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Capital Humano

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El día en que murió la reforma de la jornada laboral

La reforma que buscaba reducir de 48 a 40 horas la semana laboral en la Constitución quedó congelada –y sepultada– a pesar de todos los discursos que prometían que vería la luz en el periodo ordinario que concluyó el 30 de abril.

Ilustración EE: Nayelly Tenorio

Ilustración EE: Nayelly Tenorio

El proyecto tomó por sorpresa a todos. El 25 abril del 2023, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen de reforma al artículo 123 de la Carta Magna para cambiar la jornada laboral que por más de un siglo ha imperado en el país y establecer la semana de cinco días de trabajo y dos de descanso.

El alcance de la reforma, con la cual se reduciría de 48 a 40 horas la semana laboral, generó mucha expectativa, discursos encontrados y una falsa sensación de que había un avance importante en las negociaciones. Una vez iniciado el periodo ordinario de sesiones en septiembre, las preguntas sobre el proceso legislativo del proyecto comenzaron a ser más recurrentes.

Pero la reforma no tenía consenso, ni entre los legisladores de oposición ni entre los de los partidos del gobierno. Pero igual se convocó a un parlamento abierto entre octubre y noviembre pasado para discutir las implicaciones del tema, una pasarela en la cual se dieron cita representantes empresariales, sindicales y de la academia.

Los puntos en común del encuentro fueron el rechazo a la reforma en los términos que había sido aprobada en comisiones, el tono fatalista de los representantes de la IP sobre los riesgos del cambio y los duros regaños de Susana Prieto, entonces diputada morenista y autora de la iniciativa, a cada uno de los empresarios que expuso algún argumento en torno al proyecto. También lo fue la ausencia de representantes del gobierno federal en cada uno de dichos encuentros.

Pero no existían los consensos necesarios para juntar las dos terceras partes de los votos requeridos para aprobar una reforma constitucional, por más que Susana Prieto aseguraba y daba fechas de una posible votación en el pleno. No existían ni antes ni después del parlamento abierto.

Los reclamos de los empresarios por un cambio que se había negociado más en la arena de las redes sociales que en los pasillos de San Lázaro llegaron a los oídos del inquilino de Palacio Nacional y el 5 de diciembre vino la primera señal: Andrés Manuel López Obrador dio el primer golpe oficial contra la reforma y pidió que su discusión se pospusiera, pues el primer parlamento había “pasado de noche”.

La palabra se la tomó el presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Jorge Romero, y cuya bancada en la cámara baja manifestó su rechazo desde el principio a la reforma, quien prometió que se conformaría un grupo de trabajo con el gobierno, legisladores, empresarios y sindicatos para construir un nuevo proyecto de reforma y que se tendrían resultados en marzo de este año. Compró tiempo.

Mientras tanto, los principales líderes de la IP se reunieron personalmente el 7 diciembre con el presidente López Obrador y le manifestaron nuevamente sus inquietudes sobre la reforma. Palacio Nacional cerró filas con los empresarios y la reforma fue congelada. “No es una cosa que pueda decidirse nada más por decreto o por una ocurrencia”, dijo Rolando Vega Sáenz, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), tras el encuentro.

El reloj legislativo corrió y nunca vio la luz el famoso proyecto para adecuar la reforma constitucional con principios de gradualidad y flexibilidad, ni en marzo ni en abril. Pero en medio de un proceso electoral presidencial el tema era todavía políticamente rentable, por lo que las promesas de su aprobación fueron y vinieron.

Se trató de “ofrecimientos demagógicos” dijo López Obrador el 12 de marzo, quien pidió nuevamente posponer la reforma para mejores tiempos, no sólo la de la jornada de trabajo, sino también todas las reformas laborales en el tintero legislativo. La señal fue clara y los líderes de Morena en el Congreso de la Unión se alinearon y ahí quedaron para la posteridad cambios que van desde el cierre de la brecha salarial de género hasta la famosa “Ley Silla”.

Y aunque mediáticamente resultó muy atractiva, la reforma de la jornada laboral murió el 25 de abril del 2023 cuando tuvo luz verde en comisiones, no por la necesidad del tema, sino porque no se supo cocinar a la temperatura correcta y porque no estaba ni en la agenda de Morena en el Congreso ni en el panorama de Palacio Nacional. No por los empresarios, pues ellos se han opuesto anteriormente 17 veces a cambios de este tipo, sino porque nuevamente a muchos se les olvidó que las mayorías calificadas todavía se construyen y se negocian.

Si México se suma en el futuro a la tendencia laboral global de reducir las jornadas de trabajo, la reforma constitucional será otra, no la fallida de la LXV legislatura, porque esa murió el día en que se aprobó en comisiones.

Periodista. Actualmente es el editor de El Economista online. Entre 2019 y 2023 coordinó Capital Humano en sus versiones en línea e impresa. Tiene una especialización en periodismo de finanzas y negocios, y en periodismo de datos.

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