El incremento real para ciencia y tecnología ha sido marginal, la comunidad pide ajustar el presupuesto en 2023 

La doctora Brenda Valderrama Blanco, autora del libro "360° una visión panorámica de la política científica en México 1985-2018" y secretaria del Instituto de Biotecnología de la UNAM, donde también es investigadora titular, participó del Parlamento Abierto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados con la finalidad de dar a conocer argumentos para la mejora de la asignación del presupuesto que dará soporte a la política científica del país en 2023.  

La comunidad científica se compone de alrededor de 40,000 investigadores y 50,000 estudiantes de posgrado, además de 25,000 personas más que dependen de los ingresos y del ejercicio de recursos alrededor de la ciencia, tecnología y la innovación. El proyecto de presupuesto de egresos 2023 asigna para el cumplimiento del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Anexo transversal 12) la cantidad de 128,746 millones de pesos, lo cual refleja un incremento de 15,000 millones de pesos con respecto al año anterior y equivale al 1.5% del presupuesto nacional.  

La también expresidenta de la Academia de Ciencias de Morelos y exsecretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de Morelos dijo que la comunidad reconoce que el comportamiento de los recursos asignados al Anexo 12 presenta una tendencia al crecimiento en los últimos años, sin embargo, en un análisis más detallado se demuestra que, a valor constante, el incremento real ha sido marginal y que en el caso del Ramo 38, correspondiente al Conacyt, no hay aumento sustantivo. 

Dio a conocer que la demanda para la Comisión es que se incremente el presupuesto para el ramo 38 en 10,000 millones de pesos. Esta cantidad podría venir de la reasignación de las partidas, las cuales suman 9,600 millones de pesos, y que en el análisis se considera está mal distribuido y asignado.  

Sobre la distribución que se pone a consideración, se pide que desde el PEF se asigne 50% para fortalecimiento de la investigación básica o de frontera, 15% para desarrollo de tecnología, 15% para incentivos a la innovación, 15% para infraestructura y 5% para apoyo a las sociedades científicas.  

¿Cómo se pretende distribuir el presupuesto? 

Para el 2023, las dependencias que recibirán los mayores incrementos son la Secretaría de Energía con 7,146 millones de pesos, la Secretaría de Educación con 2,866 mdp y la Secretaría de Salud con 1,870 millones de pesos.  

De manera específica se identificó un rubro por 7,000 millones de pesos para el ramo 18 correspondiente a la Secretaría de Energía siendo la Unidad Responsable de Gasto la Subsecretaría de Electricidad “el cual no está clasificado dentro la Función de Ciencia y Tecnología y tiene como concepto del gasto la compra de títulos y valores”.  

También dentro del Ramo 18, la Dirección General de Energías Limpias tiene asignados 243 millones de pesos para su transferencia a fideicomisos del poder ejecutivo, sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por la doctora Balderrama no indica cuál fideicomiso será el beneficiario lo cual es irregular pues todos los creados bajo el amparo de la Ley de Ciencia y Tecnología están en proceso de extinción y estos recursos tampoco están clasificados dentro de la Función de Ciencia y Tecnología. 

Por otra parte, la Comisión Federal de Electricidad comenzó a recibir recursos dentro del Anexo 12, a partir del 2021, y para el próximo año habría recibido 7,388 millones de pesos. El proyecto le asigna para el 2023 la cantidad de 2,326 millones de pesos, pero tal como se había observado en ejercicios anteriores para esta dependencia, este rubro no está clasificado dentro de la Función Ciencia y Tecnología y su concepto de gasto resulta ser obra pública y adquisición de bienes.  

En lo correspondiente al ramo 38, la asignación dentro del proyecto es de 31,298 millones de pesos. El 98% de ese presupuesto está clasificado dentro de la subfunción Investigación Científica pero solamente el 4% se aplicará realmente para el financiamiento de proyectos de investigación, esto es la tercera parte de lo que ejercía anualmente la administración anterior.  

SNI en crisis 

La representante de la comunidad académica también tuvo la oportunidad de poner sobre la mesa preocupaciones respecto al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), al encontrar que, aunque se presenta un incremento presupuestal que alcanza los 8,000 millones de pesos, recursos teóricamente suficientes para sostener el Sistema y librarlo del déficit con el que venía operando los últimos años, en la práctica “el Sistema está sufriendo una crisis profunda ante la insistencia del Conacyt de reclasificar a una proporción importante de académicos con la intención de retirarles el beneficio del estímulo económico, sumándolos a los colegas de instituciones de educación superior privadas que fueron discriminados en este mismo sentido”.  

Explicó que incluso la ilegalidad de esta medida ha recibido ya resoluciones favorables para los colegas desde el Poder Judicial. “Si le sumamos los pasivos que se han acumulado recientemente con la ampliación extraordinaria del número becas vitalicias o la nueva modalidad de becas a 15 años de investigadores con 65 años de edad, se prevén complicaciones mayores para la viabilidad presupuestal del programa a largo plazo”.  

También recordó que el Conacyt ha dejado de financiar actividades importantes para el país como son desarrollo científico y tecnológico, innovación tecnológica en las empresas, fortalecimiento de las entidades federativas, fomento regional de capacidades científicas, fortalecimiento de infraestructura, apoyo para actividades científicas tecnológicas y de innovación, apoyo a la consolidación estacional y fortalecimiento sectorial de capacidades científicas tecnológicas y de innovación y que los únicos tres programas presupuestales vigentes presentan fallas en su operación. 

Por último hizo hincapié en que todos los rubros correspondientes deberían etiquetados correctamente en la Función 8, Ciencia y Tecnología, pues actualmente se dificulta el seguimiento de aproximadamente la mitad de los recursos asignados. 

“El impacto negativo de esta situación ha sido expresado en diferentes foros y por diferentes integrantes de la comunidad científica quienes perciben claramente que la distribución actual del presupuesto está lejos de resolver sus necesidades y que existen dificultades reales para sostener el ritmo de la productividad científica y la formación de recursos humanos”, concluye la representante de la comunidad.   

nelly.toche@eleconomista.mx