Argentina le da más poder a Kicillof en el control de empresas

El viceministro de Economía, Axel Kicillof, será el encargado de ejecutar las políticas y acciones que adoptará el gobierno de Argentina en las empresas en las que el Estado tenga participaciones societarias, entre ellas la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Es la segunda norma que dispone Argentina en menos de cinco días para brindarle más poder al funcionario de 40 años muy allegado a la mandataria Cristina Fernández.

Mediante el decreto 1,278 publicado en el Boletín Oficial, la presidenta fijó las nuevas competencias de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo que conduce Kicillof.

Allí se indica que la dependencia tendrá a su cargo entender en la ejecución de las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital de empresas donde el Estado sea socio minoritario y también deberá ejercer los derechos políticos inherentes a las acciones que integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto .

LONS NUEVOS DECRETOS

Los dos decretos recientes del gobierno argentino han dado más poder a Kicillof, un economista de izquierda y asesor cercano de la presidenta Fernández, en una jugada interpretada como un intento por tomar un mayor control de operaciones del sector privado en sectores clave, bajo la supervisión del viceministro.

El primer decreto del pasado 29 de julio crea el Comité de Planificación y Coordinación Estratégica, dirigido por Kicillof, que supervisará un plan de inversión nacional para el sector energético.

El segundo hace que Kicillof sea formalmente responsable de la participación estatal en directorios de empresas donde el Estado mantiene una participación minoritaria a través de la agencia de seguridad nacional.

Estos decretos envían una fuerte señal de que el gobierno pretende intervenir en las operaciones de empresas privadas en el sector energético y en otros sectores, cuando lo considere necesario. Las nuevas regulaciones del sector energético permiten que Kicillof, quien encabezó la reciente nacionalización de la petrolera YPF, determine los precios de referencia para la venta de productos energéticos.

También obligaron a empresas energéticas operando en Argentina como la brasileña Petrobras y la estadounidense ExxonMobil a que presenten planes de inversión anuales al comité de Kicillof.

Además dieron al funcionario poder para corregir los planes de las compañías para colocarlos en línea con las metas nacionales, auditar la implementación de planes de inversión e imponer sanciones, incluyendo multas y el retiro de concesiones por fracaso en cumplir las metas.

Bajo la guía de Kicillof, el gobierno parece determinado a usar su presencia en los directorios de empresas privadas (en su mayoría un legado de la privatización de los fondos de pensiones de Argentina en el 2008) para influenciar las decisiones de inversiones en el sector privado. El gobierno primero levantó una restricción de 5% a los derechos de voto de los representantes del gobierno en empresas donde la Anses tiene participaciones a principios de 2011.

MAYOR PRESIÓN

Ahora ha transferido formalmente la responsabilidad de coordinar y dirigir a los representantes estatales a Kicillof. Tal como ocurrió con YPF antes de su nacionalización a principios de este año, parece probable que representantes estatales presionen aún más a las empresas para enfocarse en reinversiones y limitar la distribución de dividendos.

El Estado tiene presencia en el directorio de 42 empresas privadas en el país. Esto incluye varias compañías energéticas, los grandes bancos locales Banco Macro y Banco Patagonia, además de la acerera Siderar y la firma de telecomunicaciones Telecom (en parte propiedad de Telecom Italia).

Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica