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¿Terminará pronto el problema del huachicoleo?
De acuerdo con datos de Pemex, del 2009 al 2016 se contabilizaron 12 tomas clandestinas diarias. Para el 2017 la cifra aumentó a 28.
Después de una serie de sucesos que han involucrado de forma directa a la población, específicamente relacionada con largas filas para conseguir gasolina en las principales ciudades del centro del país, la pregunta es si será posible terminar con el mercado negro del combustible.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en el mes de diciembre el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex, esto con el objetivo de disminuir el robo de hidrocarburos mediante tomas clandestinas, lo que se conoce como “huachicoleo”.
En el pasado, solo el 1.6% de las denuncias presentadas por Pemex sobre el robo de hidrocarburos acabaron en procesos penales. Eso significa que no hay investigaciones previas capaces de absorber todas esas denuncias y demuestra que existe una red de protección a nivel federal y estatal, la cual le cuesta a la nación cerca de 70 mil millones de pesos, según datos presentados por el primer mandatario.
Para explicar el problema, el doctor Jesús Pérez Caballero, profesor investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef) asegura que es necesario tener ciertos datos presentes.
De 2009 a 2016 se contabilizaron 12 tomas clandestinas diarias, con datos de Pemex. Para 2017 la cifra de éstas aumentó a 28. Anteriormente, el gobierno del PRI enfatizó que los robos eran sobre todo por parte del crimen organizado, es decir, de actores no estatales con protección pública.
Lo que podemos ver ahora con la política de López Obrador es que se busca atajar una especie de Estado paralelo en Pemex, resaltando que la corrupción viene desde la propia empresa. Sin embargo, la realidad ha sido siempre transversal, y tanto la delincuencia organizada como ese Estado paralelo forman redes y alianzas que no admiten una explicación única.
El académico destaca que “solamente con el tiempo sabremos si las medidas del gobierno de Morena son las adecuadas, pero algo debemos de tener claro: Terminar con el mercado negro de petróleo requerirá décadas y tampoco sabemos si eso es lo deseable; a lo sumo, se puede mandar un mensaje a la nación advirtiendo que quienes compren huachicol están siendo copartícipes de próximos desabastecimientos. Es a ese efecto preventivo general al que creo le está apostando el presidente”.
Regiones para el robo a gasolina
El especialista de El Colef en su sede Matamoros ya había expuesto sobre las tres regiones principales para el robo de gasolina cuando en su columna semanal “Contextos de seguridad” habló de los Robos en ductos de Pemex y el caso Miranda.
En ese contexto explicaba que la red de ductos de Pemex es de 10,000 kilómetros; entre crudos, gasolinas, diésel, gas húmedo y otros, se complica el problema. Seis estados: Guanajuato, Tamaulipas, Puebla, Jalisco, Estado de México y Veracruz concentran la toma ilegal, pero involucra a otras demarcaciones.
En los últimos años se ha detectado que las tomas ilegales tienen tres subregiones y cada una sus particularidades. Por ejemplo, en el occidente el eje es Jalisco y Guanajuato, con células criminales dedicadas a varios delitos móviles que permiten dar salida al robo de hidrocarburos. “El problema está tan enquistado como poder ir a una casa en cualquiera de estos estados, incluso Michoacán, Colima o San Luis Potosí y que te vendan ese petróleo ilegal”.
Por otra parte el eje estado de México- Puebla, tiene particularidades quizá mucho más complejas, explica. Aquí es donde hay grupos de profesionales dedicados exclusivamente a ello, inclusive con una base social que forma esta subcultura de los huachicoleros tan normalizada y con beneficios que incluso el sector agropecuario de la región ve con buenos ojos, dado que el litro de gasolina se llega a vender hasta en 10 pesos. Se trata de proveer este servicio mediante una forma tan sencilla como “al cliente lo que pida”.
La tercera región tiene como eje Tamaulipas-Veracruz, en ella se puede encontrar un costo de gasolina entre 30 y 40% más barata en comparación al precio en el mercado legal.
