Subir el salario mínimo; vulnerar derechos laborales

Hablar sobre el salario mínimo será cada vez más recurrente de los próximos días, no sólo por las negociaciones en puerta para definir el valor de este referente para 2025 –en las cuales el gobierno federal planteará un aumento de al menos 12%–, sino también porque cada vez más voces irán sumando propuestas en torno al tema.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) revivió este fin de semana su propuesta de “salario digno” –ahora con una iniciativa denominada “vida digna”– con la que propone que este referente al interior de las empresas que operan en el país sea de al menos 12,500 pesos mensuales.

“La pobreza y la desigualdad que existen en el país se reflejan en las empresas y organizaciones. Es por eso que el compromiso real que queremos hacer, y al que queremos invitar a todas las empresas, organizaciones y negocios a unirse, es el compromiso de lograr ese nivel de vida digna. Porque es algo que debemos hacer entre todos. Un México mejor, con vida digna para los trabajadores, sí es posible y por eso, una vida digna para todos los trabajadores”, expresó José Medina Mora, presidente de Coparmex al presentar el proyecto.

Esta meta no está muy alejada de la planteada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien busca que al final de su sexenio el salario mínimo equivalga a 2.5 canastas básicas, lo que en valores actuales representaría 11,500 pesos mensuales –este año el referente es de 7,468 pesos al mes–.

El problema de ambas propuestas, es que ninguna presenta una hoja de ruta integral para llegar a ese nivel en un contexto de baja productividad laboral. La Coparmex lo plantea como un plan de buena voluntad; el gobierno, como algo que se logrará por decreto. Los beneficiarios serán los empleos formales y de la informalidad nadie se acuerda.

Según las últimas cifras del Coneval, el salario promedio que actualmente se percibe en el sector formal es de 10,514 pesos mensuales, por lo que una propuesta de entre 12,500 y 11,500 pesos no suena descabellada. Sin embargo, en la informalidad, la remuneración promedio es la mitad, de 5,120 pesos mensuales, y no hay ninguna propuesta para atender a esta población.

El reto no es menor, pues cerca del 54.3% de la población que participa en el mercado laboral en México lo hace en la informalidad, es decir, 32.1 millones de personas. Estos datos de por sí son preocupantes, pero se hacen más graves al mirarlos de cerca... y en eso sí tienen que ver empresas y gobierno.

La organización México, ¿cómo vamos? presentó hace unos días el informe El laberinto de la informalidad, un reporte detallado sobre el comportamiento de este renglón de la ocupación y sus diferentes vertientes. Entre ellas, llama la atención la informalidad que existe dentro de la formalidad, es decir, los casos de personas que laboran sin contrato y sin seguridad social dentro de la iniciativa privada y el sector público.

Estos datos revelan que una de cada cuatro personas en informalidad laboral en México tiene un empleo dentro del sector formal, ya sea en una empresa o en una dependencia gubernamental. Esto abarca a 8 millones de personas. Eso sí, tienen el nivel de remuneración más alto dentro de estas ocupaciones, pues su salario promedio es de 8,000 pesos mensuales.

Ante este contexto, aunque subir u ofrecer un mejor salario mínimo sea una muy buena idea –con las etiquetas que se le quiera poner–, una vida digna se logra con condiciones laborales adecuadas, como el acceso a la seguridad social y un contrato por escrito –requisitos incluso de lo que se conoce como trabajo decente–, y ahí tanto empresas como autoridades de gobierno todavía quedan mucho a deber como empleadores.

Si no, pregúntenselo a los 8 millones de trabajadores que acuden a un empleo que camina como formal, se mueve como formal y grazna como formal, pero que no deja de ser informal sólo por estrategias de evasión de sus patrones. Hasta que eso no se corrija, no habrá “vida laboral digna” de manera generalizada, por más que se suban los salarios.