Sector inmobiliario, atractivo para la inversión, pero también foco de riesgo para el lavado de dinero

El sector inmobiliario continúa como una de las industrias de mayor exposición al lavado de dinero en el mundo y pese a los esfuerzos de reguladores para reforzar mecanismos que impidan a los delincuentes blanquear sus ganancias mediante operaciones inmobiliarias, todavía existen desafíos para poder tener más control sobre el dinero que circula en la comercialización de bienes inmuebles.

Recientemente, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, publicó la actualización de su guía para implementar un enfoque basado en riesgo para el sector inmobiliario.

En el documento, el organismo que marca el camino de las políticas antilavado a nivel global indicó que en los últimos años se han acentuado vulnerabilidades en el sector inmobiliario que son propensas al lavado de dinero tales como:

• Operaciones por parte de Personas Políticamente Expuestas (funcionarios o exfuncionarios públicos).
• Compra de bienes inmuebles de lujo.
• Uso de activos virtuales.
• Uso de empresas anónimas y servicios profesionales en operaciones inmobiliarias.

"El sector necesita tomar las medidas apropiadas para mitigar adecuadamente estos riesgos. Esto incluye medidas efectivas de debida diligencia del cliente, como el acceso a la información sobre los verdaderos beneficiarios reales de la transacción inmobiliaria", destacó el GAFI en su guía.

Para el GAFI, si bien los bienes raíces son una opción popular para la inversión, también son foco de atracción de los delincuentes para el lavado de dinero.

"Permite que las redes de delincuentes prosperen y crezcan utilizando las ganancias de sus actividades ilegales, lo que afecta a la sociedad y socava el estado de derecho", acotó el organismo.

De acuerdo con el GAFI, si bien cada país puede decidir la regulación que crea conveniente para reducir el riesgo de lavado dentro del sector inmobiliario, se ha identificado una comprensión deficiente a nivel general, lo cual hace que no se tengan mecanismos de supervisión y vigilancia acorde a los riesgos.

"En muchos países, los profesionales de bienes raíces no están obligados a presentar informes de transacciones sospechosas a pesar de recibir grandes cantidades de fondos, incluido el efectivo, de fuentes distintas que se originan en jurisdicciones de alto riesgo o relaciones comerciales. Los supervisores y otras autoridades competentes pueden no tener la capacidad de monitorear transacciones individuales o agregadas que involucren a los profesionales de bienes raíces", explicó el organismo.

La naturaleza de las operaciones

Las operaciones inmobiliarias tienen su propia naturaleza. Por lo regular, en la compra de un bien inmueble se permite el movimiento de grandes cantidades de dinero, por medio de una sola transacción, y los vendedores de bienes raíces no tienden a mantener una relación durante un periodo de tiempo extenso.

Esto para GAFI son señales de que el sector inmobiliario debe de tener una comprensión adecuada dada la naturaleza de sus operaciones, para aplicar mecanismos de mitigación de riesgos de lavado de dinero.

"Los países deben asegurarse de que todas las autoridades competentes y las actividades profesionales no financieras designadas (actividades vulnerables) involucradas en el sector inmobiliario sean conscientes de los riesgos... Dependiendo de la estructura de las autoridades competentes y del sector inmobiliario en general, los riesgos de cada país, junto con las evaluaciones de riesgos y las estrategias de mitigación, serán únicos", acotó GAFI.

Dentro de las 40 recomendaciones del GAFI para prevenir y luchar contra el lavado de dinero, cinco tienen que ver con la prevención del blanqueo en el sector inmobiliario, ya que, por ejemplo, sugiere que los profesionales inmobiliarios involucrados en la compraventa de bienes inmuebles tengan mecanismos de debida diligencia de su cliente y reporten transacciones sospechosas a la autoridad.

Asimismo, la recomendación 22 establece la debida diligencia que las actividades vulnerables, en el caso de México,  se debe de hacer sobre personas políticamente expuestas, nuevas tecnologías y relación con terceros.