Momento crucial para la Ley de Lectura y el Libro

La semana pasada la Cámara de Senadores aprobó de manera unánime por votación nominal el proyecto de decreto para la reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, presentada por las Comisiones Unidas de Cultura y Estudios Legislativos, por lo que la minuta fue remitida a la Cámara de Diputados, donde este martes se turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía.

Dicho proyecto de ley considera cambios en distintos artículos, entre ellos, dicta que la persona titular de la Secretaría de Cultura, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP) deberán elaborar y presentar un informe a final de cada año en el que se den a conocer avances, metas, acciones y objetivos alcanzados o bien la razones por las que no se alcanzaron los objetivos planteados anuales del Programa de Fomento para el Libro y la Lectura.

Asimismo, suma a las obligaciones de la SEP promover la producción de libros no solo en formato impreso sino electrónico, así como en el diseño, fomento y producción de libros y materiales didácticos en formatos adaptados para personas con discapacidad.

En el Artículo 14 se dicta la integración del titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) al Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, —del que, por cierto, nada se supo durante el impasse de la cadena del libro en la pandemia—. Cabe recordar que entre las personas que integran este consejo, como los titulares de la Secretaría de Cultura, el Fondo de Cultura Económica, el Indautor y de las asociaciones nacionales de libreros y bibliotecarios, así como el presidente en turno de la Caniem, se encuentra la persona titular del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), una institución que, como se ha dado constancia en este medio, ha ido perdiendo potestad económica y de ejecución sobre los programas de fomento y protección de las lenguas del país. En cambio, se le confieren al INPI cada vez más campos de acción en la materia.

En el Artículo 15 también se responsabiliza a dicho consejo de gestionar la edición de libros y material de lectura en formatos adaptativos para personas con discapacidad.

Ampliación del precio único, la deuda por pagar

Desde inicios del año pasado, la Comisión de Cultura y Cinematografía tiene una deuda con la comunidad editorial —por no decir que es parte de una deuda histórica con el gremio— y, en particular, con el gremio de libreros, no solo que podría sino que debería solventarse definitivamente en el marco de esta minuta para las reformas a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

Se trata de la ampliación de 18 a 36 meses del precio único sobre libros recién editados o importados, una medida que, como han señalado los gremios editoriales y la propia Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), aportaría a un piso parejo de competencia entre las grandes cadenas y las pequeñas librerías.

La reforma al Artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro para la ampliación de 18 a 36 meses del precio único debe incluirse en esta reforma.

Ahora bien, es necesario precisar que el precio único no debe entenderse como precio fijo. Es decir, se puede pensar erróneamente que esta medida no es posible bajar el precio de los libros durante el periodo establecido por la ley. Sin embargo, el precio de los libros puede ajustarse según los criterios del editor y no será posible para una librería o cadena de librerías el ajuste del precio homogeneizado, lo que permite una competencia comercial sin desventajas.

Este desconocimiento incluso se da desde los propios tomadores de decisiones. Dentro de las iniciativas que finalmente fueron descartadas en el Senado sobre esta ley se encontraba una del senador Ovidio Salvador Peralta Suárez, de Morena, quien propuso la reducción del precio único del libro de 18 a 12 meses.

La propuesta, finalmente descartada, sugiere una falta de comunicación entre algunos legisladores y los gremios editoriales y jurídicos para comprender la función de los términos. Esto puede derivar en decisiones no del todo acertadas para la legislación en materia cultural, en particular la editorial.

Ve la iniciativa turnada a la comisión en este enlace: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/2/2022-10-11-1/assets/documentos/Dict_Cultura_Fomento_Lectura_Libro.pdf

ricardo.quiroga@eleconomista.mx

kg