Lucha contra el trabajo infantil: El papel clave de los sindicatos en México

Si las leyes ya prohíben el trabajo infantil, no tiene caso hacerlo en un contrato colectivo de trabajo (CCT). “La verdad, eso fue lo primero que pensamos. A veces los sindicatos olvidamos que nuestro deber es impulsar el trabajo decente”, se sincera Miriam del Sol Merino, de Sindicatos Unidos con México Moderno (Sucomm).

Y el trabajo decente también implica promover y asegurar, en el amplio marco de la responsabilidad sindical, que la niñez esté en la escuela y no en el empleo.

Luego de verlo desde esa perspectiva, Sucomm se ha convertido en la primera entidad gremial del país en incluir Cláusulas Tipo Contra el Trabajo Infantil en cinco CCT vigentes en diversas empresas. La iniciativa cobra mayor relevancia al considerar que México es el país con más niñas, niños y adolescentes laborando de todo el continente.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022, más de 3.7 millones de personas de entre cinco y 17 años se encuentran en esta condición. En 2020, Brasil reportaba 1.76 millones de niños, niñas y adolescentes trabajadores, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Las cláusulas acordadas establecen una responsabilidad compartida entre la empresa y los trabajadores para garantizar la erradicación del trabajo infantil mediante una vigilancia activa y constante, explica en entrevista Sol Merino, representante en Baja California de Sucomm.

“Nos volvemos observadores para evitar el trabajo infantil y para acompañar el trabajo de adolescentes en edad permitida”, comenta.

¿Para qué incluir nuevas cláusulas del CCT?

Hace unos meses, el equipo de AccioNNAr, el proyecto de la Oficina para México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dedicado al combate del trabajo infantil y el trabajo forzoso, le planteó a Sucomm la necesidad de incluir esas cláusulas.

“Al principio, pensamos: ‘si ya está en la ley, ¿para qué queremos meterlo en el contrato colectivo?’”, recuerda Sol Merino. “Antonio Benavides, coordinador de AccioNNAr nos platicó sobre el proyecto y qué es lo que conllevaba tener esa prohibición en nuestros contratos”.

Sucomm está conformado por 11 sindicatos, representa a más de 140,000 personas trabajadoras en más de 800 centros de trabajo. Están presentes en la industria automotriz, electrónica, de servicios, comercios, agrícola y autoservicios, entre otras. En esos sectores están presente el trabajo infantil y adolescente.

Los contratos colectivos que se modificaron están en dos empresas maquiladoras y ensambladoras, la primera es Panasonic Ecology Systems de México, en Tijuana, Baja California. La otra es Tegrant de México, en sus plantas de Tijuana; Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; y Celaya, Guanajuato. Son cinco CCT en total.

Luego de la charla con el equipo de la OIT comprendieron, dice la exdiputada federal por el PRI, que “la base sindicalizada no puede quedarse pasivamente a esperar que las autoridades cumplan la ley. Tenemos la posibilidad de tomar acción por medio de nuestros contratos colectivos y ahí establecer condiciones y obligaciones justas”.

Trabajo adolescente permitido

El proyecto AccioNNAr de la OIT forma parte de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores (CITI), del gobierno federal.

“Ha apoyado técnicamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en cuanto a la promoción de la inclusión de las Cláusulas Tipo Contra el Trabajo Infantil para proteger el trabajo adolescente permitido” en los contratos colectivos, señala la OIT.

En la industria maquiladora donde Sucomm está presente “no se ha visto trabajo infantil. Sin embargo, sí hay contrataciones de adolescentes en edad permitida. Es verdad que a veces ellos y ellas no se les dan los mismos derechos que a otros trabajadores”, reconoce Miriam del Sol Merino.

Este hecho fue otro de los puntos que pudieron observar tras la reunión con AccioNNAr, en la que también estuvieron presentes representantes de la STPS.

“Ahora, con las cláusulas tipo en nuestro contrato colectivo, tenemos la obligación de vigilar que las contrataciones de adolescente se realicen conforme la ley”. Por ejemplo, que se les asignen tareas acordes a su edad, se les pague de manera justa y les otorguen seguridad social, entre otros derechos básicos.

Para incluir estas cláusulas tipo en los contratos colectivos de trabajo, debieron negociar de manera colectiva entre base trabajadora y empresas.

Por ello, AccioNNAr destaca el caso de Sucomm, pues la incorporación de estas cláusulas se interrelaciona con “tres de los principios y derechos fundamentales del trabajo que reconoce la OIT: la libertad sindical, el derecho de negociación colectiva y la eliminación del trabajo infantil”.

Trabajo infantil en el campo, el más difícil de erradicar

En todas las regiones del mundo, según la OIT, el sector agropecuario es donde más se utiliza la mano de obra de niñas, niños y adolescentes. En México, el 33% de la niñez y adolescencia trabajadoras se emplea en el campo.

El sector de servicios es el segundo sector (23.2%) donde más trabajan y el comercio se ubica en el tercer sitio (21.5%), según la ENTI.

Sucomm ha comenzado las pláticas en algunas empresas agrícolas para incluir la cláusula contra el trabajo infantil en los contratos colectivos vigentes.

“La negociación depende de cada rancho. Nosotros tenemos la fortuna de trabajar con ranchos cuidadosos, que cumplen las políticas y las leyes”, sostiene Miriam del Sol Merino.

“Lo que nos preocupa es que, platicando con los compañeros que trabajan en el campo, hemos visto que no todos están de acuerdo en que no se contraten a menores”.  

Las familias jornaleras que no están convencidas “tienen muchas carencias económicas y en los lugares donde trabajan no hay escuelas para sus hijos. Los padres nos dicen que prefieren que estén con ellos, trabajando en el campo, a que caigan en drogas o que sus hijas queden embarazadas muy jóvenes, ante la falta de otras oportunidades”.

Como lo ha señalado la STPS, la OIT y especialistas en el tema, el trabajo infantil y adolescente no permitido es multifactorial y estructural.

Los testimonios de las familias jornaleras nos lo recuerdan: falta de centros educativos, de guarderías y el pago de salarios bajos sin seguridad social a los padres y madres le va cerrando el camino a las niñas, niños y adolescentes a una vida digna.

“Por eso los sindicatos no podemos quedarnos cruzados de brazos a que este enorme problema se solucione solo, o lo hagan unos cuantos. Es también nuestra responsabilidad y podemos hacerlo”, apunta Miriam del Sol Merino.