España pondrá freno al aumento en el precio de la vivienda en renta; “va contra el libre mercado”, dicen propietarios

Después de meses de negociaciones, parece que la primera Ley de Vivienda en España será una realidad en este 2023, gracias al acuerdo entre el Gobierno y partidos políticos de izquierda para aprobar la normativa.

Dicha ley reconoce el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, por lo que pretende intervenir y regular el mercado del alquiler para frenar el aumento de precio de los alquileres.

Luego del anuncio de aprobación de la normativa, el sector inmobiliario de España no se ha mostrado del todo conforme. La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), por ejemplo, indicó al portal inmobiliario Habitaclia que la propuesta es “un ataque a los propietarios”.

José Ramón Zurdo, director general de la ANA, catalogó la regulación de precios como “un grave error” que afecta a los grandes propietarios que son los que generan, de forma inmediata, más oferta de vivienda en renta.

“Es una medida que va contra la libre competencia y la libertad de mercado. Aumentar la fiscalidad y hacerles bajar los precios irá directamente en contra de la viabilidad de su negocio, terminarán por cerrar su actividad en España. Muchos de estos activos se venderán y se perderá oferta”, comentó Zurdo.

En una posición contraria, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, subrayó que esta primera Ley de vivienda permite comenzar a ordenar el sector inmobiliario y dejar atrás las burbujas inmobiliarias, la especulación y los “pelotazos urbanísticos”.

Además, la funcionaria recordó que la crisis financiera del 2008 provocó miles de desahucios y una burbuja posterior en el mercado del alquiler, que ha provocado que los precios de los arrendamientos hayan subido hasta 50% entre el 2015 y el 2020.

"Era hora de equilibrar esa balanza; por eso esta ley protege a los inquilinos, que son la parte más débil de la ecuación, se lo pone fácil a los pequeños propietarios y, al mismo tiempo, exige la necesaria corresponsabilidad a los grandes propietarios en la garantía del derecho a la vivienda", dijo Belarra.

¿Qué cambiará con la nueva Ley?

El texto de la futura Ley de Vivienda no ha sido publicado, ya que su aprobación se espera hasta finales de mayo de este año. No obstante, ya se han anunciado algunas de las medidas que contempla.

Por ejemplo, se maneja que se busca bajar los alquileres en las zonas con “mayor tensión”, que es el objetivo principal de la normativa, especialmente el de aquellas viviendas que concentran los grandes propietarios.

De esta premisa surgen dos aspectos a tomar en cuenta. El primero de ellos determinaría las zonas tensionadas, que se prevé sean áreas que cuenten con alguna de las siguientes condiciones:

• Que el costo de la hipoteca o el alquiler mensual supere 30% de la renta media
• Que el precio de venta o alquiler de la vivienda haya aumentado 3 puntos por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los 5 años previos a la declaración de área tensionada.

Por otro lado, la definición de grandes y pequeños propietarios ha sido uno de los principales conflictos que ha obstaculizado el acuerdo para aprobar la Ley. Al final, se ha decidido que sólo se considerarán grandes propietarios a aquellos que tengan diez inmuebles o más.

Según Habitaclia, otra de las estrategias será congelar precios, si es que los espacios se encuentran en ciudades en los que acceder a una vivienda en alquiler es particularmente difícil, tanto por el déficit existente como por los precios.

La Ley podrá ser aplicada siempre y cuando, las comunidades autónomas deseen solicitar al Gobierno la declaración de “zonas de mercado de alquiler tensionado”.

Por otra parte, se espera que, a nivel municipal, la futura normativa habilitaría a los ayuntamientos para aplicar un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de hasta el 150 % en viviendas vacías.

No hay datos sobre las condiciones específicas que deberán reunir esas viviendas, pero sí se sabe que los ayuntamientos no estarán obligados a aplicar esta medida.

Finalmente, el Gobierno intentará compensar la congelación en los precios con la aplicación de bonificaciones fiscales a propietarios que tengan viviendas en las zonas con mayor tensión.