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“Legislación francesa no nos fue favorable para detener subasta”

La abogada del INAH explica que pese a las gestiones realizadas no fue posible detener la subasta de 95 piezas arqueológicas pertenecientes al patrimonio mexicano.

Ante el hecho consumado de la subasta, efectuada el pasado miércoles en la casa Millon en París, de 95 piezas arqueológicas pertenecientes a culturas mesoamericanas que habitaron el territorio mexicano, la coordinadora nacional de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), María del Socorro Villarreal Escárrega, sostiene que es un hecho lamentable que el presidente de la casa de subasta públicas  no haya accedido a cancelar la puja, a pesar de la presión mediática y la solicitud oficial de parte de la Embajada mexicana en Francia, pero que en esta ocasión la legislación francesa no fue favorable a la petición del gobierno mexicano.

No obstante, María Villarreal reitera que el INAH ha hecho lo que tiene encomendado legalmente en estos casos: presentar la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República para que se abra una carpeta de investigación, y tocará a las autoridades llevar adelantes las indagatorias para deslindar responsabilidades.

“El INAH no es una instancia persecutora, ni investigadora. Lo que hace el instituto en estos casos es presentar la denuncia, hacer el dictamen con el análisis de cada una de las piezas, y solicitar tanto a la cancillería como a la Interpol que inicien las gestiones para la recuperación de esos bienes, que por ley son propiedad de la nación y deben estar en nuestro país”, precisa la abogada.

“Con independencia de lo que determine la Fiscalía, nosotros seguiremos en todos los casos haciendo las gestiones correspondientes para recuperar estos bienes”, señala.

La funcionaria explica que para la legislación francesa basta con que los coleccionistas acrediten que tienen más de dos años en posesión de buena de fe de estos bienes, y que declaren que los compraron lícitamente mediante la presentación de una factura o recibo y exige a quien los reclame “acreditar las circunstancias y las fechas en que salieron las piezas del país”, lo cual es imposible porque se trata de piezas que fueron sacadas de México de manera clandestina, en  circunstancias y fechas diversas que se desconocen y que han formado parte de colecciones privadas desde los años 60 del siglo XX, pero hasta ahora se sabe.

“Procedencia irreprochable”

“La legislación francesa no nos es favorable en este momento, porque nosotros tendríamos que acreditar las circunstancias y las fechas en que salieron las piezas del país” y, por otra parte, “la casa Millon afirma que esas piezas llegaron allá lícitamente, y que su procedencia es irreprochable y en términos de la legislación en Francia eso es lo que se establece”, afirma.

De allí que fue imposible detener la subasta de las 95 piezas originales de origen olmeca, maya, teotihuacano y mexica principalmente, en la que una figura de la diosa Chalchiuhtlicue del Periodo Posclásico Tardío mexica (1350-1521 d.C.) alcanzó el mayor precio, vendiéndose en 290,000 euros.

La abogada Villarreal reconoce que una tarea pendiente es avanzar en la concreción de tratados bilaterales y acuerdos multilaterales con las diversas naciones del mundo, que permitan el reconocimiento del patrimonio de cada uno de los países, evitar que este patrimonio sea comercializado y para que las gestiones de casos como éste se vuelvan más fáciles.

“El tema es alinear las legislaciones. Necesitamos trabajar conjuntamente varias instancias para lograr alinear las legislaciones nacionales a los tratados internacionales, y que podamos arribar al reconocimiento de una legislación universal en materia de importación y tráfico de bienes culturales de una nación y de protección al patrimonio.

“Es tarea conjunta, del INAH, del INBA, de la cancillería, de Aduanas, de la Interpol, y se requiere de un trabajo coordinado”, sostiene.

“Francia no ha alineado aún su legislación con la Convención de 1970 de la UNESCO”, dice María Villarreal. La citada convención es un instrumento jurídico internacional aceptada por 131 naciones contra el tráfico ilícito de bienes culturales considerados patrimonio, que fue adoptada en París el 14 de noviembre de 1970 y entró en vigor en 1972. México se adhiere a ella el 4 de octubre de 1972 y Francia la ratifica hasta el 7 de enero de 1997, pero sus leyes internas no están todavía en consonancia con ella.

La abogada del INAH reitera lo que ya se ha anunciado, que se está trabajando con la Guardia Nacional para crear un equipo especializado en la protección del patrimonio cultural, que tendría tareas específicas de inteligencia, investigación, vigilancia y resguardo de los bienes culturales de México.

francisco.deanda@eleconomista.mx

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