Diputados desatoran ampliación del precio único del libro

En el límite del final del periodo ordinario de sesiones para el Poder Legislativo, hace unos días la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados se reunió para votar diversas minutas e iniciativas en materia cultural que se habían quedado pausadas en la agenda y que, las que se aprueben, deberán votarse en el pleno de San Lázaro en el siguiente periodo ordinario de sesiones.

La minuta que más destaca, y fue aprobada, es aquella con proyecto de decreto para la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, principalmente sobre la ampliación a 36 meses del precio único del libro (cuando en la ley vigente es de 18 meses) para la venta al público, un tema que desde antes y, sobre todo, durante los periodos más álgidos de la pandemia, habían solicitado los gremios libreros como una medida esencial en el camino a emparejar el piso de competencia en el comercio de los libros.

Además, como parte de estas reformas, se pretende establecer que la Secretaría de Cultura federal sea la encargada del registro del precio único a partir de los datos proporcionados por los editores e importadores de libros, entre ellos los de identificación del libro y su autor, el Número Internacional Normalizado del Libro o ISBN de cada título, la fecha de impresión y el precio de venta al público establecido por el editor, mismo que será considerado como el precio único vigente en librerías.

Incorporan a la Profeco

Asimismo, para fortalecer la regulación y cuidado del cumplimiento de la vigencia del precio único, se atribuye a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) la responsabilidad de proteger y vigilar la distribución y comercialización de los libros, lo mismo que se le faculta para aplicar las medidas necesarias y las sanciones correspondientes.

También se dicta que la Profeco sea incorporada al Consejo Nacional de Fomento a la Lectura, mismo que integran organismos como la Secretaría de Cultura, la Caniem, el FCE, el Indautor, las asociaciones de libreros, bibliotecarios y escritores, así como funcionarios de la SEP, entre otros, aunque de este poco o nada se ha sabido en la presente administración.

Más adelante en la sesión, se aprobó un exhorto para la Secretaría de Cultura federal a la instalación del Consejo Nacional de Fomento para la Lectura y el Libro.

Sin recursos adicionales

En estas reformas a la Ley del Libro se especifica que la ampliación a 36 meses del precio único de los libros sería vigente a partir de la fecha de impresión o reimpresión de un título, excepto para libros impresos antiguos, usados, descatalogados, agotados o artesanales. Asimismo, se especifica que mientras un libro impreso esté sujeto al régimen del precio único, también lo estará su versión electrónica.

En la sesión, el diputado morenista Azael Santiago Chepi presentó una reserva para la adición de un artículo transitorio donde se especifica que las obligaciones aplicadas a las distintas instituciones públicas a partir de esta reforma, en caso de aprobarse como está, “se sujetarán al marco normativo aplicable” y que “bajo ningún supuesto se autorizarán recursos adicionales para tales efectos”.

La minuta deberá someterse a votación del pleno de la Cámara de Diputados durante el siguiente periodo ordinario, es decir no antes de febrero del próximo año.

De aprobarse la minuta, esta deberá volver al Senado de la República, la cámara de origen. Pero no debería haber mayor problema para su aprobación en la cámara alta, al menos en materia de precio único, puesto que fue el propio Senado el que al remitir la minuta conminó a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados en San Lázaro para agregar las reformas correspondientes para la ampliación del precio único del libro, “con la finalidad de garantizar una mayor diversidad de ofertas en cuanto a títulos y una mejor oferta de precios de los mismos”.

Del SCM al Día del Artesano: otras iniciativas votadas en la Comisión

Durante la misma sesión de la Comisión de Cultura y Cinematografía se votaron también otras iniciativas pendientes.

Entre estas se aprobó la reforma al artículo 4° de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana para permitir que mexicanos naturalizados puedan ocupar puestos como miembros titulares del organismo puesto que, se señaló, en su versión vigente la ley “establece una distinción discriminatoria no intencional”.

También se aprobó una adición al artículo 5° de la Ley General de Cultura donde se agrega que la política cultural del Estado deberá contener acciones para la erradicación de “estereotipos culturales de género que propician la violencia física y simbólica contra las mujeres”. Esta adición abona a los avances de las distintas instancias y sectores culturales para homologar medidas concretas contra la violencia, como es el caso de la conformación reciente de la Red Interinstitucional para Erradicar la Violencia de Género en la Industria Audiovisual.

Asimismo, se aprobó una opinión favorable a la iniciativa para declarar el 19 de marzo como Día Nacional de la Artesana y el Artesano y un exhorto para la instancia correspondiente del gobierno del estado de Nuevo León a remover un monumento del expresidente Gustavo Díaz Ordaz ubicado en el municipio de Linares.

Así queda la propuesta de reforma en la Ley del Libro para el precio único:

"Artículo 26. El precio único de venta al público tendrá una vigencia de treinta y seis meses contados a partir de la fecha de impresión o reimpresión consignada en el colofón o en el pedimento de importación. Se exceptúa de lo anterior a los libros impresos antiguos, usados, descatalogados, agotados o artesanales. En tanto un libro impreso en papel esté sujeto al régimen de precio único, su versión electrónica equivalente estará sujeta a las mismas disposiciones”.

Algunos antecedentes sobre el precio único:

Las alianzas y batallas por librar para la cadena del libro en México

Momento crucial para la Ley de Lectura y el Libro

ricardo.quiroga@eleconomista.mx