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¿Qué pasó con la orden de la Corte sobre la ley de cine?

La orden judicial dictó que la restitución de las obligaciones del Estado sobre el séptimo arte mexicano debían quedar subsanadas antes del cierre de 2023. El sentido de ser del Focine a diferencia de los fideicomisos, explica la directora del Imcine, es que “no haya dinero ocioso”.

miércoles 24 de enero de 2024 - 00:14

El reto es ejercer todo el dinero de una manera eficiente para que puedan crecer los presupuestos. La exhibición es otro gran reto para quien vaya a quedar a la cabeza del Imcine. Es en lo que hay que avanzar mucho más”.

María Novaro, directora general del IMCINE.

Pese a que en agosto pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Poder Legislativo la restitución en la Ley Federal de Cinematografía de la responsabilidad del Estado sobre el apoyo a producción, promoción y difusión del cine mexicano, obligaciones que, según el fallo, estaban justificadas en los artículos 33 al 38 –ahora derogados–, a la vez que daban sustento al ahora extinto Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), y que la Suprema Corte ordenó que esta obligación debía cumplirse antes de la conclusión de 2023, el Legislativo no concretó la orden judicial.

En una nota previa sobre este tema, este diario explicó a detalle las fechas y plazos de recepción y ordenamiento para iniciar el proceso de restitución de estas obligaciones del Estado en la ley vigente. Pero este proceso solamente llevó a la promoción de una iniciativa en el Senado donde se propone la adición de los artículos 32 bis, 32 ter, 32 quater, 32 quinquies y 32 sexies a la Ley Federal de Cinematografía, misma que se quedó en pendiente.

¿El incumplimiento de la orden de la Suprema Corte traerá consecuencias? ¿Habrá sanciones al Legislativo por el incumplimiento o se solicitó una prórroga?

Sobre este caso, El Economista preguntó a la directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), María Novaro Peñaloza, si tenía información adicional sobre la situación de la ley.

“El Poder Legislativo, efectivamente, no ha pedido prórroga desde el Senado. Obviamente preguntamos, porque nos interesa saber cómo está la situación, pero es un poder autónomo. Ellos llevan su tiempo y son ellos quienes tienen que atender la resolución. Nosotros lo que hicimos, lo que nos correspondía, era entregar las dos opciones. Una de ellas era restituir artículos que definan al Focine de una manera similar a como se definía al Fidecine en la ley vigente, que ya es una ley sumamente obsoleta”.

¿Y la reforma integral de cine?

Pero la anterior era solamente la opción B, como se dijo en agosto pasado, una vez que se confirmó el fallo de la Corte. La opción A era que fuera viable el arranque del proceso legislativo para la reforma integral de la ley por una totalmente actualizada, misma que se ha venido trabajando desde los distintos gremios del cine. Sin embargo, dada la complejidad de una reforma de esta envergadura, la nueva ley ha tenido que presentarse a distintas instancias de la industria con el afán de homologar el visto bueno.

Dicho proyecto, comenta Novaro Peñaloza, “tuvo su proceso en el Poder Ejecutivo, pasó por la Secretaría de Cultura y después por Hacienda. En este momento, está resuelta, está escrita de inicio a fin y consensuada con muchos sectores; ha pasado por muchas revisiones y ahora mismo está en la Consejería Jurídica de Presidencia de la República. Ahí se le hicieron los últimos ajustes. Fue directamente Lenia Batres Guadarrama quien le dio la última revisión e hizo algunos cambios, pero sigue siendo la misma iniciativa que se trabajó puntualmente (...) en este momento está a disposición del presidente, hasta ahí llega mi conocimiento e incluso hasta ahí está cumplido mi trabajo”.

Es menester precisar que Lenia Batres Guadarrama fungió como consejera adjunta de la Consejería Jurídica de Presidencia hasta que el pasado 14 de diciembre se le nombró, precisamente, como nueva ministra de la Suprema Corte, la instancia que ordenó la restitución de las reponsabilidades del Estado en la ley de cine.

Flujo del dinero en Focine

Este diario consulta a la directora general del Imcine sobre los detalles de la distribución presupuestal en las 12 convocatorias lanzadas este año por el Focine. Pero comenta que no es posible ofrecer este detalle por las siguientes razones:

“Una de las razones de ser del Focine, en comparación con los fideicomisos, es que el dinero que se entregue al cine mexicano sea activo, no un dinero que se guarde. Antes, el dinero se quedaba inactivo en una fiduciaria para ser ejercido según los calendarios, pero inactivo de alguna manera. Ahora, el gran reto es que todo el dinero se ejerza en el año fiscal, porque lo que no se use se tiene que regresar a Hacienda. Entonces, tenemos un mecanismo que hemos ido aprendiendo y ajustando de manera que podamos organizar las evaluaciones de las convocatorias de tal manera que los remanentes que pudieran quedar en una convocatoria se pasen a otra, para que se ejerza todo el dinero. En concreto, el reto es que, año con año, no haya dinero ocioso”.

Finalmente, en el marco del último año de gestión de este gobierno, se le pregunta a la funcionaria si aceptaría un segundo ciclo al frente del Imcine.

Y esto respondió: “Yo ya cumplí mi ciclo. Ya quiero regresar a mi vida, quiero hacer una película por año y otras cosas. He sido muy feliz, he hecho lo más que he podido, pero sí quiero otra etapa en mi vida (...) Todos estos años he tomado muchas notas y tengo idea de los pendientes, en los temas en los que habrá que dar continuidad, y las quiero dejar asentadas claramente en un documento. Lo que hay que hacer, sobre todo, es promoción. Tenemos que presumir nuestras películas, hablar de ellas, porque hay poca cultura sobre cómo sacar adelante las películas (que se producen en México)”.

Sobre críticas a los comités

Al respecto de la integración de los comités evaluadores para las distintas convocatorias del Focine, cuya apertura a la sociedad del cine en general ha despertado las críticas de la propia comunidad al considerarse como susceptibles a la falta de rigor en la selección, Novaro declara: “si la propia comunidad reclama pero no asume su responsabilidad de apuntarse como evaluadora, estamos en problemas. Muchos de los que reclaman no se están inscribiendo para ser evaluadores. Es su responsabilidad social. Me parece que es parte de un proceso de madurez de la propia comunidad”.