Del corralito al corralón

Grecia lleva una semana con control de capitales. En Argentina, un par de semanas después de implementarse el corralito por el gobierno de De la Rúa a finales del 2001, el gobierno interino de Eduardo Duhalde anunció la suspensión del pago de la deuda: el default estaba declarado.

Con el fin de tranquilizar a la población, Argentina devaluó la moneda y puso fin a la Ley de Convertibilidad; es decir, convirtió los depósitos en dólares en pesos argentinos. Estaba el corralón.

El 6 de enero del 2002, el gobierno promulgó la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario 12 que deroga la convertibilidad y pesifica los créditos otorgados. Tres días después publicó el Decreto que estableció el nuevo tipo de cambio oficial en 1.40 pesos por dólar.

Los dólares ya no existían y los bancos no podían hacer frente a sus obligaciones; habían quebrado, generando una espiral inflacionaria y cambiaria.

La devaluación propició una transferencia patrimonial a favor de los que tenían deuda en dólares en detrimento de los que tenían ahorros en esa moneda; las deudas con el sistema financiero fueron pesificadas a razón de 1 peso por dólar, pero los depósitos en moneda extranjera fueron reconocidos a razón de 1.40 pesos por dólar.

La diferencia fue reconocida por el gobierno con un bono que se le entregó a los bancos para compensar dicha asimetría.

La pesificación produjo un fuerte cambio de precios relativos licuando, vía inflación, los salarios reales y las jubilaciones.

Con estos movimientos logró bajar el gasto público en términos reales, lo cual no implicó hacerlo más eficiente, para esto era necesaria una reforma estructural.

El corralito terminó un año más tarde, después de que el gobierno argentino fue capaz de pagar la deuda de 11,073 millones de dólares.