¿En qué falla el sector inmobiliario en México respecto a la prevención del lavado de dinero?

Los profesionales que se dedican a la comercialización de bienes inmuebles en México todavía tienen deficiencias para ayudar a prevenir el lavado de dinero en las operaciones que realizan, de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el blanqueo de capitales a nivel mundial.

De acuerdo con el organismo, con base en información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se han encontrado distintos hallazgos obtenidos en las supervisiones (in situ y extra situ), los cuales derivaron en distintas infracciones por las siguientes razones:

• 77% de las infracciones fue por falta de medidas adecuadas para llevar a cabo la correcta debida diligencia del cliente.
• 13% de las multas corresponde a la falta de presentación de los avisos en los plazos y forma previstas por las autoridades.
• 7% de las sanciones fue por la falta de medidas adecuadas para llevar a cabo la correcta identificación del beneficiario final.
• 3% de las multas corresponde a los incumplimientos demás obligaciones descritas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como Ley Antilavado.

En México, la comercialización de bienes inmuebles es considerada una actividad vulnerable al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por lo que los profesionales que participan en estas operaciones son sujetos obligados que deben de cumplir con las obligaciones de la normativa.

Dentro de las principales obligaciones que deben cumplir son:

• Presentar avisos al SAT cuando registren una operación igual o superior al equivalente a 8,025 Unidades de Medida, que son arriba de los 722,000 pesos.
• Custodiar, proteger y resguardar información de la operación por un plazo de cinco años.
• Brindar facilidades para que se lleven a cabo visitas de verificación.
• Contar con un manual de identificación de clientes y usuarios.

Panorama del país

Actualmente, el padrón de actividades vulnerables en México está compuesto por un universo de poco más de 100,000 sujetos obligados, de los cuales cerca de 16%, es decir alrededor de 15,748, se dedican a la comercialización de bienes inmuebles.

De acuerdo con el GAFI, desde el 2019, el SAT ha realizado distintas acciones para tener una mayor vigilancia sobre esta actividad, que en el país está considerada como de riesgo medio-bajo en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

"Se observaron infracciones recurrentes, por lo que se realizaron acciones de divulgación virtual y presencial para continuar con la retroalimentación y actualización constante de los perfiles de riesgo, así como dar seguimiento y asesoría a los profesionales", detalló el GAFI en su reciente actualización de su guía de enfoque basado en riesgo para el sector inmobiliario.

Para el GAFI, el actuar del SAT se ha traducido en una mayor conciencia del sector inmobiliario respecto al cumplimiento que debe de tener y al fortalecimiento de las medidas para acotar los riesgos de lavado de dinero.

"Se ha facilitado el cumplimiento de sus obligaciones ante las autoridades nacionales y se han aclarado dudas sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa nacional", acotó el organismo internacional.