Estados y municipios cambiarán la forma de registrar el gasto

A más tardar el 31 de diciembre, los estados, los municipios y la Federación deberán adoptar e implementar las nuevas reglas para clasificar el gasto público con base en criterios internacionales y contables que reflejarán de manera clara, precisa, integral y útil el registro del gasto corriente, de capital y de deuda, entre otros rubros.

Las nuevas reglas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable deberán ser parte de los presupuestos que se aprueben para el 2011 y sólo los que se encuentren al corriente podrán inscribirse en el Registro de Obligaciones y Empréstitos.

El Consejo de Armonización Contable, que preside Moisés Alcalde Virgen, titular de la Unidad de Contabilidad e Informes sobre la Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda, aprobó los nuevos clasificadores presupuestarios para la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Dicho ordenamiento, que tiene como fin homologar la contabilidad de los tres órdenes de gobierno, también será obligatorio para el Distrito Federal.

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Sin embargo, especialistas advierten que no todos los funcionarios están preparados para cumplir con lo establecido.

Deloitte aplicó una encuesta a cerca de 400 funcionarios públicos de los tres niveles gobierno, en la cual se descubrió que 34% todavía no está preparado para afrontar los retos que demanda la nueva norma.

Mientras que 63% manifestó haber iniciado con las primeras actividades para la adopción de dicha ley, que en opinión de Deloitte es uno de los retos más representativos de toda la administración pública, hacia un gobierno enfocado en la rendición de cuentas y en la transparencia.

El socio líder de Servicios al Sector Público de la firma, Enrique Clemente, advirtió que los funcionarios públicos requieren dejar de ver este reto como una tarea lejana, porque el plazo para hacerlo se acorta .

Afirmó que los avances que den serán un factor de decisión para el voto de los ciudadanos, porque cada vez están más informados y demandan mayor apertura, transparencia y rendición de cuentas.

lflores@eleconomista.com.mx