Alrededor de 6,500 funcionarios buscan ampararse contra PEF 2019

Alrededor de 6,500 funcionarios, provenientes de 297 entidades de la administración pública, buscan ampararse contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, de acuerdo con el despacho de abogados Trusan & Roma.

“Servidor público: puedes evitar, mediante el juicio de amparo, que a partir de la primera quincena de enero del 2019 te disminuyan tu salario y cancelen tu seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida y seguro de separación individualizada”, se lee en sus redes sociales y en los correos que el despacho de abogados ha mandado a funcionarios públicos.

En entrevista, Rodolfo Martínez, socio del despacho de abogados, indicó que se han acercado a ellos servidores públicos de diferentes dependencias como la PGR, SAT, Hacienda, Bansefi, Nacional Financiera, Bancomext, Secretaría de Salud y Banxico, entre otros, para asesorarse ante las medidas de austeridad del nuevo gobierno, en el cual se contemplan recortes salariales y eliminación de prestaciones, tales como seguros.

Explicó que tras la publicación, el pasado 5 de noviembre, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual establece que ningún funcionario podrá ganar más que el presidente de la República —108,000 pesos al mes, monto menor al que ganó el expresidente Enrique Peña Nieto—, varios servidores públicos están preocupados por lo que esto pueda significar para su salario.

Sin embargo, explicó que esta ley no causa perjuicio alguno en las remuneraciones o prestaciones de los servidores y estima que la ley sea derogada por la Ley de Austeridad Republicana.

“El amparo será contra el PEF 2019 porque es ahí donde se deben fijar los salarios de los servidores públicos y es cuando veremos, verdaderamente, de qué tamaño será la afectación a los burócratas. Al final, la ley de remuneraciones no especifica cuánto va a ganar cada funcionario”, refirió.

El amparo, explicó, se daría dentro de los 30 días siguientes a la publicación del PEF. Este año, ante la transición de gobierno, se tiene hasta el 31 de diciembre para aprobar el PEF del 2019.

Eventualmente, añadió, el amparo sería contra la Ley de Austeridad Republicana, en donde se plantea, entre otras cosas, reducir el gasto corriente respecto a los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos; incorporar a los burócratas a los sistemas públicos de seguridad social, así como prohibir el establecimiento de regímenes privilegiados de jubilación, pensión o de retiro, y contratar algún tipo de seguro.

Anteriormente, Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, indicó que preveían varios amparos por las modificaciones a los sueldos y prestaciones de los servidores públicos. “Podrían venirse una cantidad de amparos, y a lo mejor proceden”, declaró.

Quejas por salarios de noviembre

El despacho de abogados informó que varios servidores públicos registraron disminuciones de sus salarios reales en las quincenas de noviembre, lo cual los llevó a preocuparse por los recortes de austeridad. No obstante, Rodolfo Martínez explicó que esta disminución fue por la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente al Seguro de Separación Individualizada (SSI), y no tiene que ver con un recorte a su ingreso.

El SSI es una prestación en la cual el trabajador ahorra cierto porcentaje de su salario y el gobierno aporta la misma cantidad en su cuenta, con todo y el pago del ISR que se produce por dicho seguro. Sin embargo, con la ley de remuneraciones, la administración pública ya no debe pagar el ISR, por lo cual se le pasa esa obligación al trabajador.

“La gente siente que ya le están causando perjuicio. Se están sintiendo afectados porque les llegó el descuento del ISR, a algunos desde la primera quincena de noviembre, mientras que a otros la segunda e, incluso, les acumularon lo que no les habían descontado desde la primera quincena”, explicó.

Genera controversia

Las propuestas de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador generan controversia e incertidumbre para los servidores de gobierno, lo cual ha hecho que busquen amparos, refirieron analistas.

“El amparo aplica porque no se le puede bajar el sueldo, de manera unilateral, a un trabajador de acuerdo con lo establecido en la ley. Una rebaja en el salario debe ser consensuada, es decir, que tanto trabajador como patrón estén de acuerdo, debe ser de forma bilateral”, explicó Herbert Bettinger, abogado fiscalista y socio director de Bettinger Asesores.

En línea con lo anterior, Juan Manuel de la Cruz Higuera, socio director de JCH Abogados, refirió que un punto a resolver es si la ley federal de Remuneraciones aplica sólo a los nuevos trabajadores de gobierno o también a aquellos que están en funciones y cuyo contrato aún no acaba.

Añadió que la importancia de esto es que existen algunos servidores públicos que tienen contratos que duran más allá de un sexenio, como los magistrados. “Los contratos de éstos no pueden ser modificados por una ley posterior porque entonces aplicaría en perjuicio de los servidores públicos esa disposición”.

Refirió que si dicha ley es aplicada para viejos funcionarios se podría considerar una violación al Artículo 14 de la Constitución, el cual dicta que “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”, es decir, que una nueva ley no debe afectar los derechos que adquirió un trabajador previamente.

Si bien los expertos ven complicado que en la parte de salarios  se afecte a los trabajadores de gobierno que están en puestos bajos, dado que difícilmente ganan arriba de 108,000 pesos al mes, el impacto que éstos van a tener será por las eliminaciones de sus prestaciones como los seguros, los cuales difícilmente podrían pagar con su sueldo.