Lectura 5:00 min
¿Adiós tope al PTU? Proponen eliminar límite de tres meses al reparto de utilidades
Luego de la reforma de subcontratación de 2021, senadores van por un segundo intento por eliminar el tope de tres meses al pago de PTU.
Esta semana se presentó una iniciativa en el Senado para eliminar el tope de tres meses a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa (PTU) y prohibir que el monto esté sujeto a límites máximos. En ese sentido, el proyecto plantea una nueva fórmula para el pago de la prestación.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) es impulsada por senadoras y senadores del Partido del Trabajo (PT) y su objetivo es incorporar un mecanismo “que garanticen a los trabajadores el derecho a recibir una parte justa de las utilidades que ayudaron a generar”.
Al eliminar el tope de tres meses al PTU, los legisladores proponen establecer un piso mínimo para que el reparto de utilidades nunca sea inferior al promedio recibido en los últimos cinco años, “siempre se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador”, indica la iniciativa.
“Es urgente eliminar el tope al reparto de utilidades y avanzar en la construcción de una legislación laboral equilibrada que reconozca la importancia tanto del trabajo como del capital en el proceso productivo”, argumentan los senadores en la iniciativa.
El interés de eliminar cualquier límite al pago de PTU no es nuevo, en el 2021, poco después de la reforma de subcontratación, la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos (PT) también planteó una reforma a la Ley Federal del Trabajo en el mismo sentido.
“Es importante que en la ley no se establezca algún tope para el reparto de utilidades que por derecho le corresponde a la persona trabajadora. De esta manera, se contará con las herramientas jurídicas que garanticen que el proceso de pauperización y degradación de la clase trabajadora no continúe”, expuso la legisladora en aquel momento.
El tope de tres meses al reparto de utilidades fue incorporado en la Ley Federal del Trabajo junto con la reforma de subcontratación del 2021, esta disposición permitió la transición de los cambios, pues el sector empresarial advirtió distorsiones en el pago del PTU al eliminar el outsourcing basado en suministro de personal. Y también fue el consenso con el sector sindical.
Esta disposición se aplicó por primera vez en 2022, y se trata de un límite al monto que reciben los trabajadores, no un mínimo; es decir, al momento de individualizar el pago, la empresa puede toparlo a tres meses en caso de que la cifra exceda este umbral, o pagar el promedio del PTU otorgado en los últimos tres años, la cantidad que sea más favorable para el empleado.
De acuerdo con la Encuesta de Compensación de Personal Sindicalizado y no Sindicalizado, este año seis de cada 10 grandes empresas incrementaron en poco más del 50% el pago de PTU a sus empleados, un pequeño grupo (alrededor del 4%) tuvo aumentos radicales, por ejemplo, de 4,500 a 72,000 pesos.
A decir de las autoridades, la eliminación del outsourcing permitió que más personas accedieran al reparto de utilidades. Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en 2021 cerca de 2.7 millones de personas accedieron por primera vez a este derecho, y tan sólo el año pasado el monto que se repartió tuvo un crecimiento anual de 17 por ciento.
La Corte ya declaró constitucional el tope al PTU
Este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el tope de tres meses al reparto de utilidades. El argumento, fue que al no contemplarse un límite en la Constitución, esta variable puede modificarse en la legislación secundaria.
“Respecto a la Ley, la Sala por unanimidad de votos resaltó que en esta materia el Congreso de la Unión cuenta con facultades para legislar en materia de trabajo y emitir disposiciones concernientes al reparto de utilidades, como la que fue cuestionada”, informó la Suprema Corte en un comunicado.
El límite fijado al PTU fue sólo una de las múltiples impugnaciones que tuvo que resolver la Corte en torno a la reforma de subcontratación, ya que se presentaron diversos amparos contra las nuevas disposiciones para la prestación y contratación de servicios especializados.
En junio del 2023, el máximo tribunal informó sobre la resolución que validaba las nuevas reglas establecidas para las empresas con el régimen de servicios especializados.
En esa ocasión, la Corte destacó que uno de los argumentos para validar la reforma, es que el anterior régimen de outsourcing necesitaba un cambio, porque se presentaron “diversos abusos hacia los trabajadores subcontratados, quienes en ocasiones cotizaban con un salario inferior al que realmente percibían, resultaban afectados en el reparto de utilidades, así como en la esfera de previsión social ante la imposibilidad para obtener una jubilación digna, además del consecuente detrimento en las finanzas públicas”.
