Difamación del presidente hace vulnerables a los defensores ambientales: Julia Carabias 

La bióloga y ambientalista Julia Carabias Lillo calificó los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su participación en el caso Calica como “una burda y acomodada simplificación de los hechos", y alertó que esos señalamientos contra defensores del medio ambiente vulnera la integridad física de los activistas en México.

El pasado 1 de febrero, en la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador se refirió a la autorización que otorgó el 30 de noviembre de 2000 la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnat), a la empresa Calizas Industriales del Carmen S.A. de C.V. para la extracción de material pétreo en dos predios de su propiedad (La Adelita y Corchalito) en Playa del Carmen. En este hecho responsabiliza del daño ambiental causado en Quintana Roo directamente a la extitular de esa dependencia, Julia Carabias.  

Tras dicho señalamiento la doctora Carabias asegura que la manera como el presidente cuenta la historia es “una burda y acomodada simplificación de los hechos, y el comunicado de prensa Núm. 006/22 emitido por la Semarnat el 3 de febrero contribuye a la confusión y desinformación al asegurar – en desconocimiento del marco jurídico que regula este complejo asunto – que la única autoridad competente para autorizar esos permisos de impacto ambiental era la Semarnat y ninguna autoridad local tenía ese tipo de atribuciones”. 

La secretaría en cuestión expresa en su comunicado que la minería debajo del manto freático representa la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo, afectaciones a los acuíferos y a los ecosistemas, entre otros elementos que, aunados a los impactos previos en la superficie por la minería a cielo abierto, destruyeron la flora y la fauna, con un daño insalvable a la zona. 

Esto por supuesto que es preocupante, pero en su defensa Carabias Lillo aclara que la explotación pétrea es legal en el país y que para garantizar el interés público sobre el privado, la legislación ambiental cuenta con instrumentos preventivos del daño ambiental como es la evaluación de impacto ambiental.  

Explica que “las autorizaciones en materia de impacto ambiental no son permisos incondicionales ni eternos. No son cheques en blanco”, cada autorización compromete y fija condiciones precisas que regulan la operación de cada proyecto, de manera que se minimicen los impactos al medio ambiente.  

Dijo que en aquel momento se impusieron condicionantes numerosas y exigentes, en materias tan diversas como el manejo de los residuos peligrosos, las cantidades máximas de material que se pueden extraer cada año, medidas de mitigación, prevención y/o compensación y la restauración de áreas afectadas, entre muchas otras. También estableció la obligación de la empresa de presentar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informes periódicos del cumplimiento de las condicionantes.  

Por ello, Carabias señala que en caso de incumplimiento, la autoridad podía suspender la operación o revocar la autorización en cualquier momento, incluso el actual gobierno tiene los fundamentos jurídicos y técnicos para evaluar si esa explotación minera operaba dentro de parámetros ambientales aceptables.  

La doctora Carabias, merecedora de la Medalla Belisario Domínguez que le otorgó el Senado en 2017 por su labor de protección a la biodiversidad y el medio ambiente en la Selva Lacandona, pide que en lugar de “atacar”, el presidente volteé a conocer y resolver la situación en la que se encuentran estos sitios y que su “coraje con la empresa Calica - Legacy Vulcan” no siga poniendo en riesgo a los defensores del medio ambiente.  

Por otro lado, la integrante de El Colegio Nacional denunció que en este momento hay una desregulación nunca vista de las normas y los procedimientos de evaluación para proteger el medio ambiente, y que es precisamente gracias a la legislación ambiental, por lo que hoy existe material para evaluar la gestión ambiental. “Hago votos para que, en el futuro, las obras y actividades que requieran una autorización en materia ambiental sigan siendo sometidas a dicho procedimiento”, señala.

La legislación ambiental permite conocer el caso 

Miembro también del Sistema Nacional de Investigadores, Carabias profundiza en el tema y explica que desde 1986 iniciaron las operaciones de Calica en la zona con el permiso de las autoridades federales, estatales y municipales conforme a sus atribuciones legales. Dejó en claro que en 1996 el gobierno del estado de Quintana Roo otorgó autorización a la empresa para ampliar la zona de explotación de la mina a dos predios nuevos, La Adelita y Corchalito, y cada 5 años (hasta 2016) fue renovando la autorización.  

Agregó que para el 2000 la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental, de la Semarnat, autorizó la manifestación de impacto ambiental (MIA) que sometió la empresa para expandir las actividades . “La MIA autorizó el aprovechamiento de la parte por debajo del manto freático en esos predios con una vigencia de 20 años y sujeto a múltiples condicionantes estrictas para mitigar el daño ambiental”. Esta información es pública. 

Con ello aclara que si se llevó a cabo o no el seguimiento y evaluación de las condicionantes, no es un tema de su responsabilidad, pues en su momento se actuó conforme al marco legal vigente.  

El origen de los señalamientos 

En más detalles, se revela que en 2009 el gobierno local modificó la regulación que antes autorizaba a Calica operar en esos terrenos y el programa de ordenamiento ecológico nuevo del municipio Solidaridad (Playa del Carmen), los declaró incompatibles para la minería. Luego, en 2017, la Profepa realizó inspecciones en las cuales señaló que Calica no estaba cumpliendo con las condiciones de la autorización de impacto ambiental y en enero de 2018 impuso una clausura parcial al banco de materiales de Calica.  

Es por esos hechos (la modificación de la legislación municipal y las actuaciones de la Profepa) entre otros, que la empresa alega la afectación de sus derechos y por lo que, en 2018, interpuso un arbitraje en CIADI en contra del Estado mexicano.  

La doctora Julia Carabias, Premio Campeones de la Tierra de la ONU en 2005, asegura que corresponde al gobierno federal actual la defensa de los actos realizados desde el 2009 por autoridades de los tres órdenes de gobierno que son motivo de ese conflicto.

El caso puede ser consultado en el sitio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD): https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/cases/952/legacy-vulcan-v-mexico 

nelly.toche@eleconomista.mx

kg