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Chile promulga nueva ley que endurece penas por delitos económicos
Se contemplan cuatro categorías: contra el mercado de valores y bancarios; delitos tributarios y contra el medio ambiente; malversación de caudales públicos y cohecho; lavado de activos y receptación.
Chile tiene nueva ley para sancionar delitos económicos y ambientales que tanto daño han causado al país y contribuirá a recuperar las confianzas que se han dañado en los últimos años”.
Gabriel Boric, presidente de Chile
El presidente de Chile Gabriel Boric promulgó este lunes la ley que eleva las sanciones por delitos económicos y contra el medioambiente, oportunidad en que señaló que “se acabaron los tratos especiales” y planteó que “es cierto que haber recurrido al Tribunal Constitucional por gremios termina con fortalecer la legislación” promulgada.
Lo anterior, en alusión al “téngase presente” que hizo la Confederación de la Producción y Comercio ante el Tribunal Constitucional cuestionando algunas de las normas que incluye la nueva normativa y que finalmente el organismo de control de constitucionalidad desestimó.
La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, señaló que la norma debe ser vista como una “contribución a la legitimación de la actividad empresarial”, pero advirtió que “como todo nuevo estatuto este ha sido objeto de análisis y críticas que ha levantado alertas junto al legítimo ejercicio de presentación de recursos que enriquecen el examen técnico de los efectos en su implementación en armonía con ordenamiento jurídico”.
Reconoció que hay inquietudes con tratamiento más severo a causas económicas en personas naturales y jurídicas y llamó a que “esperamos que se mejoren con futuras modificaciones legales si es necesario” y consideró deseable que complementando esta norma se sancionen a denunciantes que busquen causar daño a los privados.
El mandatario Boric destacó que “Chile tiene nueva ley para sancionar delitos económicos y ambientales que tanto daño han causado al país” y que “esta nueva ley contribuirá a recuperar las confianzas que se han dañado en los últimos años”.
Precisó que también es partidario de que “no se juzgue a justos por pecadores. Que los que hacen bien la pega no vean enlodado su nombre” y compartió el llamado a una “aplicación ponderada de la legislación evitando las denuncias temerarias que puedan terminar perturbando y cambiando el objetivo de la ley”.
Sostuvo que “por muchos años hemos visto con impotencia que este tipo de delitos eran sancionados de manera vergonzosa con clases de ética y la señal en la opinión pública era que recibían un trato distinto” este tipo de delitos. Planteó que “para mi es prioritario la recuperación de la confianza de los ciudadanos con sus instituciones” y que “lamento que a la hora de avanzar en esto no nos unamos todos”.
La normativa establece categorías de delitos, para calificarlos como “delitos económicos” y hacer aplicable el estatuto diferenciado de penas y otros efectos. La ley crea cuatro categorías de delitos para determinar si estos deben o no ser considerados económicos, y, por tanto, si se debe o no hacer aplicable el sistema de penas que propone.