Senadores exigen inventariar bienes de Los Pinos

El pasado 1 de diciembre, la que fuera la Residencia Oficial de Los Pinos y hogar sexenal para 14 mandatarios del país a partir de la gestión de Lázaro Cárdenas del Río en 1935, por mandato presidencial dejó su función como casa oficial del titular del Poder Ejecutivo para convertirse de manera automática en el Complejo Cultural Los Pinos, con acceso al público.

Los 90 mil visitantes que ingresaron a Los Pinos el pasado fin de semana pudieron conocer las distintas casas del complejo habitadas por un limitado número de muebles y obras de arte, entre ellos, los 14 óleos de todos los inquilinos titulares del Ejecutivo, algunos libreros ocupados por ejemplares de pasta gruesa y otros completamente vacíos, y una cuantas obras de arte de valor patrimonial, como el óleo Los volcanes de Luis Nishizawa, en la casa Miguel Alemán, que ocupó el expresidente Enrique Peña Nieto, y un retrato de Venustiano Carranza que David Alfaro Siqueiros realizó en 1949, justamente en la casa que lleva el nombre del revolucionario.

La secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto declaró que el complejo abrió sus puertas al público “exactamente en las condiciones en las que fue entregado”. Y es que la información sobre lo que hubo previo al cambio de gobierno o incluso antes, bajo administraciones anteriores, ha sido difusa, limitada o nula.

Como antecedente, existe una solicitud de información pública realizada al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) emitida con el folio 0210000096012 el lunes 17 de septiembre de 2012, durante el proceso de transición entre los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en la que se pidió “copia digitalizada del inventario de todos los bienes muebles que hay en Los Pinos”. Como respuesta, la Presidencia de la República compartió una lista escueta de mobiliario de oficina que se limitaba a cuantificar equipos electrónicos, escritorios, marcos, mesas, extintores y demás objetos de uso cotidiano.

En otro documento anexo en dicha respuesta, publicada el 15 de octubre de ese mismo año, el Estado Mayor Presidencial anexó una lista de 35 bienes muebles de cargo en la Ayudantía del entonces presidente Calderón, inventariados entre los años 2007 y 2010 y detallados con precio unitario.

De esa lista destacan el óleo sobre tela ya citado; Los volcanes, de Nishizawa, con un costo de 181 mil 818 pesos; la escultura de bronce Pájaro de dos caras, de Juan Soriano, con un precio unitario de 40 mil pesos; una pintura sin título de José Luis Cuevas con un valor para entonces de 60 mil 869 pesos; o una escultura de águila de bronce de Antonio Haghenbeck con un precio de 144 mil pesos, entre otras piezas con valores que van de los 200 hasta más de 200 mil pesos.

hoy en día es incierto saber cuáles de las piezas listadas, con las excepciones mencionadas, permanecen en Los Pinos, si están exhibidas o permanecen en una bodega y, si no es el caso, adónde fueron trasladadas y a cargo de qué persona o institución están.

Solicitud desde el senado

La tarde de este martes, la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos, del Partido del Trabajo, subió al estrado para presentar un punto de acuerdo con el senador de la misma facción, Alejandro González Yáñez, en el que se “exhorta a la Secretaría de Cultura y otras autoridades para que remitan un informe sobre el estado en el que se recibió el Complejo Cultural Los Pinos con carácter de urgente resolución”.

En las consideraciones del documento, turnado ese mismo martes a la Comisión de Cultura del Senado, se especifica que “no solamente las edificaciones que hay en Los Pinos forman parte del patrimonio cultural de los mexicanos sino los bienes muebles que alberga”, y hace referencia a esculturas, estatuas, pinturas, mobiliario de oficina, entre otros, puesto que han sido adquiridos con recursos públicos o bien, han sido obsequiados al titular del Poder Ejecutivo en su calidad de presidente y no a título personal.

Por ello se instó a la Secretaría de Cultura a realizar “un inventario detallado de los bienes inmuebles y muebles que recibieron y un reporte de los faltantes y proporcione una explicación sobre la situación de falta de bienes muebles”, a la Oficina de Presidencia de la República para remitir un listado de los bienes muebles que se encontraban en Los Pinos antes del 1 de diciembre; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación para que investiguen y/o auditen los bienes muebles e inmuebles del complejo.

Al respecto, la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos declaró para El Economista que “debe de hacerse un inventario, que es necesario que el Senado y todos los mexicanos conozcamos, porque el patrimonio de Los Pinos no son nada más los bienes inmuebles, es el patrimonio cultural, el acervo. Incluso, los regalos que se recibieron a título del jefe del Ejecutivo de nuestro país y que no son a título personal”. Declaró que cuando se habla de los bienes de Los Pinos no se hace referencia de los bienes del presidente, sino del patrimonio nacional que se obtuvo a través de los recursos públicos.

“No sabemos si (el patrimonio) está almacenado, si se decidió que por su valor no estuviera en exhibición para no dañarlo; y es por eso que estamos proponiendo este punto de acuerdo, para que se informe”, refirió.

Agregó que se pretende actuar en le marco de la legalidad para evitar especulaciones y que es por eso que el proceso de entrega-recepción “tuvo que haberse documentado muy bien”.

“Si a través de esa información que se nos dé aparecen faltantes que deberían estar bajo el resguardo del Estado, (que) se actúe en consecuencia”, advirtió. “Lo primero sería exigir que se reintegren en un lapso prudente de tiempo y si no, que se finquen responsabilidades de carácter administrativas que pueden incluso incurrir en penales”.

El acuerdo se ha turnado a la Comisión de Cultura que, de acuerdo con la senadora, ha sido bien recibido. Agregó que se espera que este punto de acuerdo sea aprobado antes de la conclusión del periodo ordinario, el próximo 20 de diciembre.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx