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Cuestionan legalidad de apoyo a banca española
Los créditos fiscales tienen el derecho a pagar menos impuestos sobre las ganancias futuras generadas por las entidades por pérdidas pasadas o provisiones especiales, como las que se hacen para cubrir el deterioro de los inmuebles, que no pueden deducirse hasta su desembolso.
El último gran plan de apoyo del Estado español a la banca está en entredicho. La Comisión Europea investiga concretamente si el aval con deuda pública de los créditos fiscales del sector es una ayuda ilegal.
Un portavoz de Bruselas aclaró que las pesquisas afectan las soluciones similares ofrecidas por los gobiernos de Italia, Portugal y Grecia.
La entrada en vigor de la normativa financiera Basilea III, en enero del año pasado, suponía que los créditos fiscales dejaban de computar como capital en los balances del sector, lo que tuvo un impacto en la solvencia de las entidades meses antes de una nueva ronda del test de estrés destinada a despejar las dudas del mercado.
El gobierno español, como el de otros países, logró solventar este nuevo peligro para la estabilidad de su sistema financiero ofreciendo un aval público sobre dichos créditos fiscales, lo que supuso mantener activos 40,000 millones de euros en el capital de la banca española.
La decisión, adoptada en el Consejo de Ministros a finales del 2013, queda ahora en entredicho ante la percepción de las autoridades europeas de que este tipo de apoyo supone una ventaja competitiva frente a la situación del sector en otros países comunitarios.
Los créditos fiscales tienen el derecho a pagar menos impuestos sobre las ganancias futuras generadas por las entidades por pérdidas pasadas o provisiones especiales, como las que se hacen para cubrir el deterioro de los inmuebles, que no pueden deducirse hasta su desembolso.
Como sólo pueden aprovecharlos aquellas entidades que en los años siguientes a haberlos generado logren ganancias suficientes como para reducirlos del pago de los impuestos consecuentes, la nueva normativa financiera Basilea III dejaba estos derechos fuera del cómputo de capital.
Las entidades tienen en concreto 18 años para aprovechar estas ventajas fiscales que desaparecerían una vez vencido este plazo. La solución aportada por el gobierno español fue avalar con deuda pública estos créditos fiscales para que sean monetarizados bajo ese mismo concepto si la banca no consigue aprovecharlos antes del plazo.
La medida benefició al grupo BFA-Bankia, que conservó unos 7,000 millones de euros (unos 5,200 de Bankia); Santander, con 5,400 millones; CaixaBank, con 5,000 millones; Sabadell, con 4,800 millones; BBVA, con 4,400 millones, entre otros.
