Personas trans, migrantes y con VIH, las más discriminadas en el acceso al empleo

En el país, más 13.4 millones de hombres y mujeres dicen que no contratarían a una persona que vive con VIH o Sida. Para darnos una idea, es como si toda la población de la Ciudad de México junto con la de Oaxaca se negaran a darle el empleo a quienes tienen esa condición de salud.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los resultados de la última edición de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis), y en el ámbito laboral nos muestra que las personas que viven con VIH o Sida, las migrantes o refugiadas y las trans son las más discriminadas en el derecho al trabajo.

Durante el año pasado, el Inegi le preguntó a la población mayor de 18 años sobre diversos temas y en el grado de apertura para contratar a personas con VIH/Sida, a nivel nacional el 15% dijo que su aceptación es nula. Pero esa porción se eleva a 29% en Guerrero, 28% en Oaxaca y 27% en Chiapas.

En todo el país, el 11%, lo que equivale a más de 9.8 millones de personas, respondió lo mismo en cuanto a la población transgénero, transexual o travesti: no le daría un trabajo.

Entre las personas migrantes y refugiadas, el promedio nacional de rechazo es de 10%, pero Oaxaca duplica esa cifra, Chiapas (19.5%) y Tabasco (17%) son el resto de los estados con las proporciones más altas de población cerrada a la contratación de este grupo vulnerable.

La Enadis 2022 es la segunda edición de esta investigación para generar datos “sobre la situación que guarda la discriminación en el país, específicamente hacia los grupos que de manera histórica y estructural han sido discriminados”, explica el Inegi.

Esta segunda encuesta “da continuidad al ejercicio realizado en 2017 por el Inegi, en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que profundizó en las causas y los efectos de la discriminación”.

¿Qué es la discriminación?

La discriminación es un delito cuya sanción está indicada en el artículo 149 Ter del Código Penal Federal (CPF). Está considerado así porque discriminar implica la negación o la reducción en el acceso y disfrute de derechos y libertades fundamentales.

Es decir, no se trata solo de comentarios u opiniones. La pregunta que el Inegi hizo a la población mayor de edad buscaba saber si contrataría a personas pertenecientes a grupos históricamente excluidos.

Quienes respondieron que su grado de apertura es “nada”, les estarían negando el derecho al trabajo, garantizado en los artículos 5º y 123 de la Constitución. Al impedírselos, afectan el goce de otros, como la vivienda, la alimentación, la educación, la salud, el libre desarrollo a la personalidad y más.

Las sanciones que establece el CPF a quien “por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole” discrimine a una persona, son:

• De 1 a 3 años de prisión o de 150 cincuenta a 300 días de trabajo comunitario

• Hasta 200 días multa

Otros prejuicios que afectan el derecho al trabajo

Más de 8.8 millones de personas respondieron al Inegi y a Conapred que no contratarían a una persona homosexual o lesbiana. El 5% de la población nacional, lo que equivale a más de 4.4 millones de personas, le negarían el empleo a una persona afrodescendiente y 3.3 millones a una persona indígena.

A las personas con discapacidad les negarían el acceso al empleo el 5% de la población mayor de 15 años, mientras que un 4% no contrataría a mujeres embarazadas o con hijos pequeños, y un 3% haría lo mismo con adultos mayores.

En esta versión de la Enadis, al igual que en la de 2017, fueron incluidas frases discriminatorias y las personas encuestadas debían señalar si estaban de acuerdo o no con esa aseveración. Esta comparación muestra avances en el reconocimiento y respeto de derechos.

Por ejemplo, en 2017 el 25% de la población nacional estuvo de acuerdo con este enunciado: “las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo”, mientras que en 2022 el porcentaje bajó a 23 por ciento.

Hace seis años, el 39% pensaba que “los pobres se esfuerzan poco por salir de su pobreza”, el año pasado 34% concordó con esa frase. Otra más: “cuando hay desempleo, debe negarse el trabajo a personas extranjeras”, en la primera encuesta el 23% estaba de acuerdo con ello, en la última edición esa proporción bajó cuatro puntos porcentuales.

El prejuicio con una mayor reducción fue sobre la irresponsabilidad de las y los jóvenes, entre la primera y segunda encuesta esta percepción disminuyó de 60% a 50% de la población.