Empleadas domésticas enfrentan trata y crisis laboral agravadas por la pandemia

La voz del hombre al otro lado de la línea se tornó en un susurro, como preparándose a decir un secreto: “le voy a explicar cómo trabajamos. Nosotros damos una garantía de 6 meses, esto es para que ustedes prueben a la persona. Si por alguna circunstancia requiere cambiarla, a lo mejor no hubo química o no le pareció. Nosotros lo que hacemos con eso de la garantía es cambiarla”, explicó “A”, sobre el trabajo doméstico que publicita la agencia para la que trabaja. La dinámica es simple para quien busca en internet contratar este tipo de servicio en la Ciudad de México, durante el confinamiento por el virus Covid-19.

En este caso, la agencia no pide comprobar ingresos o el lugar de alojamiento -que debe ser libre de condiciones peligrosas o insalubres según la Ley Federal del Trabajo y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas-. En el caso de que la trabajadora se aloje en el domicilio para hacer un servicio de planta, lo único que debe especificar el cliente es el perfil de la trabajadora que necesita.

La agencia ofrece emitir facturas por conceptos de “selección de personal” o “captación de personal” por un pago único de 4 mil pesos (si el servicio es semanal con un día de descanso), o de 2 mil 500 pesos (por dos o tres días con una jornada de 8 horas al día). La agencia cobra una investigación pero sólo hacia la trabajadora. “Le damos todos los datos de la persona, investigación de dónde vive, y si surge un inconveniente, que quiere que la cambiemos, ya lo incluye en la garantía de los seis meses”, explicó “A“ tras detallar que los cambios pueden ser ilimitados durante ese plazo.

Ese pago será la única relación del empleador con la agencia, ya que tampoco se hacen responsables de dar de alta en el Seguro Social a las trabajadoras domésticas que colocan, como sugiere la última reforma a la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social efectuada en septiembre de 2019. Desde la agencia se justifican diciendo que las trabajadoras no son empleadas suyas. “Lo único que hacemos es selección de personal”, afirman. Tampoco definen o hacen un contrato por el plazo que durará la relación laboral con el empleador ni se aseguran de que el pago se efectúe a la trabajadora, el cual ronda los 350 pesos por día.

“Nos ven como negocio”

“Todas las agencias, hasta donde nosotras sabemos, cobran por colocar a las compañeras”, dice Norma Palacios, quien desempeña desde hace 26 años el trabajo doméstico y que en el camino encontró el sustento para su familia, pero también abusos psicológicos en su trabajo, que la motivaron a tomar una postura ante las injusticias que padeció.

“Ellas (las agencias) nos ven como un negocio, ellas necesitan tener a trabajadoras para que puedan cobrar esa cuota a los empleadores y también no se hacen responsables de a dónde las mandan o cuáles van a ser las condiciones de ese lugar a donde van a llegar. Hay una consecuencia porque se deslinda la agencia de la obligación con las compañeras, pero también se deslinda el empleador, porque dicen ‘yo no te contraté a ti, te mandó la agencia’, y la agencia dice lo mismo ‘yo te mandé con el empleador y arréglate con él’, ambas partes se deslindan”, advirtió.

Algunas de las malas condiciones laborales comunes, que Norma señala en su experiencia y en la de sus colegas, como la violencia física, verbal o psicológica, retención del sueldo, despido injustificado, o encierro, se han intensificado debido a la pandemia por Covid-19, con alto grado de contagio en el mercado informal en el que se sitúa el trabajo doméstico.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación realizada por el Inegi, apenas una de cada diez personas trabajadoras del hogar, 12 % declaró contar con alguna prestación laboral (aguinaldo, vacaciones o seguro médico) y sólo 2 % con un contrato escrito que definiera sus actividades.

“Son muchas violaciones a los derechos humanos laborales que siguen sufriendo la gran mayoría de las compañeras por este desconocimiento, por esa falta de responsabilidad de los empleadores que se deslindan todavía de esa relación laboral. Situaciones que condicionan mucho a las compañeras y que se han visto más fuerte en esta crisis sanitaria, porque las compañeras que son de entrada por salida las mandaron a sus casas, porque les han dicho que pueden contagiar“, señaló Norma Palacios.

“No ha habido ese diálogo de que la compañera pueda tomar la decisión de que es lo que ella quisiera hacer y le dicen ‘ya no vengas nos vemos cuando esto pase’ y eso es todo, no hay una apertura también a decirles ‘no vengas porque te pones en riesgo tú y también nosotros estamos en riesgo, sin embargo asumo mi responsabilidad y te cubro tu salario’, en esos casos se deslindan. Hay otras compañeras que no tuvieron la oportunidad de quedarse en casa como fue el llamado del gobierno, las compañeras no lo pueden hacer porque necesitan ese ingreso, viven al día y quedarse en casa implica no tener un ingreso. Ellas están más expuestas a que se puedan contagiar en los traslados, y que no cuenten con la seguridad social las pone en más riesgo porque si ellas llegan a enfermar pues no pueden acceder a los servicios y a la protección que deberían de tener como trabajadoras”, comentó.

*Este trabajo, primera de tres partes, se realizó bajo la mentoría periodística de la Fundación Thomson Reuters.

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Lee la tercera parte de esta investigación: La cifra oscura de la trata con fines de explotación laboral

@aguunda