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ONU acusa que personas con discapacidad son excluidas ante la crisis
Los gobiernos deben evitar que este sector sea discriminado en el acceso a la salud y vigilar que se garantice su supervivencia como una prioridad, dijo la relatora especial del organismo, Catalina Devandas.
Las políticas públicas pensadas para aminorar el exponencial contagio del coronavirus (Covid-19) a nivel mundial, las medidas de distanciamiento social o aislamiento no han sido incluyentes con las personas con discapacidad o, en su defecto, muy poco se ha hecho para proporcionar la orientación y los apoyos necesarios para protegerlas durante la actual pandemia del Covid-19, a pesar de que gran parte de este sector de la población además pertenece al grupo de alto riesgo.
Así lo declaró Catalina Devandas, relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, después de que la sede del organismo mundial anunciara el cierre de las oficinas en Ginebra, Suiza, ante la propagación del virus.
“Las personas con discapacidad sienten que las han dejado atrás (...) Las medidas de contención, como el distanciamiento social y el aislamiento personal, pueden ser imposibles para quienes requieren apoyo para comer, vestirse o ducharse. Este apoyo es básico para su supervivencia, y los estados deben tomar medidas adicionales de protección social para garantizar la continuidad de los apoyos de una manera segura a lo largo de la crisis”, instó la funcionaria internacional.
Explicó que es riguroso para los empleadores dar facilidades para trabajar en el hogar o bien se deben otorgar licencias para ausentarse de la actividad laboral con goce de sueldo. Además, instó a los empleadores públicos y privados a tomar en cuenta que familiares o cuidadores requerirán de una licencia similar que les permita apoyarlas en tanto se mantengan las medidas restrictivas.
“Los estados tienen una responsabilidad mayor con esta población debido a la discriminación estructural que enfrentan”, insistió antes de complementar que es una obligación de los estados que las personas con discapacidad tengan garantía de que su supervivencia es considerada una prioridad y que no se les discriminará en el acceso a la salud incluso cuando los recursos médicos sean limitados.
“Las campañas de información pública y la información proporcionada por las autoridades nacionales de salud debe estar disponible en lengua de señas y en modos, medios y formatos accesibles, incluida la tecnología digital, los subtítulos, los servicios de relevo, los mensajes de texto, la lectura fácil y el lenguaje sencillo (...) Las organizaciones de personas con discapacidad deben ser consultadas y estar involucradas en todas las etapas de respuesta al Covid-19”, instruyó.
Lo que sucede en el país
En México, este martes trascendió que la asociación civil Coalición de Personas Sordas logró el fallo favorable de un amparo en materia administrativa que ordena a las autoridades integrar la Lengua de Señas Mexicana (LSM) en cada comunicado oficial referente al Covid-19.
“Con este amparo, las demandantes esperan una acción transformativa que provea, de manera permanente, servicios de interpretación, ya sea a través de medios presenciales o digitales, en centros de salud y hospitales de especialidad involucrados en la contención del Covid-19”, comunicó la asociación a través de sus cuentas de redes sociales.
En nuestro país, actualmente habitan más de 7.7 millones de personas con discapacidad, aproximadamente 6% de la población, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Según cifras del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), solamente una de cada 10 personas con una discapacidad cognitiva o mental en el país forma parte de alguna actividad económica. Además, 25% de las personas con discapacidad y una ocupación económica tiene contrato y sólo 27% cuenta con prestaciones médicas.
Además, trascendió que los gobiernos de algunos estados en el país, entre ellos Yucatán, Coahuila, Querétaro y Durango, anunciaron medidas especiales para proteger a sus trabajadores que forman parte del “sector vulnerable”, entre ellos, personas con discapacidad, quienes contarán con licencia con goce de sueldo hasta después del 20 de abril. (Con información de ONU, Inegi y Conapred)
