El viacrucis de ser mujer y estar en prisión: violencia, suicidios, tampones inasequibles y embarazos no vigilados

Los centros penitenciarios en México esconden problemáticas importantes en materia de derechos humanos; desde que inició la pandemia las organizaciones civiles nacionales e internacionales alertaron sobre el hacinamiento, la falta de recursos básicos para la sanitización y el difícil acceso a medicamentos dentro de las cárceles. Pero la cosa es más complicada para las mujeres.

En México las mujeres representan el 5.7% del total de la población privada de la libertad, según datos de la ENPOL (Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad) 2021 del Inegi. Esto produce una importante invisibilización y omisión de sus necesidades y por ende, violencias y desigualdades en todas las etapas de su proceso penal y por supuesto en su vida dentro de la cárcel.

Menstruar, prevenir embarazos no deseados, detectar a tiempo un cáncer de mama o cervicouterino, tener un embarazo deseado en dignidad y pensar en la reinserción es un viacrucis para la mayoría de las mujeres en la cárcel.

Detenciones más violentas

Los resultados de la encuesta mostraron que las mujeres enfrentan detenciones violentas: 8 de cada 10 mujeres que fueron arrestadas enfrentaron algún tipo de violencia psicológica y 6 de cada 10 sufrieron agresiones durante sus arrestos.

A diferencia de la población masculina, que mayoritariamente declaró haber cometido un delito, el 68.7% de las mujeres en prisión manifiestan que están ahí porque la implicaron en un delito o porque no han podido comprobar su inocencia.

En comparación con el proceso de detención que enfrentan los hombres, las mujeres tienen mayor posibilidad de enfrentar irregularidades o violencias en el debido proceso. Mientras al 19.2% de los hombres se les detuvo con una orden de aprehensión sólo al 16.8% de las mujeres. Por su parte a 26 de cada 100 mujeres se les detuvo sacándolas del lugar donde estaban mientras que sólo a 19 de cada 100 hombres.

Adicionalmente: el 15% de las mujeres privadas de la libertad dijeron que las autoridades que le detuvieron las desvistieron durante “la inspección”.

Las cifras reflejaron también que 12 de cada 100 mujeres fueron lesionadas o agredidas con alguna fractura, golpe o cortadura y 6 de cada 100 recibieron alguna lesión que efectivamente pudo haber puesto en riesgo su vida o el funcionamiento de un órgano vital.

Las violaciones a los derechos humanos cuando se enfrenta un proceso penal son generales, pero ser mujer implica multiplicarlas.

Adentro la cosa se pone peor

Las desigualdades no se terminan con el proceso de detención; las mujeres también enfrentan mayores retos al interior de los centros penitenciarios federales y estatales. Las políticas relacionadas con la salud sexual y reproductiva deberían ser prioridad en las cárceles femeniles, pero no lo son.

La encuesta mostró carencias importantes en la disponibilidad y acceso a monitoreos básicos de prevención y protección para mujeres.

Sólo el 40% de las mujeres privadas de la libertad en México se practicaron un papanicolaou en el último año; un procedimiento preventivo contra el cáncer que está recomendado cada seis meses para las mujeres que son sexualmente activas y del que el 60% de las mujeres presas quedaron fuera.

Las mujeres menstrúan, pero el presupuesto de los centros penitenciarios no se ha enterado; cerca del 65% de las mujeres privadas de la libertad manifiesta tener que solicitar a sus familiares productos de higiene femenina —desde el shampoo hasta los tampones—. Lo que nos deja pensando qué pudo suceder durante todo el tiempo en que las cárceles prohibieron las visitas por pandemia.

No sólo menstruar resulta un calvario, la vida sexual también lo es: sólo 38% de las mujeres presas recibió anticonceptivos gratuitos cuando los solicitó en el centro penitenciario.

En las cárceles mexicanas de mujeres hay 1,113 mujeres que están o estuvieron embarazadas durante su estancia y de ellas cerca del 20% dijo que no recibe o recibió en su momento atención oportuna para monitorear el embarazo.

Dos de cada 10 mujeres dentro de los centros penitenciarios se han practicado abortos, las condiciones nadie las conoce.

Adicionalmente, más mujeres respecto de la población masculina en prisión no recibe medicamentos para tratar enfermedades. El dato más alarmante: 17% de las mujeres que viven con VIH en las cárceles de México no toma medicamentos para tratarse.

El hacinamiento y la escasez de recursos básicos para mantener las reglas de sanidad ante la Covid-19 sólo aparecen como un reto más. Un acceso a la salud básica es todavía un ideal para las mujeres en prisión.

La salud mental tampoco reina en la prisión

Aunque en los centros penitenciarios prevalecen algunas actividades pensadas para la recreación, educación y el esparcimiento, que por cierto, son derechos humanos básicos, esto no ayuda a erradicar los problemas de salud mental de las personas privadas de la libertad.

Las mujeres, en comparación con los hombres, mostraron mayor incidencia de pensamientos suicidas y de bajas expectativas respecto de su salida y reinserción social.

18 de cada 100 mujeres declaró haber pensado en quitarse la vida al menos una vez durante su estancia en la cárcel. Y mientras el 53% de los hombres creen que estar en prisión les complicará el encontrar trabajo cuando salgan, el 61% de las mujeres tiene esta preocupación.

Las mujeres también piensan que la reintegración en su círculo de amigos será más compleja en relación con los hombres: 31 de cada 100 mujeres piensan que será difícil esta integración; para los hombres la cifra es de 28 de cada 100.

La perspectiva de género es fundamental para la elaboración de políticas públicas en materia de justicia y seguridad. Destinar recursos para garantizar los derechos básicos de la población privada de la libertad es una tarea urgente. Y poner la reinserción como eje transversal en el sistema penal es la tarea pendiente.

ana.garcia@eleconomista.mx