia integrado por una persona Comisaria Pública, designada por la Secretaría de la Función Pública, así como un órgano interno de control y otro consultivo.
La propuesta incorpora el concepto de Humanidades al sector científico y al organismo que lo encabeza; redirecciona los recursos a la ciencia básica y de frontera; y reforma el sistema de becas y el Sistema Nacional de Investigadores.
