AMLO vs. funcionarios públicos: Acto IV

“Hicimos el compromiso de bajar los salarios de los altos funcionarios para aumentar los de abajo que ganan muy poco. Es justicia laboral. Si esto no les parece justo a los funcionarios públicos del más alto nivel de los tres poderes, tienen su derecho a manifestarse y la autoridad competente va a resolver. Lo que sí creo es que hubo un cambio y se va a aplicar una política de austeridad”, Andrés Manuel López Obrador.

Lo ha intentado con dos leyes diferentes y con los proyectos de Presupuesto de Egresos, pero no lo ha logrado. En el sector público todavía hay varios funcionarios públicos que ganan más que él, contrariando la Constitución, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador intentará nuevamente aprovechar la mayoría conformada por su partido y aliados para revertir esta situación.

El titular del Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados hace unos días un paquete de reformas a varias leyes que ha causado polémica por las nuevas reglas que plantea respecto a los contratos del gobierno con empresas privadas. Pero dentro de esta iniciativa también se incluyó una serie de cambios legales en materia de remuneraciones para garantizar que efectivamente nadie en el servicio público gane más que el Presidente de la República y para revivir el candado para la llamada puerta giratoria entre el sector público y el privado.

Siendo justos, el artículo 127 de la Constitución establece desde el año 2009 que ningún servidor público puede tener un salario superior al que tenga el titular del Ejecutivo Federal, pero en varios de los órganos autónomos esta disposición ha sido letra muerta. Los intentos por meter en cintura a todo el sector público en esta materia han sido varios.

Acto I. Antes de que López Obrador iniciara su gobierno a finales de 2018, Morena en el Congreso de la Unión hizo valer su mayoría e impulsó la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que establecía, entre otras cosas, el tope a los salarios. Dicha disposición en particular fue considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en mayo de 2019, lo que obligó al Poder Legislativo a replantear el marco legal y expedir uno nuevo, el cual fue promulgado en mayo de 2021.

Acto II. Desde que asumió su encargo, López Obrador redujo su salario en un 40% e intentó desde su primer Presupuesto de Egresos meter mano a los tabuladores de los órganos autónomos y de los ministros de la Corte. En diciembre de 2018, en medio de la revisión del Paquete Económico 2019 se buscaron las alternativas para reducir los salarios, pero sin mucho avance. Lo mismo ha ocurrido en cada uno de dichos ejercicios desde entonces.

Acto III. En octubre de 2019 el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana que, además de reiterar el tema de las remuneraciones de los servidores públicos, prohibió que las personas que ocuparan cargos de mando superior en la administración pública pudieran trabajar en empresas privadas relacionadas con sus funciones durante un periodo de 10 años después de separarse del cargo –la puerta giratoria–. Esta disposición fue considerada inconstitucional e invalidada por la SCJN en abril de 2022.

Acto IV. En medio de un proyecto de “reforma en materia administrativa” presentado por el gobierno federal, y recibido por la Cámara de Diputados el 24 de marzo de 2023, el presidente retomó nuevamente ambos temas, el de las remuneraciones y del candado de trabajo para los servidores públicos, y propuso una nueva redacción para intentar salvar ambas disposiciones.

A continuación algunas de las características del proyecto:

» Salario por salario, ley por ley

Además de incluir cambios en las leyes de Remuneraciones y de Austeridad, la propuesta contempla ajustes a los marcos legales que regulan la operación del Banco de México, la CNDH, el Inegi, el Inai, la Cofece, el IFT, la Fiscalía General de la República, el TFJA y el Poder Judicial para garantizar desde ahí que ninguno de sus funcionarios tendrá un salario superior al del Presidente de la República.

» Banco central sin referencias bancarias

Se elimina del artículo 49 de la Ley del Banco de México la disposición que establece que el comité que define los salarios de quienes integran la Junta de Gobierno debe considerar la evolución de los sueldos que se pagan en el sistema financiero del país para elaborar el tabulador anual. De esta manera, se quita la obligación de tomar en cuenta las condiciones del mercado laboral del sector para que la institución “cuente con miembros idóneos y el Banco pueda contratar y conservar personal debidamente calificado”.

» Inegi, el patito feo

Dentro de la reforma a la legislación de los órganos autónomos, se plantea la siguiente disposición general en cada caso: “En las remuneraciones que reciban las personas servidoras públicas del (nombre del organismo) en ningún caso pueden rebasar el límite establecido en la fracción II del párrafo segundo del artículo 127 de la Constitución”, es decir, el salario del Presidente de la República, salvo el Inegi. En el caso de dicha institución se establece que los integrantes de su Junta de Gobierno no pueden ganar más de lo que percibe un subsecretario de Estado, pero no se explica el porqué de esta diferencia.

» Candados de diferente tamaño

Respecto de la puerta giratoria, el proyecto establece que es “ilícito” que un funcionario público de mando superior pase inmediatamente a trabajar a una empresa del sector privado que esté relacionada con las tareas que desempeñaba. Para esto, ahora en lugar de un plazo general de 10 años, contempla límites diferenciados distribuidos de la siguiente manera: direcciones generales (4 años), jefaturas de unidad (6 años), subsecretarías (8 años), secretarías (9 años), presidencia de la República (10 años).

“Altos funcionarios de los entes públicos, a la fecha, se resisten a asumir la política de austeridad. Defienden sus inconstitucionales privilegios acentuados por décadas de privatización de beneficios y socialización de las pérdidas económicas. Además de negarse a aplicar medidas de austeridad, se resisten a disminuir los excesivos salarios que perciben”, afirma el titular del Ejecutivo en la exposición de motivos de la propuesta.

Esta reforma es más ambiciosa que las anteriores y abre un nuevo frente contra los servidores públicos. Los cambios previos provocaron olas de más de 30,000 amparos de funcionarios federales en total. Tal vez ayude que en esta ocasión órganos clave como el Banco de México y el Inegi estén encabezados por personas que ocuparon cargos públicos en la administración del presidente López Obrador y esto allane el camino para el ajuste en dichos organismos.

Pero las preguntas siguen siendo las mismas, ¿se atenta con estos cambios contra derechos laborales adquiridos? ¿Se afecta el derecho constitucional al trabajo? En la propuesta enviada a la Cámara de Diputados se dice que no, pero, de avanzar en sus términos esta reforma, tal como reconoce el Primer Mandatario en la cita que abre este espacio, y que corresponde a la primera ola de amparos de 2018, todo parece indicar que será nuevamente la Corte la que tendrá que definir su validez. ¿Será el acto IV el acto final de esta historia de desencuentros?