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En políticas culturales, ¿dónde está parada Latinoamérica?

México destaca en iniciativas como el programa Pago en Especie y la Ley General de Derechos Culturales, pero carece de políticas para el sector editorial y el fomento del mecenazgo, según se puede comparar en el Atlas de Política Cultural para el Desarrollo Sostenible del British Council.

Destaca en México el Pago en Especie, del que Vicente Rojo fue pionero (su obra “México bajo la lluvia”, en la imagen) pero hay rezago en políticas hacia el sector editorial. Foto EE: Archivo

jueves 01 de septiembre de 2022 - 03:26

“Es necesario todavía el trabajo de descentralizar, de llevar la participación, en el diseño, incluso y la implementación de las políticas culturales hacia estados y regiones no consideradas hasta ahora”, Andrea Villers, directora de contenidos de Aura Cultura.

¿Cuáles son las tendencias en materia de políticas culturales en América Latina y el Caribe? ¿Cuáles de ellas tienen una visión de desarrollo sostenible? Y ¿qué malos hábitos persisten en la región en materia pública?

Para sugerir respuestas a estas interrogantes, este miércoles el British Council México presentó el Atlas de Política Cultural para el Desarrollo Sostenible, un esfuerzo en alianza con la consultoría mexicana Aura Cultura, que presenta un estado de la cuestión sobre el manejo de las políticas públicas en materia de cultura en la región.

Dicho documento se presenta como parte de los trabajos que habrán de servir como fundamento rumbo a la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible (Mondiacult 2022), que se llevará a cabo en nuestro país del 28 al 30 de septiembre próximos, pero también como el inicio muy necesario de medición de la administración y el impacto de la cultura para una más eficaz toma de decisiones con base en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.

Con 125 páginas de contenido, el Atlas enlista y agrupa las políticas públicas existentes en los países de la región a partir de su clasificación dentro de 13 categorías, entre ellas las políticas Económicas, Tributarias, de Comercialización, de Participación Ciudadana, de Innovación Tecnológica, de Propiedad Intelectual, Mecenazgo y de Políticas de emergencia. De esta manera, la clasificación permite a los tomadores de decisiones conocer lo que se hace o no se hace en cada país y, en su caso, homologar las buenas prácticas de Estados hermanos.

México en el Atlas

Por ejemplo, en materia tributaria destaca el programa Pago en Especie, un sistema prácticamente único en la región implementado en México desde 1994 y a través del cual las autoridades pueden condonar total o parcialmente las obligaciones fiscales de creadores con la adquisición de su obra plástica, lo que a su vez permite el enriquecimiento de los acervos públicos.

No obstante, en materia tributaria sobre la actividad editorial, nuestro país se ve rebasado por legislaciones como la peruana y la colombiana. En Perú, la Ley que Reconoce y Fomenta el Derecho a la Lectura y Promueve el Libro, implementada en 2020, exoneró del impuesto general a los negocios de venta de libros por un plazo de tres años, mientras que desde 1993, la Ley del Libro en Colombia exenta de impuestos sobre la renta y complementarios a empresas del sector editorial establecidas en aquel país, así como a toda actividad de importación de papeles y materias primas para la actividad editorial.

Por el contrario, en México, en materia tributaria, no se han implementado políticas públicas para favorecer el quehacer editorial.

En el aspecto formativo, países como Argentina, Cuba, Colombia y Perú tienen políticas establecidas de formación educativa, de públicos y certificación de los conocimientos tradicionales, mientras que México no aparece en este rubro. Tampoco figura en el de Mecenazgo, pese que en los últimos años varias han sido las voces que señalan la importancia de legislar en este sentido.

La clasificación donde sí destaca nuestro país es en la mención de la Ley General de Derechos Culturales, creada en 2017 después de la integración de la Secretaría de Cultura, como una legislación que por primera vez, al menos en el papel, encumbra y garantiza el derecho del acceso universal a la cultura de toda la población.

Políticas que no se enlistan

Dentro de varios rubros se observan menciones faltantes sobre políticas públicas implementadas en el país, más allá de la percepción de efectividad o poca eficacia de estas.

Por ejemplo, en el rubro Protección y salvaguarda patrimonial no se incluyó la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, creada en 1978 y con la última modificación en 2018, la cual regula y protege el patrimonio nacional, establece la obligatoriedad de sus propietarios para conservarlo y dicta las normas para su restauración, demolición o reconstrucción.

En Comercialización no se mencionó el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), el fideicomiso del Gobierno federal que promueve la actividad artesanal del país y genera una economía comercial en torno a esta. Tampoco se hace mención en el rubro de Propiedad Intelectual de la Ley Federal del Derecho de Autor creada en 1996 y reformada en 2020.

“Hace falta más voluntad política”: Aura Cultura

No obstante lo anterior, la directora de Artes del British Council en México, María García Holley, destacó que finalmente este Atlas deberá tener carácter de documento vivo que habrá de enriquecerse y complementarse a partir de esta primera versión. Ella dio paso a una serie de especialistas de la cultura desde Colombia, Brasil, Perú y México, quienes vertieron sus opiniones sobre el estudio.

Descentralizar, implementar herramientas de medición, asumir responsabilidades sobre la sostenibilidad ambiental y la precariedad laboral en la cultura, y la incorporación de tecnologías en el quehacer cultural a partir de las políticas públicas fueron temas principales que se remarcaron en el conversatorio de presentación.

Andrea Villers, directora de Contenidos de la consultora Aura Cultura, estimó que, si bien el enfoque de derechos culturales ha empezado a predominar en las políticas de la región y cada vez se incorporan más instrumentos normativos en este sentido, “la garantía de estos derechos se da de forma muy desigual y hace falta más voluntad política para hacerlos efectivos”.

Otro de los retos aún sin resolver, se señaló, es el mal hábito del cambio de gobiernos para la impermanencia de las políticas públicas, por muy buenas que estas hayan sido en la administración saliente: el borrón y cuenta nueva con cada gobierno entrante o por el recorte en la asignación de presupuestos anuales que impiden la fertilidad de políticas efectivas.

Al respecto, la especialista de Aura Cultura señaló que “para evitar esto es necesaria la implementación de métricas e indicadores que midan el desempeño de las políticas y los programas, de manera que se puedan tener fundamentos para impulsar la continuidad. Por otro lado, si la población no cuenta con estos datos, tampoco tiene las herramientas para exigir continuidad”.

Luz Medina, representante del gobierno de Bogotá, coincidió en que el desarrollo de sistemas de medición, con indicadores del impacto de la cultura, es fundamental para implementar, pero también para sostener y/o modificar políticas con base en evidencia.

Medina sumó que un paso importante para la supervivencia de las políticas pese a los cambios de gobierno tiene que ver con la apropiación social de las políticas culturales, es decir, la capacidad de adherencia pública podría garantizar su continuidad. “Una vez muy consolidadas, es muy difícil echarlas para atrás”.