Trabajadores de INAH e INBA piden respeto a sus derechos

El problema de fondo del actual descontento laboral en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene que ver con el poco presupuesto que se le asigna, según se evidenció en las mesas de negociación que se llevan a cabo en la Dirección de Estudios Históricos al sur de la Ciudad de México.

El secretario administrativo del INAH, Pedro Velázquez, reconoció que el recurso público se queda corto para todas las necesidades que presenta la institución, además de que los montos autogenerados del instituto no han sido devueltos a la institución por parte de la Secretaría de Hacienda.

Concluyeron los expertos que esta situación es una de las limitaciones más severas que presenta el sector completo de Cultura en el país.

Representantes de los movimientos generados en las redes sociales #YapágameINAH y #Contratodigno de los trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y del INAH señalaron que las prácticas de no renovación de contratos son injustas y casi “una forma de esclavitud”, según refirió el investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH Bolfy Cottom en declaraciones a El Economista.

“El presupuesto no alcanza para cubrir las necesidades del instituto, los recursos autogenerados que el instituto produce aún no han sido reintegrados por la Secretaría de Hacienda, que obviamente eso va a ayudar a resolver algunas de las demandas, pero no resuelve el problema de fondo y además de que se deben generar sinergias para presentar el proyecto en la Cámara de Diputados quienes aprueban el presupuesto”, explicó Cottom.

El Seminario Patrimonio Cultural Antropología, Historia y Legislación, que abordó la problemática laboral en el sector Cultura, tuvo la participación de María de los Ángeles Medina, Carmen Vázquez, Rubén Darío Bermúdez, Xóchitl Matus y Paulina Fernanda Maya, entre varios trabajadores interesados en mejorar su condición laboral para el sector cultural.

Expusieron que habrían tenido un primer acercamiento con autoridades del INBA, como la propia Lucina Jiménez, sin embargo, no se le ha dado continuidad a sus peticiones de pago, prestaciones y reconocimiento como trabajadores al personal eventual.

Es una violación de derechos laborales y humanos

En este sentido, el antropólogo Bolfy Cottom, quien coordinó las mesas de diálogo, dijo que las actuales condiciones de precarización laboral no son exclusivas de esta administración, pero no se puede hacer caso omiso a la falta de reconocimiento de derechos que han evidenciado durante siete meses los trabajadores de este sector.

“Nada de estas circunstancias justifica un maltrato, ni el trato inhumano. Están pasando por alto derechos laborales y hasta derechos humanos, en las mesas se evidenció hasta persecución hacia las compañeras que han señalado la falta de sus derechos laborales”, destacó.

Se aplica mismo modelo en Cultura Comunitaria

El antropólogo y especialista en legislación cultural Bolfy Cottom dijo que se están viendo los mismos modelos de contratación en los nuevos programas prioritarios de la actual administración de la Secretaría de Cultura.

A nivel federal con los Semilleros Culturales y Pilares, instrumentados por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

“Ahora lo que se está haciendo es darles una especie de beca de 8,000 a 20,000 pesos, y en ese sentido, supongo, lo que han hecho es elaborar una relación de todos esos promotores; teniendo esa relación van a aplicar el mismo procedimiento de contratación a través de empresas de outsourcing, y entonces van a contratar a toda esta gente, enhorabuena si es para tener presencia en lugares del país en donde no estaban, pero va a ser la misma contratación, como prestadores de servicios”, sostuvo el experto.

Enfatizó que, debido a este contexto de descontento con los trabajadores que ya se tiene, se debe revisar “a quiénes se está contratando o cuáles son los criterios para definir qué tipo de promotores o gestores y qué tipo de expresiones culturales”, “me parece que eso no está suficientemente claro, no es lo mismo dar este apoyo comunitario a alguien que genera un producto, un artesano, un diseñador, a alguien que cura un exposición, alguien que crea un espacio cultural, en contraparte a alguien que es el representante de una comunidad y de su actividad primordial como sus rituales; por ejemplo, ellos llevan a cabo sus tradiciones no porque les paguen, sino porque para ellos es fundamental en su existencia”, refirió.

“Creo que el programa tiene buenas intenciones pero no se está dimensionando el problema”, sentenció Bolfy Cottom.

Un camino hacia la solución

“Es fundamental el estado de derecho, yo creo que para empezar es fundamental que nos apeguemos a la norma; si no lo hacemos, vamos a hacer pedazos al Estado porque la ley es el instrumento privilegiado a través el cual el Estado actúa. En este caso, habrá que retomar a la brevedad toda la argumentación que se ha vertido, todas las denuncias de violaciones de derechos laborales, de los adeudos, y si se explica la problemática de fondo, el secretario administrativo fue muy franco en reconocer que el problema es el presupuesto porque no alcanza. Si eso lo tenemos perfectamente claro, podemos darnos una idea de hacia dónde ir y eso no significa que el trabajador deba claudicar en la lucha por sus derechos, significará que se logren acuerdos de cómo y cuándo se van a resolver esos problemas”, finalizó.

katia.nolasco@eleconomista.mx