Guarderías públicas atienden sólo al 3% de los menores, del resto se encargan las mamás y abuelas

Todas las personas tenemos el derecho a ser cuidados de manera óptima durante diferentes etapas de la vida. Las personas que realizan estos cuidados a bebés, niños, niñas, enfermos, adultos mayores o personas dependientes también tienen el derecho a hacerlo en dignidad. 

En México, un país con profundas desigualdades sociales, geográficas y de género, es fundamental crear un sistema integral de cuidados para redistribuir los cuidados, mejorar la calidad del cuidado y las condiciones en las que se cuida. Las políticas públicas deben estar encaminadas a reducir estas brechas y universalizar el cuidado como derecho, pero el camino todavía es largo.

Bebés y niños pequeños

El caso de las guarderías y estancias infantiles, por ejemplo, refleja cómo millones de niños y niñas recién nacidos y de hasta seis años están fuera del derecho a ser cuidados apropiadamente.

Las guarderías públicas apenas atienden al 3% de los menores en ese rango de edad, de acuerdo con cifras procesadas por el Coneval en su documento Diagnóstico y mapeo de evidencia sobre cuidado infantil en México. 

Apenas el 1% de los niños y niñas de esta edad fueron cuidados en guarderías privadas y el 96% restante son cuidados por sus abuelas, sus mamás (sin importar si trabajan fuera de casa o no) o algún otro pariente (que probablemente también sea mujer). 

Esta situación genera un doble efecto negativo: por un lado, los bebés, niñas y niños pequeños son cuidados por sus familiares que no son necesariamente expertos ni están educados en la pedagogía y están expuestos a situaciones de violencia o tensión familiar; y por otro lado, las mujeres cargan con el peso de los cuidados sin retribución económica y se quedan sin tiempo libre para el trabajo, la educación o la recreación. 

En un universo de 14 millones de menores de entre 0 y seis años, apenas 486,032 asistieron a los Centros de Atención Infantil (CAI) profesionales, que están repartidos entre guarderías del IMSS, de la SEP,  de PEMEX, del ISSSTE o unidades SEDIF, SMDIF o centros privados. 

Estas cifras reflejan que si no fuera por el tiempo que las madres, las abuelas o incluso familiares como hermanas mayores o tías destinan a los cuidados, 9 de cada 10 niños pequeños en México estarían fuera de los servicios de cuidado profesionales.

Algunos menores tienen más dificultades que otros

El documento del Coneval también mostró que existen brechas importantes en el acceso a los cuidados depiendendo de la entidad de residencia. El número total de unidades de cuidados profresionales para bebés y niños pequeños es ya pequeño por sí mismo considerando la población objetivo: 11,543 unidades registradas hasta diciembre del 2021. 

El problema se profundiza cuando se observa que sólo el 13% de estas estancias infantiles o guarderías están localizadas en el Estado de México. 

Otra manera de verlo es la tasa de centros de cuidado infantil respecto de la proporción de niños menores: en entidades como Morelos hay tres unidades por cada 1,000 niños de entre 0 y tres años, mientras que en Chipas hay 0.6 unidades por cada 1,000 niños.

Y de cualquier modo, apenas 3 de cada 10 centros de cuidado son públicos. De modo que, aunque en algunas entidades hay mayor disponibilidad de servicios de cuidados son pocas las personas que pueden acceder a ellos cuando se necesita pagarlos.

La paradoja del precio de los cuidados 

Una familia que tiene un integrante menor de un año puede necesitar, en promedio, 2,298 pesos mensuales para cubrir sus necesidades de cuidados, de acuerdo con estimaciones del Coneval, este gasto se mantendría fijo a lo largo de los siguientes años, aunque sería menor a medida que el menor crece. 

En un país donde el ingreso medio de las familias más pobres es de 3,313 pesos mensuales queda clarísimo que pagar por cuidados especializados para los niños y niñas del hogar no es una posibilidad. Mientras que para los hogares más ricos que ingresan 54,427 pesos al mes, hacer el gasto en guarderías o cuidados en casa apenas representaría un 5% de su ingreso. 

Pero lo que para algunas familias es impagable y para otras una pequeña parte, para las personas que realizan cuidados termina siendo precariedad laboral. El informe mostró que en México, al corte del 2020, había 317,173 personas ocupadas en actividades de cuidados. 

Sólo 24.5% de estos cuidadores y cuidadores lo hacen en establecimientos como estancias infantiles, guarderías o escuelas preescolares; el 75.5% restante lo hace de manera en las viviendas particulares (y casi siempre de manera informal).

Además, los ingresos laborales de las y los cuidadores en México ascienden como máximo a dos salarios mínimos mensuales. Y de hecho, la mitad de quienes trabajan en hogares particulares cuidando menores de edad apenas llega a un salario mínimo.

El trabajo remunerado de cuidados en hogares particulares, de hecho, es una de las formas más comunes de esclavitud moderna. Muchas trabajadoras del hogar en México no tienen contrato, ni seguridad social, ni acceso a instituciones de salud e incluso 2 de cada 10 tienen jornadas laborales que exceden el límite establecido por la regulación mexicana. Son constantemente víctimas también de violaciones a sus derechos humanos a través de violencia física, emocional y sexual; o siendo retenidas en sus lugares de trabajo contra su voluntad.

Ante un panorama en el que quienes necesitan cuidados no pueden acceder a ellos y los derechos de quienes cuidan no son garantizados, y donde además las mujeres y niños son desproporcionalmente afectados, es fundamental repensar la política pública alrededor de los cuidados.