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Precarización laboral y género en México
A pesar de tener normas con los más altos estándares de respeto y protección de los derechos humanos de las mujeres en el área del trabajo en el país, la realidad suele estar alejada de lo que nuestras leyes señalan
El acceso al trabajo digno no es igual para todas las personas en México. El acceso a las oportunidades de trabajo con prestaciones establecidas en la ley y bien remuneradas está directamente relacionado, entre otros factores, con la clase social, el nivel educativo y, por supuesto, el género.
Históricamente, diversos trabajos realizados en su mayoría por mujeres han tenido poco reconocimiento social, mala remuneración económica, han sido ejercidos sin derechos laborales que protejan a las trabajadoras, e incluso han sido espacios de violencia y discriminación contra ellas.
Un ejemplo es el trabajo en la industria indumentaria: ropa, calzado y accesorios. El Índice de la Transparencia de la Moda en México 2021 muestra que, a nivel internacional, entre 70 y 80% de la fuerza laboral del sector de las prendas de vestir confeccionadas en los países productores son mujeres con bajos niveles de educación y, con frecuencia, menores de edad y personas migrantes.
Conforme a este índice, dos de cada tres personas que trabajan en la industria de la moda sin remuneración son mujeres y casi seis de cada diez personas laborando en esta industria bajo una subcontratación abusiva, también son mujeres. A esto se suma que la Cámara Nacional de la Industria del Vestido destaca que en México las mujeres representan 68% de la fuerza de trabajo en la industria de la confección de prendas de vestir.
Otra muestra de la precarización laboral en una actividad ejercida mayoritariamente por mujeres es el trabajo del hogar. Si bien hay avances importantes que se han obtenido gracias al esfuerzo de las trabajadoras de este sector, ésta sigue siendo una actividad feminizada y precarizada. De acuerdo a la Encuesta Sobre Derechos de las Personas Trabajadoras del Hogar, 88% de las personas trabajadoras del hogar son mujeres, 99 de cada 100 trabajan sin contrato y ganan un aproximado de 38 pesos por hora.
Otro ejemplo es el trabajo sexual. De acuerdo con la Alianza Mexicana de Trabajadorxs Sexuales, la clandestinidad en la que se ejerce este trabajo hace que el acceso a la justicia y los derechos laborales sean en muchas ocasiones casi imposible. Además, a nivel social es común que se desconozca la diferencia entre el trabajo sexual y el delito de trata de personas, lo que pone a las trabajadoras sexuales en una situación de vulnerabilidad en la que si no se declaran como víctimas del delito de trata pueden ser acusadas de ser victimarias. Esto además las enfrenta ante un sistema de justicia plagado de estereotipos de género en el que lejos de obtener justicia, sufren revictimización y violencia institucional.
Actualmente en México existen normas jurídicas fortalecidas para atender las problemáticas que se presentan en el ámbito laboral, incluso desde la perspectiva de género. La reforma en materia laboral en la que se prevé la obligación de los centros de trabajo de contar con protocolos para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral en los centros de trabajo y la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso son avances importantísimos para el marco legal que debe proteger a todas las personas trabajadoras en México.
Sin embargo, a pesar de tener normas con los más altos estándares de respeto y protección de los derechos humanos de las mujeres en el área del trabajo, la realidad suele estar alejada de lo que nuestras leyes señalan. Se deben reforzar las acciones implementadas por el Estado y las empresas para mejorar las condiciones laborales, sobre todo de los sectores más precarizados.
Igualmente, se debe seguir trabajando para que el nuevo sistema de justicia laboral sea implementado desde una perspectiva de género, contemplando las interseccionalidades que profundizan la desigualdad.
Es necesario que lo que hoy está escrito en el marco jurídico se transforme en un contexto de justicia social y en el que el acceso a los derechos laborales sea igual para todas las personas, especialmente de las mujeres.
*Ana Laura Velázquez Moreno y Selma Maxinez Sánchez son integrantes de Círculo Feminista de Análisis Jurídico (@CirculoAnalisis)