Puerta giratoria: ¿Cuánto deberían esperar los burócratas para incorporarse a la IP?

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional el candado de 10 años para que los servidores públicos de alto nivel puedan trabajar en la iniciativa privada (IP), movimiento conocido como “puerta giratoria”, el senador Ricardo Monreal Ávila (Morena) anunció que el Senado retomará el tema y con ello se reabrirá el debate: ¿Cuánto tiempo deben esperar los burócratas para emplearse en el sector privado?

Como contexto, con la aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana en 2019 nuestro país se convirtió en una de las economías con los candados más fuertes para el uso de la puerta giratoria, luego de tener una de las regulaciones más laxas en esta materia. Aunque en primera instancia el dictamen contemplaba un período de enfriamiento de cinco años, al final el Congreso de la Unión avaló duplicarlo. La medida era aplicable a secretarios de Estado, subsecretarios, oficiales mayores o equivalentes, jefes de unidad y directores generales.

La Suprema Corte consideró que el período de enfriamiento por 10 años contemplado en la legislación violaba el derecho a la libertad de trabajo. Entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el promedio de tiempo de espera es de tres años.

“Desde que salió el proyecto, nosotros planteamos que el tiempo tenía que ser entre dos y cuatro años máximo, que es el estándar internacional. Pero el problema es la falta de mecanismos para asegurar que se pueda vigilar esto. Creo que el número de años es lo que se conoce como populismo legislativo, si dices 10 o 15 suena a que es muy agresiva la legislación”, expone en entrevista Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de la organización Transparencia Mexicana.

En España, Japón, Reino Unido y los Países Bajos, por ejemplo, la espera es de dos años. En Estados Unidos y Canadá la puerta giratoria está trabada por cinco años, en este último país existe un código estricto con 20 recomendaciones muy específicas para evitar los conflictos de interés. Mientras tanto Transparencia Internacional recomienda un período de dos años antes de que los burócratas den el brinco a la IP.

Desde la perspectiva de Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un candado más adecuado para la puerta giratoria sería entre seis meses y hasta dos años, de acuerdo con la experiencia internacional.

“Esto sería algo más cercano a la realidad, más proporcional y manejable, porque finalmente le estamos impidiendo a una persona que trabaje, que obtenga recursos y que genere ingresos de un área que es un tema de expertis”, apunta el especialista.

Los candados a la puerta giratoria, explica Eduardo Bohórquez, tienen como objetivo evitar que la información privilegiada a la que tienen acceso algunos burócratas se use para fines comerciales, o bien que las decisiones que toman se conviertan en algún tipo de cohecho o soborno. “Imagínate que tú entregues permisos o autorizaciones en tu último año de funciones, te vas y después te contrata el sujeto al que le diste la concesión o el permiso. Es una figura necesaria en toda democracia”.

Además de esto, el período de enfriamiento evita la competencia desleal en el sector privado y ayuda a la competitividad del país al fortalecer la política pública de integridad y el estado de derecho, elementos importantes para la inversión.

¿Por qué a los burócratas?

¿Por qué si nuestra Constitución protege el derecho al trabajo, los burócratas deberían tener un período de enfriamiento a diferencia de trabajadores que tienen una movilidad dentro del mismo sector privado? Esto se debe a que el régimen del servicio público tiene un nivel de exigencia mayor.

“El régimen de responsabilidades de los servidores públicos es mayor al de cualquier otro ciudadano. Al gobierno se le exige más en términos de responsabilidades por diseño constitucional. Es un mecanismo necesario porque está visto. Hay casos típicos, como los de los gobernadores entregando notarías en el último año de gobierno a amigos cercanos o a personas que no tenían el derecho de ser federatarios públicos y, con esa entrega, les estás regalando un negocio para siempre”, expone Eduardo Bohórquez.

Las funciones de un burócrata, complementa Manuel Guadarrama, son distintas a las de cualquier otra actividad laboral. Es decir, el carácter público rebasa la esfera del interés particular y, por lo tanto, los servidores públicos tienen la encomienda de cumplir los mandatos legales y constitucionales de sus puestos.

“Teniendo en cuenta que el interés público es la razón de los funcionarios, la regulación a la que se sujetan siempre tendrá medidas especiales en comparación con los trabajos en la iniciativa privada”, agrega.

No basta con cambiar los años

La modificación del tiempo de espera es un buen paso para reforzar la puerta giratoria, pero no es el único elemento que debe considerar la nueva regulación, apunta Eduardo Bohórquez. Desde la óptica del especialista, para tener una legislación más adecuada es importante considerar el nivel de riesgo y de responsabilidad que tiene la posición que ocupa el servidor público.

“Por ejemplo un secretario de Estado tiene acceso a mucha más información que un director general o un jefe de departamento, entonces tiene que ser proporcional al nivel de responsabilidad y al grado de riesgo que hay en el manejo de la información sensible o confidencial”, señala.

Sin embargo, posiciones como la Jefatura de la Oficina de la Presidencia pueden tener más acceso a información privilegiada que algunos secretarios de Estado. “Lo que resulta una buena práctica es hacerlo acorde al nivel de responsabilidad. Puede haber cosas interesantes aquí: por ejemplo, un funcionario de la dirección general de minas que podrías pensar que no tiene información sensible, pero tiene datos más sensibles que un secretario”, ejemplifica Eduardo Bohórquez

Para Manuel Guadarrama, más allá de del período de enfriamiento, la nueva regulación debe considerar un mecanismo de vigilancia de la puerta giratoria en ambos sentidos: del servicio público a la IP y viceversa.

“Finalmente con prohibiciones no vamos a llegar a ningún lado. Esto no es un tema de derecho penal, pero sí es un tema de derecho administrativo sancionador y, en este caso, el propósito es la prevención, la elevación de los estándares, generar mecanismos de vigilancia y de seguimiento que nos permitan cumplir con la normatividad”, apunta.

Eduardo Bohórquez coincide en la importancia de acompañar los períodos de enfriamiento con un mecanismo de vigilancia y para ello plantea alternativas como que los burócratas tengan que informarle a la autoridad sobre quién será su nuevo empleador. “En cuanto los servidores públicos estén obligados de informar a la Secretaría de la Función Pública o sus equivalentes estatales sobre cuál es la nueva posición, esa unidad de gobierno no puede decir que no conoce la situación”.

Los candados a la puerta giratoria, enfatiza el especialista, no buscan que las personas no tengan empleo, sino que quien esté interesado en ingresar al servicio público “lo piense bien”, porque hay que estar consciente que el régimen es de mayor responsabilidad.