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Capital Humano

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El legado de Luisa María

“Los nuestros son los tiempos en donde el modelo laboral anterior en términos de justicia y de representación sindical experimentó un terremoto en el mejor de los sentidos; siguiendo una línea claramente trazada en beneficio de los derechos humanos laborales”.

Foto: Cortesía

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Difícilmente puede pensarse en una época tan trascendental en la historia del Derecho del Trabajo Mexicano como la que nos ha tocado vivir los últimos 10 años. La hoy lejana reforma del año 2012 representó en muchos sentidos, el atrevimiento que se necesitaba en su momento para, por primera vez en el siglo, reformar nuestra Ley Federal del Trabajo.

Aquella reforma que insertara figuras como el periodo de prueba, la capacitación inicial, la limitación de salarios caídos, la noción de trabajo digno y decente, el permiso de paternidad, la subcontratación, entre otras situaciones, polarizó en gran medida a los sectores de la producción. Por una parte, el sector empresarial consideraba que se trataba de una necesaria reforma para flexibilizar la contratación, mientras que el sector obrero la consideraba un atentado a la estabilidad en el empleo. Dado lo social del Derecho del Trabajo, dichas polarizaciones ni sorprenden, ni deben espantarnos.

Sin embargo, lo que ha sucedido en los últimos cinco años, producto de los acuerdos comerciales y el diálogo social entre los sectores, debe llamarnos poderosamente la atención. Los nuestros son los tiempos en donde el modelo laboral anterior en términos de justicia y de representación sindical experimentó un terremoto en el mejor de los sentidos; siguiendo una línea claramente trazada en beneficio de los derechos humanos laborales.

Los retos en términos de implementación en el nuevo sistema de justicia laboral a nivel federal y estatal, las nuevas reglas sindicales, las necesarias batallas por la igualdad salarial, el impulso para compaginar el trabajo y la vida personal a través del disfrute de mayores días vacaciones, así como la “cruzada” para terminar con la simulación laboral que ha caracterizado a nuestro país los últimos años, difícilmente hubieran sido posibles sin un liderazgo sólido y dinámico desde el gobierno federal.

Es cierto que ninguno de los cambios anteriores es responsabilidad exclusiva de nadie, pero, en definitiva, estoy cierto que nunca en la historia había existido un Secretario o Secretaria del Trabajo que enfrentara la cantidad y calidad de retos que enfrentó Luisa María Alcalde Luján.

Para muestra, conviene recordar que una parte fundamental del hoy Tratado comercial entre México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se encontraba anclado en la cantidad de compromisos que le fueron impuestos al Estado Mexicano; muchos de ellos relacionados con los raquíticos salarios que por muchos años se han pagado en nuestro país. La lucha por dignificar los salarios y por proyectarnos frente a los vecinos comerciales como un “buen socio” alejado de prácticas desleales en cuanto a competitividad se refiere, pasaba en gran medida por la implementación eficiente de los acuerdos, pero también por la interlocución entre quienes representan la política laboral de nuestro país.

Me parece que Luisa María retomó de manera exitosa la esencia misma del Derecho del Trabajo, la de un derecho social que debe garantizar pisos mínimos de cumplimiento, sin dejar de escuchar las posturas e inquietudes de quienes representamos al sector empresarial.

Pienso, también, que uno de los logros de la próxima Secretaria de Gobernación fue el de impulsar a las empresas con operaciones en México a tomarse mucho más en serio el más elemental cumplimiento normativo laboral, buscando enfatizar que tarde o temprano tendremos que normalizar que cumplir con la ley es un buen negocio.

Hay que reconocer que Luisa María le puso eficiencia y sensibilidad al trabajo. Como nunca en la historia se habló de temas laborales y se entendió que, más allá de los aspectos técnicos, la agenda laboral es una que debe estar en permanente revisión y análisis, buscando que responda a las exigencias de un mundo del trabajo que avanza a pasos agigantados. Trabajos que por décadas fueron rentables, hoy ya no lo son o posiblemente ya no existen. Modelos impensables hasta hace algunos años son hoy el denominador común de una generación que demanda mayor flexibilidad, mejores condiciones y, sobre todo, una mejor vida.

Los retos para el próximo Secretario del Trabajo, Marath Bolaños, serán muchos y muy variados. Tendrá la encomienda de continuar la extensa tarea de dejar un sistema de justicia laboral lo más ordenado posible, con el fantástico reto que representa la extinción de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Deberá también pulsar con suficiente sensibilidad los temas de potenciales violaciones a la libertad sindical relacionados con el T-MEC, al tiempo de impulsar varias de las exigencias ciudadanas que parecieran llamadas a aparecer por el simple transcurso del tiempo. Una de ellas, la regulación del trabajo para plataformas digitales. Y, no menos importante, hago votos para que mantenga los muy eficientes canales de comunicación con la ciudadanía que dejó la Secretaria Alcalde. Hoy pareciera que todos quieren saber y opinar de temas laborales y, francamente, me parece algo necesario en la más básica esfera social, por lo que debe celebrarse y mantenerse.

A Luisa María, le auguro éxito y le agradezco por haber elevado el nivel y el tono de la conversación. Por lo pronto, estoy seguro de que pasará a la historia como una de las máximas responsables de la redefinición del trabajo en México. Cumplió con creces.

Socio Director y fundador de Ferran Martínez Abogados, especializado en consultoría laboral, reestructuras laborales, cumplimiento normativo, litigio, terminaciones de alto riesgo, negociaciones colectivas y elaboración de planes de incentivos para ejecutivos de alto nivel. Es coordinador de la Comisión de Derecho Laboral del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y presidente de la Comisión Nacional de Compliance. Profesor invitado en diversas universidades y capacitador de la reforma laboral para los Poderes Judiciales del Estados de México, Campeche, Morelos, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Baja California, entre otros.

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