Los esqueletos de Jóvenes Construyendo el Futuro

No ha salido libre en ninguna revisión. En su cuenta hay beneficiarios fallecidos, becarios que no debían recibir apoyo y violaciones a las reglas de operación que no fueron supervisadas a tiempo, entre otros. Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), el programa insignia de la Secretaría del Trabajo (STPS), sumó nuevas irregularidades, ahora por un poco más de 5.1 millones de pesos.

Dentro de la segunda entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) incluyó de nueva cuenta una supervisión de cumplimiento al programa de becarios de la STPS y señaló nuevas deficiencias, las cuales van desde becas que no debieron entregarse hasta la pérdida de tarjetas bancarias de beneficiarios.

Si bien la ASF reconoce que se han hecho varias adecuaciones al programa en aras de la transparencia y para hacer frente a las irregularidades que se han detectado en ejercicios anteriores, los resultados del nuevo examen no son del todo favorables para la dependencia que encabeza Marath Bolaños López, quien precisamente el año pasado todavía tenía a su cargo la supervisión directa de JCF como Subsecretario de Empleo.

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa de capacitación que conecta a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan con un centro laboral, ya sea del sector público o privado, para el desarrollo de habilidades. La participación es hasta por 12 meses y garantiza para los beneficiarios una asignación de una beca equivalente a un salario mínimo, lo que este año representa 6,310 pesos mensuales.

De acuerdo con datos de la STPS, en lo que va del sexenio, el programa de becarios ha beneficiado a 2.6 millones de personas jóvenes dentro de ese rango de edad. Pero a lo largo de su existencia, este proyecto ha acumulado una serie de críticas por importantes irregularidades detectadas.

En el documento difundido por la ASF hace unos días, la entidad dependiente de la Cámara de Diputados da cuenta que incluso la Secretaría de la Función Pública señaló en su Plan Anual de Fiscalización 2022 señaló deficiencias en la operación de JCF, principalmente por “pagos a la población fallecida por falta de verificación con los registros del Renapo” (Registro Nacional de Población), así como por carencia de controles para verificar que no hubiese beneficiarios duplicados con otros programas sociales y para supervisar a las empresas. En parte, afirma la STPS, esto comenzó a resolverse este año.

En particular, son cuatro las observaciones de la ASF a la ejecución de JCF durante el año fiscalizado:

1. Servidores públicos como becarios. Se detectó que hubo 242 beneficiarios del programa que recibieron pagos como aprendices a pesar de estar dados de alta como personal del gobierno, esto de acuerdo con los registros del ISSSTE. Y aunque dicha situación fue reportada por la institución de seguridad social estatal, la STPS “no realizó la baja de los beneficiarios del programa”. El posible perjuicio a las finanzas públicas de esta omisión es de 5.1 millones de pesos.
2. Tarjetas bancarias perdidas. En este tema hay dos situaciones que la autoridad laboral debe aclarar. La primera es que hubo 5,491 tarjetas del Banco del Bienestar de beneficiarios del programa que no se entregaron y no se realizó el trámite para desvincular los plásticos no reclamados. La segunda, en Michoacán se “perdieron o extraviaron” 355 tarjetas bancarias y no se reportó esto a la entidad financiera para su cancelación. Por esta situación se presentó una “promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria” para que la dependencia realice una investigación interna y proceda contra los servidores públicos responsables.
3. Falta de difusión de acuerdos. La ASF señala que, a lo largo del año, el Comité Técnico de JCF llegó a siete acuerdos que incidieron en la operación del programa, sin embargo, no se hizo ningún esfuerzo para publicarlos o difundirlos. A decir de la entidad fiscalizadora, esta omisión complica la transparencia tanto para ejecutores, beneficiarios y centros de trabajo.
4. Expedientes incompletos. En la revisión se detectaron deficiencias en la integración de los expedientes de los participantes del programa, por lo que se le recomendó a la STPS fortalecer los mecanismos de control y supervisión para garantizar que éstos cumplan todos los requisitos, en especial en lo referente a las evaluaciones que realizan tanto los aprendices como los tutores y que deben ser validadas por los supervisores de la dependencia.

Ésas son las principales observaciones realizadas en esta ocasión por la ASF, sin embargo, a lo largo del documento de 30 páginas se deja constancia de otras deficiencias, sobre todo en lo que respecta a los mecanismos de supervisión de la STPS, las cuales fueron aclaradas por la dependencia hasta el proceso de revisión.

Y si bien es cierto que oficialmente las observaciones han venido disminuyendo ejercicio tras ejercicio fiscalizador, es preocupante que en los años de operación que lleva el programa todavía haya esqueletos en su clóset, principalmente por aspectos que ya se han señalado, como beneficiarios que no cumplían los requisitos para ser becarios, funcionarios de otras dependencias que recibieron recursos y fallas en el control interno, qué decir del “extravío” de tarjetas bancarias no reportadas.

¿Logrará cerrar la STPS su gestión sexenal sin omisiones millonarias en su programa insignia? ¿Hay garantías de que no aparecerán más esqueletos, sobre todo en la antesala de un año electoral donde los programas sociales cobran más relevancia?