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Mes del orgullo: ¿Cómo van los derechos LGBT+ en México?

México tiene matrimonio igualitario en sus 32 estados, pero en la agenda todavía hay muchos derechos pendientes de garantizar. La discriminación y estereotipos han bajado respecto de años previos, pero las cifras siguen siendo alarmantes. Todavía hay camino que recorrer.

Ilustración EE: Nayelly Tenorio

Ilustración EE: Nayelly Tenorio

Carlos Pérez nació en Monterrey, Nuevo León, ahí mismo, durante su carrera universitaria conoció al que hoy es su esposo, Joel Torre. Hace ocho años se mudaron a la Ciudad de México para poder casarse, establecerse y posteriormente buscar una adopción. 

Hasta el reciente 14 de junio del 2023, el congreso local de Nuevo León aprobó modificar su Código Civil para aprobar el matrimonio entre dos personas sin importar su género o sexo. Éste fue el último estado, de los 32 que tiene México, en reconocer este derecho.

"A este punto ya no pensamos en regresar a Monterrey, pero qué diferente hubiera sido poder vivir bien siendo una pareja gay allá cuando era el momento. Y aun con todo lo que se ha avanzado, cada que vamos a visitar a nuestra gente, seguimos viendo estereotipos e insultos. Joel tiene primos que todavía le dicen jotito", dice Carlos, que es arquitecto y activista por los derechos LGBT+, en entrevista con El Economista.

Así que este junio 2023, la comunidad LGBTQ+ conmemorará el mes del orgullo con un paso importante más: matrimonio igualitario en todo el país.

Otras reformas importantes también se han implementado durante los años recientes en algunos estados o a escala nacional (como sentencias del máximo tribunal): derecho a la identidad de género, adopción homoparental y acceso a pensiones por reconocimiento de concubinato.

"Hay mucho por hacer, mucho. Hay gente que te ve y no te renta una casa, hay gente que te ve y te dice que el restaurante ya está lleno, tenemos amigos que hacen drag y saliendo de sus shows los golpean, es más, hay gente que si se lo preguntaran mejor que no existiéramos", dice Carlos.

 

Pese a estos avances en materia de derechos que se han logrado, todavía queda un camino por recorrer. Aquí un mapeo de la comunidad LGBTQ+ y el estado de sus derechos en México.

¿Cómo es la comunidad LGBTQ+ en México?

  • En México hay cinco millones de personas que se identifican como parte de la diversidad sexual y de identidad de género.
  • 4 de cada 10 personas que se identifican en la diversidad sexual aseguran que se dieron cuenta en la etapa de la primera infancia (antes de los siete años).
  • Por su parte, en la comunidad trans, 6 de cada 10 aseguran haberse dado cuenta de su diversidad de género en esta etapa. 
  • Para la comunidad LGBTQ+, mamá es el lugar más seguro: el 56% de las personas homosexuales o bisexuales y el 41% de las personas trans hablaron sobre su sexualidad y género (respectivamente) con sus mamás.
  • Dos de cada 10 personas de la población LGBT+ dijeron que cuando sus padres se enteraron sobre su sexualidad o identidad de género se molestaron, ofendieron o le corrieron de su casa.
  • En el ámbito laboral, 3 de cada 10 han experimentado algún tipo de rechazo o discriminación.
  • El 80% de las personas que se identifican como LGBT+ han enfrendado algún tipo de problema emocional o de salud mental. El 26% ha tenido ideas suicidas en algún momento de su vida y 14% ha intentado efectivamente suicidarse.
  • Las personas de la comunidad LGBT+ están peleando por sus derechos, pero la mitad de ellos percibe que la sociedad y el Estado respetan poco estos derechos.

Estos datos se extrajeron de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (Endiseg) del Inegi. 

Derecho al matrimonio igualitario

Este es el único derecho que México a universalizado y reconocido, no por sentencia de la corte, sino por aprobación en los 32 congresos locales de las entidades federativas.

Derecho a la identidad de género

Hasta el momento, son 20 los estados que han aprobado la Ley de Identidad de Género en México: Ciudad de México, Michoacán, Nayarit, Coahuila, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala, San Luis Potosí, Sonora, Quintana Roo, Puebla, Estado de México, Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Chihuahua, Morelos, Sinaloa y Zacatecas.

Esta ley implica un conjunto de reformas civiles y familiares que dan reconocimiento y protección a las personas trans cuando buscan hacer su transición de género. Esto hace que el proceso sea administrativo y no judicial, en otras palabras, que baste con ir al Registro Civil a emitir una nueva acta de nacimiento para iniciar el trámite del resto de documentos. 

En los estados en los que esta ley no está aprobada, se tiene que llevar un proceso judicial. Esto implica interponer un amparo ante el Poder Judicial Federal, típicamente estos procesos cuestan tiempo y dinero. 

Adicionalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia en 2022 que invalida la exigencia de tener más de 18 años cumplidos para solicitar el cambio de género en el acta de nacimiento.

Aunque esta fue producto de la resolución de un caso en Puebla, la sentencia del máximo tribunal es aplicable para todo el país.

Derecho a pensiones por viudez

En 2022 el Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma que garantiza el acceso pleno a la seguridad social integral para los miembros de matrimonios o parejas del mismo sexo. 

Pese a este fallo y a la determinación de 2019 de la SCJN que reconoce este derecho para las parejas homosexuales, todavía existe una importante laguna a escala local y especialmente para los casos de concubinatos. Todavía existen algunas denuncias o amparos como respuesta a la negativa del IMSS para hacer válido el derecho a la pensión por viudez para concubinarios homosexuales.

Derecho a la familia

En los tratados internacionales de Derechos Humanos y en la propia Constitución Mexicana se reconoce el derecho a la familia, y pese a ello, son sólo nueve los estados que han aprobado (por modificaciones en sus leyes locales o por atención a sentencias judiciales) la adopción homoparental.

Estos estados son: la Ciudad de México, Coahuila, Baja California Sur, Campeche, Colima, Morelos, San Luis Potosí, Aguascalientes y Yucatán.

Es importante mencionar que en otros estados sí se han aprobado adopciones homoparentales, pero como producto de interposiciones legales ejercidas por las parejas.

Derecho a la no discriminación

México cuenta con legislación federal que protege legalmente a las personas de la comunidad LGBTQ+ de la discriminación, tanto en el ámbito laboral, como en el acceso a bienes y servicios y en la vida cotidiana. 

Todas las personas que experimenten discriminación por motivo de su sexualidad o identidad de género pueden denunciar ante la Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación).

El hecho de que las leyes reconozcan la violencia contra las personas de la diversidad sexual y de género no implica que estas agresiones han desaparecido. De hecho, México está lejos de ser un país completamente seguro para esta parte de la población. 

Todavía el 32% de la población está en desacuerdo con el matrimonio igualitario y 43% está en desacuerdo con la adopción homoparental, de acuerdo con cifras de la Enadis (Encuesta Nacional sobre Discriminación) 2022 levantada por el Inegi. 

Seis de cada 10 personas adultas consideran que se justifica poco o nada que dos personas del mismo sexo/género vivan juntas como pareja. Y 3 de cada 10 personas no rentarían su vivienda a una persona gay, lesbiana o trans

Aunque si se compara con ejercicios estadísticos previos se observa que cada vez es mayor la población que reconoce y respeta los derechos de la comunidad LGBTQ+, pero las cifras todavía son más alarmantes.

"Es por eso que es fundamental legislar y hacer políticas públicas. Por un lado, porque van dictando un camino diferente en la cultura y la sociedad, pero más importante porque nos protegen ante situaciones de violencia, de injusticia y de odio. Este mes y todos seguimos luchando, nosotros a nuestros 40 años, porque Monterrey no expulse a nadie más", dijo Carlos.

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Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Periodista especializada en género, derechos humanos, justicia social y desarrollo económico.

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