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Combate a corrupción, prioridad regional: FMI
La lucha contra la corrupción en América Latina está convirtiéndose en una prioridad, pero es necesario promover que pase del papel, a los hechos, según el Fondo Monetario Internacional.
La lucha contra la corrupción en América Latina está convirtiéndose en una prioridad, pero es necesario promover que pase del papel, a los hechos, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Destacan el caso de México junto con los de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú, como los que han actualizado o están actualizando sus marcos jurídicos y judiciales.
Sin embargo, soslayan que resta por ver cómo estos cambios inciden en la ejecución y cumplimiento real de los marcos jurídicos.
En un blog escrito por David Lipton, primer subdirector Gerente del FMI, y el Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Alejandro Werner, destacan que “las investigaciones en curso en materia de corrupción en la región ponen de manifiesto los vacíos legales en la contratación pública, las empresas del estado y las alianzas entre los sectores público y privado”.
Enfatizan también que “el avance en papel (a través de un marco jurídico mejorado) es necesario”.
Pero no se traduce en resultados “en el terreno” si no están acompañados de un cumplimiento más estricto.
Consignan que “la ofensiva reciente de Brasil, operación Lava Jato, que fue pionera en la región, refleja un poder judicial más eficiente, fiscales independientes debidamente equipados con los recursos y el apoyo decidido de los medios de comunicación y sociedad”.
Según el análisis de los directivos del Fondo, la lucha contra la corrupción arraigada exige desbaratar una trampa en la que la estructura actual de incentivos se autoperpetua”.
Consideran que para romper este equilibrio ineficiente es necesario solucionar un problema de acción colectiva, esto es, luchar contra los intereses creados y superar obstáculos en materia de economía política.
A la vanguardia en papel
Los expertos del Fondo dicen que la experiencia internacional indica que la efectividad de una estrategia anticorrupción requiere de marcos jurídicos sólidos, intensidad en las tareas de cumplimiento, depuración y perseverancia.
“Un firme compromiso a nivel nacional y un liderazgo fuerte son fundamentales también para garantizar que el respaldo público de amplios segmentos de la sociedad no se disipe durante esta lucha, la cual será larga”.
Destacan que un obstáculo para todo gobierno en la lucha contra la corrupción es la oposición de intereses creados que están sólidamente organizados.
“La complicidad entre los funcionarios públicos y los partidos políticos puede generar la necesidad de establecer una comisión anticorrupción especializada e independiente (Guatemala y más recientemente, Ecuador), como parte de las iniciativas para frenar la corrupción”.
Transparencia y rendición de cuentas
La mayor transparencia es fundamental para frenar la corrupción, enfatizan, pues aumenta las posibilidades de detección a un determinado nivel de aplicación de la ley.
Las medidas tradicionales para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas comprenden entre otras, la libertad de información, declaraciones de ingresos y bienes, auditorías aleatorias, fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública y el ámbito fiscal, en especial en países exportadores de recursos naturales y la mejora de la gestión de gobierno en empresas del Estado.
La región ha estado a la vanguardia internacional con la adopción de una convención contra la corrupción, a cargo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que ha servido de modelo para otras naciones, dicen.
Pero “aún hay un largo trecho por recorrer”.
Según el análisis, los gobiernos federales pueden ayudar a suministrar incentivos para que las unidades subnacionales apliquen prácticas óptimas de transparencia.
Sugieren solucionar los conflictos de intereses con la suspensión de las actividades comerciales de los funcionarios electos, en los casos en los que aún no se exija.
