Riqueza oculta: desafíos y soluciones en la lucha contra la evasión fiscal

Una noticia positiva: la mayoría de los ciudadanos españoles considera el fraude fiscal como una práctica inaceptable. Según datos de julio de 2023 del Centro de Investigaciones Sociológicas, el 86 % de los encuestados opina que defraudar a Hacienda equivale a engañar al resto de los ciudadanos.

Los participantes en este estudio también consideran que son precisamente aquellos con más recursos los que tienen más motivos para ocultar parte de sus ingresos. ¿Esto es así? ¿Quiénes son las personas que no declaran con total honestidad sus impuestos a Hacienda?

Esas son preguntas difíciles de responder, ya que, por razones obvias, las personas deshonestas tratarán de disfrazar al máximo sus acciones de elusión o evasión fiscal para evitar ser descubiertas por las autoridades tributarias. Sin embargo, las nuevas metodologías de investigación permiten dar una respuesta más precisa a la pregunta: ¿quiénes son las personas que evaden o defraudan impuestos?

Responsabilidad tributaria

Evadir o eludir impuestos pone en peligro el contrato social democráticamente acordado entre ciudadanos y Estado, ya que disminuye los recursos disponibles para financiar el gasto público y la capacidad de reducir las desigualdades de renta y riqueza no deseadas.

La evasión fiscal tiene muchas caras, pero un aspecto que llama la atención son los activos financieros que los españoles tienen guardados en paraísos fiscales.

Según datos del EU Tax Observatory, en 2022 la riqueza financiera de residentes fiscales en España localizada en paraísos fiscales alcanzaba el 10,6 % del PIB (aproximadamente 140 000 millones de euros).

Este estudio también da una primera respuesta sobre el perfil de las personas que tienen capital en estos destinos: aproximadamente el 30 % del patrimonio del 0,01 % más rico de los residentes en España se encuentra fuera del territorio.

Este dato indica que la propiedad de la riqueza financiera offshore (fuera del territorio nacional) está concentrada entre los más ricos, los que componen las llamadas grandes fortunas. Aunque no existen informes más detallados para España, la evidencia de otros países lo confirma. En 2019, un innovador estudio combinó datos filtrados desde instituciones financieras offshore (los Papeles de Panamá, por ejemplo) con registros administrativos de riqueza en Escandinavia. De este cruce de información se concluyó que la evasión fiscal aumenta con la riqueza de las grandes fortunas. Los hogares del 0,01 por ciento superior en la distribución de la riqueza tienen una probabilidad mucho más elevada que el resto de tener activos ocultos en el extranjero.

Es esencial recordar que esto no es ilegal siempre que se declaren los impuestos correspondientes en el país de origen. En España se deben declarar los rendimientos del capital correspondientes y, cuando aplique, el impuesto sobre el patrimonio. Además, los residentes fiscales en España tienen la obligación de declarar todos los bienes y derechos registrados en el extranjero, incluso si no generan rendimientos.

Se acabaron los secretos

No obstante, al parecer es probable que muchos activos financieros no se hayan declarado correctamente en el país de origen de los propietarios debido al secreto bancario y la falta de intercambio de información.

En 2014 se produjo un cambio importante a este respecto con la aprobación del Estándar Común de Reporte (ECR), conocido por sus siglas en inglés como CRS (Common Reporting Standard).

Se trata de un acuerdo que garantiza el intercambio de información entre más de 110 países y territorios. Los firmantes se comprometieron a que sus instituciones financieras informen de los activos financieros de extranjeros a las autoridades locales quienes, a su vez, deben compartir esa información con las agencias tributarias de los países correspondientes.

Con este mecanismo en funcionamiento, las posibilidades de que las personas más ricas puedan ocultar activos se han reducido drásticamente pues el CRS implicó la eliminación del secreto bancario.

Queda pendiente atender la cuestión de la fiscalidad extraterritorial de las sociedades. Ese es otro tema en el que hacen falta muchos más esfuerzos de coordinación internacional para llegar a un sistema más justo.

La importancia de la residencia fiscal

El esfuerzo conjunto de numerosos países de compartir información financiera ha tenido cierto éxito. Aunque aún faltan datos para un análisis más profundo, el informe sobre evasión fiscal internacional 2024 del EU Tax Observatory apunta a una considerable disminución del capital no declarado, pese a cierto incumplimiento persistente. Al menos un 15 % sigue sin declararse, pero esta cifra podría alcanzar el 37 % en el escenario más pesimista.

Aunque el CRS cierra la puerta a ocultar el patrimonio offshore, quedan otras opciones si uno quiere minimizar los impuestos a nivel personal. El último ejemplo es el caso de Shakira. El conflicto de la cantante con la hacienda española no ha sido tanto por el dinero no declarado sino más bien por la cuestión de dónde debía declararlo. Durante varios años, ella tuvo su residencia fiscal en Bahamas, un país con una presión fiscal considerablemente más baja que la española.

Aunque se ha logrado el intercambio de información entre países, el nivel de impuestos puede variar considerablemente entre unos y otros. Estas diferencias crean incentivos para mover la residencia fiscal los que tienen un nivel impositivo más bajo. Algo legal si uno realmente vive en ese lugar pero ilegal si la residencia es ficticia, como comprobó la justicia española en el caso de Shakira.

Residencia y riqueza

Varios estudios han demostrado que las diferencias en impuestos tienen un impacto en la decisión de los ricos sobre dónde vivir, incluso dentro del mismo país.

Se ha documentado que las diferencias dentro de España en el IRPF aumentan significativamente la probabilidad de que personas con altos ingresos (a partir de 90 000 euros) residan en comunidades autónomas con un nivel impositivo más bajo. Y la historia no termina ahí: también señalan que, de manera sistemática, las rebajas en el impuesto al patrimonio han atraído a las grandes fortunas.

Esta forma de competencia fiscal también se documenta a nivel internacional: muchos países ofrecen ciertos beneficios a personas extranjeras que perciben altos ingresos en su territorio. En España, este régimen se conoce como ley Beckham pues el futbolista inglés David Beckham se benefició de él entre 2003 y 2007, cuando jugaba en el Real Madrid. El EU Tax Observatory ha estimado que España deja de recaudar anualmente unos 134 millones de euros por este concepto.

Justicia tributaria global

Ciertas políticas pueden ayudar a diseñar un mundo fiscalmente más justo.

Hace 15 años, era impensable el intercambio de información fiscal que existe ahora pero se logró un acuerdo entre países. Ahora, conseguir un impuesto mínimo definido como una proporción del patrimonio personal –como recomienda el EU Tax Observatory en su informe– podría contribuir a un sistema tributario más progresivo.

Tal vez sea el momento de considerar medidas conjuntas para lograr un sistema más justo en cuanto a los impuestos que deberían pagar quienes poseen más riqueza, sin dejar resquicios en los que esconderse de Hacienda.

Dirk Foremny, Adjunct associate, Universitat de Barcelona

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.