Tres de cuatro municipios del país, sin planeación territorial que valide los permisos de construcción

Desde hace décadas, México tiene un rezago importante en materia de planeación territorial y urbana, lo que ha desembocado en el crecimiento desordenado, y sin un marco legal, de las urbes.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de los 2,500 municipios del país, 75% no cuenta con un instrumento de planeación actualizado que pueda sustentar los permisos de construcción y desarrollo inmobiliario. 

“Es un punto fundamental, ¿cómo es que el estado mexicano sigue otorgando permisos de desarrollo cuando los instrumentos técnicos de uso de suelo no son vigentes? ¿Por qué hay autorizaciones para que se edifique un desarrollo habitacional, una gasolinera, un Walmart o una maquila? Si no hay un programa que diga que se puede hacer”, declaró el titular de la Secretaría, Román Meyer. 

En representación del poder legislativo, la diputada Flor Morales, secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, indicó que la falta de planeación urbana no sólo genera desigualdad y marginación en la población, también restringe los derechos humanos básicos.

“En pocas palabras, significa altos costos para el estado y para quienes se instalan en zonas de alto riesgo. Se tiene que corregir ese desequilibrio de desordenamiento urbano”, comentó la funcionaria.

Van por 123 instrumentos de planeación

Con el objetivo de atender la problemática, representantes de los tres niveles de gobierno firmaron un convenio con la Sedatu para la elaboración y actualización de 123 instrumentos de planeación urbana dirigidas a 25 entidades federativas, como Baja California y Sinaloa.

“Se crearán 113 planes municipales de desarrollo urbano que tendrán impacto en 9.5 millones de habitantes; cinco programas de ordenamiento territorial estatales en beneficio de 17 millones de habitantes, así como cinco proyectos de zonas metropolitanas con efecto en 5 millones de personas”, informó Álvaro Lomelí, coordinador general de Desarrollo

Metropolitano y Movilidad.

De esta forma, la Sedatu se comprometió a otorgar el financiamiento para el desarrollo de los programas, y brindará asesoría técnica y acompañamiento a los municipios y entidades a partir de abril y hasta diciembre del 2023.

La meta de la Secretaría y los gobiernos involucrados es que los instrumentos se concluyan en cinco meses, se sometan a consulta ciudadana y, finalmente, se inscriban en el Registro Único de la Propiedad para dar fundamento en las compraventas inmobiliarias y al otorgamiento de los permisos de construcción.

Reformas a la ley

Desde el inicio de la actual administración federal, el poder legislativo ha realizado diversas reformas a la ley en materia de desarrollo urbano y territorial.

En el 2019, se otorgó a la Sedatu la facultad para conducir las políticas de vivienda y ejecutar obras de infraestructura urbana. Un año más tarde, se reconoció el derecho humano a la movilidad a nivel constitucional.

Para el 2021, se reformó la Ley de Asentamientos Humanos para fortalecer la autonomía de los institutos de planeación a nivel local.

“En cuatro años hemos creado las condiciones para que se potencien las acciones del ejecutivo, pero aún tenemos asignaturas pendientes”, indicó Morales.

Y es que, en el 2021, la Cámara de Diputados aprobó la ley general para armonizar y homologar los registros y catastros del país, sin embargo, ésta no ha sido aprobada por el Senado de la República.

“Próximamente, también haremos un llamado respetuoso a los Congresos locales a fin de que hagan una revisión integral de sus leyes y normas estatales, porque se necesita mayor flexibilidad en los procedimientos para publicar y registrar los instrumentos de planeación y urgen incentivos”, concluyó la diputada.